El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, denunció hoy que mientras la Xunta invierte 370 millones euros al año para aplicar la Ley de Dependencia, sólo recibe 150 del Estado para este fin, por lo que cifró la deuda de éste con Galicia en 220 millones y advirtió de que no parará hasta que cumpla su compromiso de aportar el 50 por ciento para su financiación.
Así se pronunció en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que compareció acompañado de la responsable de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, junto a la que presentó el decreto de dependencia aprobado hoy mismo por el Gobierno gallego, que reduce de 18 a seis meses su tramitación y regula procedimientos de emergencia.
Galicia cumple, pero el Estado no, lamentó el presidente, quien resaltó que la Xunta cerró el ejercicio de 2009 inyectando 100 millones de euros más a la dependencia, alcanzando los 370 millones de euros y subrayó que si la comunidad recibiese otros 370 --en vez de 150-del Gobierno central, en Galicia cobrarían todos los dependientes.
Con todo, el mandatario autonómico garantizó que la Xunta mantendrá su compromiso de poner el cien por cien de lo que le corresponda a la hora de financiar la aplicación de la norma, al tiempo que solicitará al Estado que cumpla con su parte. Y no pararemos hasta que lo consigamos, advirtió para enfatizar los logros de su Gobierno en su inequívoca apuesta por la dependencia.
Así, explicó que el aumento del presupuesto dedicado a este fin permitió que, a día de hoy, haya más de 24.000 gallegos que perciben las ayudas que otorga la Ley de Dependencia, lo que supone un 70 por ciento más que en abril de 2009. En relación con los grandes dependientes, el presidente señaló que hay 19.600 que perciben estas ayudas, superando en un 20 por ciento el compromiso electoral de cerrar 2009 con 16.500 grandes dependientes atendidos.
Agilización de trámites
En cuanto al decreto de dependencia aprobado hoy, Alberto Núñez Feijóo destacó que permitirá reducir los plazos globales de tramitación de 18 a seis meses, evitando la excesiva burocratización, y que priorizará la atención a los solicitantes con mayor grado de dependencia.
Para alcanzar este objetivo, se habilitará el uso de una única aplicación informática y se otorgará un papel fundamental a los ayuntamientos, en su condición de Administración más próxima al ciudadano, de donde partirán preferentemente las distintas solicitudes de valoración.
Así, en el momento de inicio del procedimiento, se pedirá toda la documentación necesaria, en la línea de facilitar su resolución con la mayor agilidad posible, sin tener que reclamar la intervención del interesado más que en los puntos que sean estrictamente necesarios.
La norma aprobada hoy introduce otro elemento que, según Feijóo, ha sido muy demandado por las asociaciones sociales: la regulación de un procedimiento de casos de emergencia, por el que se establece el procedimiento a seguir en situaciones de desamparo, malos tratos o deterioro físico o psíquico importante, permitiendo atender de forma casi inmediata los supuestos de extrema gravedad.
Norma pionera
Por otra parte, Beatriz Mato subrayó que el decreto aprobado hoy está llamado a marcar un antes y un después en la aplicación de la Ley de Dependencia en Galicia, por la reducción de los plazos y, con especial atención, al reconocimiento del derecho a los dependientes fallecidos durante el proceso.
En lo que respecta a la regulación de este derecho, Mato señaló que, gracias a esta norma, Galicia se convertirá en pionera dentro del Estado y que va por delante de la propia Ley de Dependencia en la materia. Los dos requisitos para que se reconozca el derecho tras la muerte será que existan pruebas documentales del gasto efectuado, así como probar el nivel de dependencia del fallecido.
Plexus
Por otra parte, Beatriz Mato atribuyó las críticas de la CIG --que ayer denunció la cesión ilegal de 60 trabajadores de una empresa vinculada al PP (Plexus S.L.) a la Xunta para tramitar datos de dependencia-a su malestar por el éxito clamoroso de la respuesta que el Gobierno autonómico en la atención a dependientes.
Así, negó que exista cesión ilegal alguna y apuntó que lo que hizo la Xunta fue contratar vía asistencia técnica a 60 trabajadores para agilizar la tramitación de la ley, de forma perfectamente legal y por el plazo de un mes.
La empresa ya estaba dentro del sistema, incidió la conselleira de Traballo e Benestar, en relación a la gestión de la anterior Vicepresidencia, con el nacionalista Anxo Quintana al frente, y recomendó a la CIG que hable con el partido al que es afín.
Por último, sostuvo que estos empleados sólo realizan gestiones informáticas que no tienen nada que ver ni con el tratamiento de los expedientes ni con el proceso de valoración o resolución, por lo que su acceso a los datos es limitados. Y aunque los manejasen, también están sometidos a la Ley de Protección de Datos, concluyó.
133 millones de euros del programa FEDER
Además, Feijóo, informó de que Galicia recibirá de la UE 133 millones de euros, tras desbloquear la interrupción de pagos del programa Feder 200-2005.
La Comisión Europea, informó el presidente, levantó la suspensión del pago que recaía sobre la CCAA gracias al trabajo de la Xunta para regularizar la situación.
De esta manera, la Comunidad percibirá 166 millones de fondos Feder en concepto de pagos correspondientes a gastos pendientes de reembolsar, de los que 133, hasta ahora bloqueados, se transferirán en un plazo breve de tiempo.
La Xunta informa en una nota de que la titular de Hacienda, Marta Fernández Currás, presentó hoy al Consello las comunicaciones de la Comisión Europea que informan de que este organismo levantó la suspensión de pagos que afectaban al Feder y deciden no llevar a cabo el procedimiento de suspender los pagos del Fondo Social Europeo.
Refuerzo de la presencia policial en los caminos de Santiago
En otro orden de cosas, el Consello de la Xunta ha aprobado un plan de actuación para que la Policía Autonómica refuerce su presencia en los caminos de Santiago y lograr las más altas cotas de seguridad en el Año Santo.
El plan, según informó el Gobierno gallego, se estructura en tres tres fases, con especial incidencia en los meses de julio, agosto, septiembre y diciembre, y sus principales competencias serán la de proteger el desplazamiento de los peregrinos, los actos institucionales y culturales, las visitas de autoridades, y garantizar una respuesta adecuada ante cualquier emergencia.
La actuación de la Policía Autonómica prestará especial atención a los caminos Francés y Portugués, así como en los albergues de acogida para los peregrinos, especialmente el de Monte do Gozo, en Compostela, con capacidad para casi tres mil caminantes.
El cuerpo policial autonómico actuará en coordinación con la Policía Nacional y Local y la Guardia Civil, con las que se conformarán órganos conjuntos de coordinación de los cuatro cuerpos de Seguridad del Estado.
Por otra parte, el Consello aprobó un convenio con el Consorcio de Compostela, por valor de 370.000 euros, para la realización de actividades culturales en el Xacobeo 2010.
De esta forma, el Xacobeo apoyará, entre otros actos, el Festival de Músicas Contemplativas, el Compostela Organum Festival o el espectáculo pirotécnico del 24 de julio.
El Gobierno gallego colaborará, también, en la restauración de la carraca de la catedral compostelana, que comenzará en la primavera de 2010.
Decreto del gallego
Por último, Núñez Feijóo, aseguró que su Gobierno no tiene miedo a opiniones críticas con las bases del decreto del plurilingüismo en la enseñanza y avanzó que estudiará todas las propuestas, aunque no incorporará al texto definitivo aquellas que defiendan la inmersión lingüística o sean contrarias al equilibrio.
Preguntado por el rechazo del Consello da Cultura Galega (CCG) a las bases del nuevo decreto, al término del Consello de la Xunta, Feijóo insistió en que todas las opiniones serán estudiadas antes de articular el texto definitivo, al que se sumarán las que adecúen al principio de equilibrio lingüístico por el que hoy ratificó su apuesta.
Buscaremos el modelo de la mayoría que es el del equilibrio, incidió y reiteró que cumplirá con su programa electoral, en el que se comprometió a derogar el decreto aprobado por el anterior Gobierno bipartito en 2007, porque su objetivo es que ninguna Galicia se ponga por encima de la otra.
En este escenario, recalcó que el deber de la Xunta es proteger con el decreto a los ciudadanos que desean emplear el gallego, pero también a los que optan por usar el castellano, puesto que ambas son lenguas cooficiales en Galicia.
Hay dos opciones: el equilibrio o la inmersión y nuestra apuesta es por el equilibrio, remarcó, para añadir que, en el polo opuesto, los nacionalistas prefieren la inmersión. Y la del PSOE está por saber porque en Cataluña defiende la inmersión y en País Vasco, el equilibrio, destacó.
En cuanto al PSdeG, advirtió de que o la formación que lidera Manuel Vázquez o no tiene una apuesta definida o es la de los nacionalistas.
Galicia cumple, pero el Estado no, lamentó el presidente, quien resaltó que la Xunta cerró el ejercicio de 2009 inyectando 100 millones de euros más a la dependencia, alcanzando los 370 millones de euros y subrayó que si la comunidad recibiese otros 370 --en vez de 150-del Gobierno central, en Galicia cobrarían todos los dependientes.
Con todo, el mandatario autonómico garantizó que la Xunta mantendrá su compromiso de poner el cien por cien de lo que le corresponda a la hora de financiar la aplicación de la norma, al tiempo que solicitará al Estado que cumpla con su parte. Y no pararemos hasta que lo consigamos, advirtió para enfatizar los logros de su Gobierno en su inequívoca apuesta por la dependencia.
Así, explicó que el aumento del presupuesto dedicado a este fin permitió que, a día de hoy, haya más de 24.000 gallegos que perciben las ayudas que otorga la Ley de Dependencia, lo que supone un 70 por ciento más que en abril de 2009. En relación con los grandes dependientes, el presidente señaló que hay 19.600 que perciben estas ayudas, superando en un 20 por ciento el compromiso electoral de cerrar 2009 con 16.500 grandes dependientes atendidos.
Agilización de trámites
En cuanto al decreto de dependencia aprobado hoy, Alberto Núñez Feijóo destacó que permitirá reducir los plazos globales de tramitación de 18 a seis meses, evitando la excesiva burocratización, y que priorizará la atención a los solicitantes con mayor grado de dependencia.
Para alcanzar este objetivo, se habilitará el uso de una única aplicación informática y se otorgará un papel fundamental a los ayuntamientos, en su condición de Administración más próxima al ciudadano, de donde partirán preferentemente las distintas solicitudes de valoración.
Así, en el momento de inicio del procedimiento, se pedirá toda la documentación necesaria, en la línea de facilitar su resolución con la mayor agilidad posible, sin tener que reclamar la intervención del interesado más que en los puntos que sean estrictamente necesarios.
La norma aprobada hoy introduce otro elemento que, según Feijóo, ha sido muy demandado por las asociaciones sociales: la regulación de un procedimiento de casos de emergencia, por el que se establece el procedimiento a seguir en situaciones de desamparo, malos tratos o deterioro físico o psíquico importante, permitiendo atender de forma casi inmediata los supuestos de extrema gravedad.
Norma pionera
Por otra parte, Beatriz Mato subrayó que el decreto aprobado hoy está llamado a marcar un antes y un después en la aplicación de la Ley de Dependencia en Galicia, por la reducción de los plazos y, con especial atención, al reconocimiento del derecho a los dependientes fallecidos durante el proceso.
En lo que respecta a la regulación de este derecho, Mato señaló que, gracias a esta norma, Galicia se convertirá en pionera dentro del Estado y que va por delante de la propia Ley de Dependencia en la materia. Los dos requisitos para que se reconozca el derecho tras la muerte será que existan pruebas documentales del gasto efectuado, así como probar el nivel de dependencia del fallecido.
Plexus
Por otra parte, Beatriz Mato atribuyó las críticas de la CIG --que ayer denunció la cesión ilegal de 60 trabajadores de una empresa vinculada al PP (Plexus S.L.) a la Xunta para tramitar datos de dependencia-a su malestar por el éxito clamoroso de la respuesta que el Gobierno autonómico en la atención a dependientes.
Así, negó que exista cesión ilegal alguna y apuntó que lo que hizo la Xunta fue contratar vía asistencia técnica a 60 trabajadores para agilizar la tramitación de la ley, de forma perfectamente legal y por el plazo de un mes.
La empresa ya estaba dentro del sistema, incidió la conselleira de Traballo e Benestar, en relación a la gestión de la anterior Vicepresidencia, con el nacionalista Anxo Quintana al frente, y recomendó a la CIG que hable con el partido al que es afín.
Por último, sostuvo que estos empleados sólo realizan gestiones informáticas que no tienen nada que ver ni con el tratamiento de los expedientes ni con el proceso de valoración o resolución, por lo que su acceso a los datos es limitados. Y aunque los manejasen, también están sometidos a la Ley de Protección de Datos, concluyó.
133 millones de euros del programa FEDER
Además, Feijóo, informó de que Galicia recibirá de la UE 133 millones de euros, tras desbloquear la interrupción de pagos del programa Feder 200-2005.
La Comisión Europea, informó el presidente, levantó la suspensión del pago que recaía sobre la CCAA gracias al trabajo de la Xunta para regularizar la situación.
De esta manera, la Comunidad percibirá 166 millones de fondos Feder en concepto de pagos correspondientes a gastos pendientes de reembolsar, de los que 133, hasta ahora bloqueados, se transferirán en un plazo breve de tiempo.
La Xunta informa en una nota de que la titular de Hacienda, Marta Fernández Currás, presentó hoy al Consello las comunicaciones de la Comisión Europea que informan de que este organismo levantó la suspensión de pagos que afectaban al Feder y deciden no llevar a cabo el procedimiento de suspender los pagos del Fondo Social Europeo.
Refuerzo de la presencia policial en los caminos de Santiago
En otro orden de cosas, el Consello de la Xunta ha aprobado un plan de actuación para que la Policía Autonómica refuerce su presencia en los caminos de Santiago y lograr las más altas cotas de seguridad en el Año Santo.
El plan, según informó el Gobierno gallego, se estructura en tres tres fases, con especial incidencia en los meses de julio, agosto, septiembre y diciembre, y sus principales competencias serán la de proteger el desplazamiento de los peregrinos, los actos institucionales y culturales, las visitas de autoridades, y garantizar una respuesta adecuada ante cualquier emergencia.
La actuación de la Policía Autonómica prestará especial atención a los caminos Francés y Portugués, así como en los albergues de acogida para los peregrinos, especialmente el de Monte do Gozo, en Compostela, con capacidad para casi tres mil caminantes.
El cuerpo policial autonómico actuará en coordinación con la Policía Nacional y Local y la Guardia Civil, con las que se conformarán órganos conjuntos de coordinación de los cuatro cuerpos de Seguridad del Estado.
Por otra parte, el Consello aprobó un convenio con el Consorcio de Compostela, por valor de 370.000 euros, para la realización de actividades culturales en el Xacobeo 2010.
De esta forma, el Xacobeo apoyará, entre otros actos, el Festival de Músicas Contemplativas, el Compostela Organum Festival o el espectáculo pirotécnico del 24 de julio.
El Gobierno gallego colaborará, también, en la restauración de la carraca de la catedral compostelana, que comenzará en la primavera de 2010.
Decreto del gallego
Por último, Núñez Feijóo, aseguró que su Gobierno no tiene miedo a opiniones críticas con las bases del decreto del plurilingüismo en la enseñanza y avanzó que estudiará todas las propuestas, aunque no incorporará al texto definitivo aquellas que defiendan la inmersión lingüística o sean contrarias al equilibrio.
Preguntado por el rechazo del Consello da Cultura Galega (CCG) a las bases del nuevo decreto, al término del Consello de la Xunta, Feijóo insistió en que todas las opiniones serán estudiadas antes de articular el texto definitivo, al que se sumarán las que adecúen al principio de equilibrio lingüístico por el que hoy ratificó su apuesta.
Buscaremos el modelo de la mayoría que es el del equilibrio, incidió y reiteró que cumplirá con su programa electoral, en el que se comprometió a derogar el decreto aprobado por el anterior Gobierno bipartito en 2007, porque su objetivo es que ninguna Galicia se ponga por encima de la otra.
En este escenario, recalcó que el deber de la Xunta es proteger con el decreto a los ciudadanos que desean emplear el gallego, pero también a los que optan por usar el castellano, puesto que ambas son lenguas cooficiales en Galicia.
Hay dos opciones: el equilibrio o la inmersión y nuestra apuesta es por el equilibrio, remarcó, para añadir que, en el polo opuesto, los nacionalistas prefieren la inmersión. Y la del PSOE está por saber porque en Cataluña defiende la inmersión y en País Vasco, el equilibrio, destacó.
En cuanto al PSdeG, advirtió de que o la formación que lidera Manuel Vázquez o no tiene una apuesta definida o es la de los nacionalistas.
