Una veintena de colectivos sociales -entre entidades ecologistas, sindicatos, asociaciones vecinales y culturales y partidos, entre otras- tienen constituido un frente común contra la planta que Ence tiene en Pontevedra y aspiran a lograr más adhesiones para 'presionar contra la concesión más allá de 2018'.
'Hay consenso absoluto y lo que queremos es conseguir un frente social amplio que deje ver que la sociedad está totalmente en contra', indica Antón Masa, presidente de la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra, que califica la situación como 'un verdadero caso de corrupción medioambiental'.
El colectivo acaba de presentar una nueva demanda ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para pedir la retirada a la celulosa de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), que el colectivo considera que la Xunta -del bipartito- le otorgó 'de manera irregular e incluso ilegal' ya que se obvió el informe de compatibilidad urbanística al Concello de Pontevedra. Además, acusa a Ence de 'hacer chantajes a la Administración'.
La entidad ambiental se muestra en contra de la modificación de la Ley de Costas porque 'abre la posibilidad de que se conceda una prórroga por 75 años más de permanencia en la Ría y no estamos dispuestos'. 'Su actividad en Lourizán ya llegó a su fin, como mucho hasta 2018', que es cuando se acaba la concesión actual, recuerda Masa.
complicidad con la xunta
Otra de las vías a las que recurrirá este grupo contra la pastera es la de la movilización social para lo que tienen previsto un calendario de protestas que perfilarán después de Semana Santa. 'Ante esta situación no hay más opciones que pelear y exigir a la Xunta la defensa de la legalidad, del medio ambiente, de los recursos naturales, de la salud y de la economía de la comarca', señala el colectivo. 'Tenemos que forzar a la Xunta a que cumpla su palabra, está en su mano, y para ello es necesario un informe desfavorable' para que el Gobierno central no le conceda la concesión.
Precisamente esta semana el PP se opuso a pedir al Ejecutivo autonómico dicho informe de impacto ambiental desfavorable, pese a la unanimidad de los cuatro grupos con representación en el Parlamento Gallego a que Ence no se matenga en Lourizán más allá del año 2018.
Los votos del PPdeG en comisión parlamentaria tumbaron una proposición no de ley del PSdeG encaminada a atender 'el rechazo social' a esta fábrica por la 'contaminación' que genera, dijo la portavoz socialista Patricia Vilán que se amparó en una condena por 'delito ecológico continuado' en 2002.
El BNG también acusó a la Xunta de 'defender los intereses' de la pastera y AGE hizo hincapié en los 'beneficios inesperados' que supondría para los dueños de la factoría una nueva concesión por 75 años, dado que cuando adquirieron la empresa pública en los años 90 ya estaba previsto su desmantelamiento en 2018, indicó David Fernández.
El colectivo acaba de presentar una nueva demanda ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para pedir la retirada a la celulosa de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), que el colectivo considera que la Xunta -del bipartito- le otorgó 'de manera irregular e incluso ilegal' ya que se obvió el informe de compatibilidad urbanística al Concello de Pontevedra. Además, acusa a Ence de 'hacer chantajes a la Administración'.
La entidad ambiental se muestra en contra de la modificación de la Ley de Costas porque 'abre la posibilidad de que se conceda una prórroga por 75 años más de permanencia en la Ría y no estamos dispuestos'. 'Su actividad en Lourizán ya llegó a su fin, como mucho hasta 2018', que es cuando se acaba la concesión actual, recuerda Masa.
complicidad con la xunta
Otra de las vías a las que recurrirá este grupo contra la pastera es la de la movilización social para lo que tienen previsto un calendario de protestas que perfilarán después de Semana Santa. 'Ante esta situación no hay más opciones que pelear y exigir a la Xunta la defensa de la legalidad, del medio ambiente, de los recursos naturales, de la salud y de la economía de la comarca', señala el colectivo. 'Tenemos que forzar a la Xunta a que cumpla su palabra, está en su mano, y para ello es necesario un informe desfavorable' para que el Gobierno central no le conceda la concesión.
Precisamente esta semana el PP se opuso a pedir al Ejecutivo autonómico dicho informe de impacto ambiental desfavorable, pese a la unanimidad de los cuatro grupos con representación en el Parlamento Gallego a que Ence no se matenga en Lourizán más allá del año 2018.
Los votos del PPdeG en comisión parlamentaria tumbaron una proposición no de ley del PSdeG encaminada a atender 'el rechazo social' a esta fábrica por la 'contaminación' que genera, dijo la portavoz socialista Patricia Vilán que se amparó en una condena por 'delito ecológico continuado' en 2002.
El BNG también acusó a la Xunta de 'defender los intereses' de la pastera y AGE hizo hincapié en los 'beneficios inesperados' que supondría para los dueños de la factoría una nueva concesión por 75 años, dado que cuando adquirieron la empresa pública en los años 90 ya estaba previsto su desmantelamiento en 2018, indicó David Fernández.
