El agente judicial de la Guardia Civil que investigó el incendio de Brenntag, ocurrido hace cinco años y medio y que provocó un vertido contaminante que arrasó la fauna en un tramo del río Umia de siete kilómetros, sostuvo que, tal y como recogió en su día en un informe, el origen del fuego de la planta química ubicada en Caldas de Reis (Pontevedra), fue 'fortuito'.
Ayer se retomó el juicio por el desastre medioambiental provocado por el vertido contaminante al río Umia, tras el parón sufrido durante el martes. Declararon ante el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra directivos de la empresa química Brenntag, así como peritos y agentes de la Guardia Civil y Policía Local de Caldas de Reis.
A través de videoconferencia compareció el agente judicial del instituto armado que investigó el incendio, quien indicó que había hasta tres posibles causas del fuego. Entre ellas se refirió a una posible chispa provocada por la electricidad electrostática, que incendiase el tolueno que se estaba descargando del camión a una cisterna.
En este sentido, el fiscal y el abogado que defiende los intereses de la Xunta se preocuparon por saber si los operarios de la empresa habían tomado las precauciones oportunas conectando las tomas de tierra, a lo que el guardia civil respondió que en la zona de origen del fuego, un área de 40 metros cuadrados que se inspeccionó de manera exhaustiva, 'no se encontraron las pinzas. 'Bajo ningún punto de vista, no estaban allí', afirmó.
TOMAS DE TIERRA
'¿De haber estado conectadas a la toma de tierra habrían aparecido?', preguntó el fiscal. 'Sí, porque unas pinzas similares a éstas sí se encontraron en una zona muy próxima', respondió este experto, y explicó que estaban muy deterioradas por causa del fuego, 'aunque no se podían volatilizar por muy alta que fuese la temperatura que allí se alcanzó'.
Los abogados que asumen la defensa recordaron que durante el devastador incendio que arrasó esta empresa química en aquel 1 de septiembre de 2006 hubo numerosas explosiones, recogidas en todos los informes sobre el siniestro, así como por los testigos de aquel suceso, unas explosiones de tanques y bidones 'con proyección de objetos'. Los letrados subrayaron que el informe realizado por la Guardia Civil recoge que algunos elementos anclados a las paredes del recinto de la empresa pontevedresa desaparecieron de su emplazamiento como consecuencia de estas explosiones.
Por su parte el jefe de planta de Brenntag, 'a nivel logístico y productivo', José Luis Camiña López, insistió en que 'desde el punto de vista normativo no es necesario poner la pinza de la toma de tierra', de forma que este procedimiento 'se trata sólo de una norma de Brenntag'. Además indicó que 'nadie está obligado a comprobar una descarga'. 'No había nadie para supervisar eso. Es una recomendación', apostilló.
Asimismo, el jefe de planta destacó su declaración en los juzados de Pontevedra que Eulogio Estévez, el operario encargado de descargar el tolueno, 'es un hombre con 24 años de experiencia en inflamables'.
LA XUNTA COBRARÁ 5,5 MILLONES DE EUROS POR EL VERTIDO AL UMIA
La Xunta llegó a un acuerdo extrajudicial la semana pasada para cobrar 5,5 millones de euros de los 9,6 que reclamaba inicialmente como indemnización por costes de actuación tras el vertido al río Umia de material contaminante procedente de la industria química Brenntag en septiembre de 2006. Fuentes judiciales informaron de que la Xunta y la aseguradora de la multinacional alemana, Chartis, alcanzaron dicho acuerdo económico en la parte indemnizatoria, por lo que en la vista oral que se desarrolla desde el lunes en el Juzgado de lo Penal de Pontevedra solo mantiene su petición de responsabilidades penales en el caso.
Fuentes de la Xunta consultadas precisaron, por su parte, que el acuerdo, mantenido hasta la fecha en el ámbito confidencial para no interferir en el proceso judicial abierto, responde a un 'ejercicio de responsabilidad' al asegurar el cobro inmediato de la indemnización ante el 'resultado incierto' del juicio. La Administración autonómica también ha tenido en cuenta la posibilidad de verse abocada a un proceso de recursos que, en todo caso, retrasaría durante años la posibilidad de cobrar, según las fuentes consultadas.
En un principio, la Xunta reclamaba 9,6 millones de euros por costes de actuación para apagar el incendio y contener el vertido tóxico; por daños ecológicos y por las obras de emergencia que acometió para garantizar el abastecimiento de agua a la comarca del Salnés. El accidente ambiental ocurrió en septiembre de 2006, cuando se produjo un incendio en la planta.
A través de videoconferencia compareció el agente judicial del instituto armado que investigó el incendio, quien indicó que había hasta tres posibles causas del fuego. Entre ellas se refirió a una posible chispa provocada por la electricidad electrostática, que incendiase el tolueno que se estaba descargando del camión a una cisterna.
En este sentido, el fiscal y el abogado que defiende los intereses de la Xunta se preocuparon por saber si los operarios de la empresa habían tomado las precauciones oportunas conectando las tomas de tierra, a lo que el guardia civil respondió que en la zona de origen del fuego, un área de 40 metros cuadrados que se inspeccionó de manera exhaustiva, 'no se encontraron las pinzas. 'Bajo ningún punto de vista, no estaban allí', afirmó.
TOMAS DE TIERRA
'¿De haber estado conectadas a la toma de tierra habrían aparecido?', preguntó el fiscal. 'Sí, porque unas pinzas similares a éstas sí se encontraron en una zona muy próxima', respondió este experto, y explicó que estaban muy deterioradas por causa del fuego, 'aunque no se podían volatilizar por muy alta que fuese la temperatura que allí se alcanzó'.
Los abogados que asumen la defensa recordaron que durante el devastador incendio que arrasó esta empresa química en aquel 1 de septiembre de 2006 hubo numerosas explosiones, recogidas en todos los informes sobre el siniestro, así como por los testigos de aquel suceso, unas explosiones de tanques y bidones 'con proyección de objetos'. Los letrados subrayaron que el informe realizado por la Guardia Civil recoge que algunos elementos anclados a las paredes del recinto de la empresa pontevedresa desaparecieron de su emplazamiento como consecuencia de estas explosiones.
Por su parte el jefe de planta de Brenntag, 'a nivel logístico y productivo', José Luis Camiña López, insistió en que 'desde el punto de vista normativo no es necesario poner la pinza de la toma de tierra', de forma que este procedimiento 'se trata sólo de una norma de Brenntag'. Además indicó que 'nadie está obligado a comprobar una descarga'. 'No había nadie para supervisar eso. Es una recomendación', apostilló.
Asimismo, el jefe de planta destacó su declaración en los juzados de Pontevedra que Eulogio Estévez, el operario encargado de descargar el tolueno, 'es un hombre con 24 años de experiencia en inflamables'.
LA XUNTA COBRARÁ 5,5 MILLONES DE EUROS POR EL VERTIDO AL UMIA
La Xunta llegó a un acuerdo extrajudicial la semana pasada para cobrar 5,5 millones de euros de los 9,6 que reclamaba inicialmente como indemnización por costes de actuación tras el vertido al río Umia de material contaminante procedente de la industria química Brenntag en septiembre de 2006. Fuentes judiciales informaron de que la Xunta y la aseguradora de la multinacional alemana, Chartis, alcanzaron dicho acuerdo económico en la parte indemnizatoria, por lo que en la vista oral que se desarrolla desde el lunes en el Juzgado de lo Penal de Pontevedra solo mantiene su petición de responsabilidades penales en el caso.
Fuentes de la Xunta consultadas precisaron, por su parte, que el acuerdo, mantenido hasta la fecha en el ámbito confidencial para no interferir en el proceso judicial abierto, responde a un 'ejercicio de responsabilidad' al asegurar el cobro inmediato de la indemnización ante el 'resultado incierto' del juicio. La Administración autonómica también ha tenido en cuenta la posibilidad de verse abocada a un proceso de recursos que, en todo caso, retrasaría durante años la posibilidad de cobrar, según las fuentes consultadas.
En un principio, la Xunta reclamaba 9,6 millones de euros por costes de actuación para apagar el incendio y contener el vertido tóxico; por daños ecológicos y por las obras de emergencia que acometió para garantizar el abastecimiento de agua a la comarca del Salnés. El accidente ambiental ocurrió en septiembre de 2006, cuando se produjo un incendio en la planta.
