Galicia concluye este año 2011 con una nota de 5,5 sobre diez puntos en la aplicación de la Ley de la Dependencia, por lo que se encuentra en la mitad de la tabla, según el VIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, que analiza semestralmente la aplicación de la norma en todas las comunidades autónomas.
Extremadura cuenta con la misma nota que Galicia y en la mitad de la tabla también se encuentran Cataluña (6,5), Navarra (6) y Murcia (5,5), mientras que Baleares se queda al borde del aprobado (4,5). Por contra, Canarias, con 0,5 puntos, Comunidad Valenciana, con 2 puntos, Asturias (2,5), Ceuta y Melilla (3) y la Comunidad de Madrid (4) acaban 2011 con un suspenso en el desarrollo de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Según los mismos parámetros establecidos por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Castilla y León y País Vasco alcanzan una nota de 10 por ser las comunidades que 'mejor' implantación han hecho de la norma en 2011, en base a los parámetros de eficiencia, inversión, gestión de la lista de espera, gasto por habitante, innovación, buenas prácticas, integración de los servicios sociales, entre otros, basados en los datos oficiales del Imserso y Ministerio de Hacienda. A estas dos autonomías le siguen La Rioja (9), Castilla La Mancha (8,5) y Aragón (8,5), aunque bajan cada una un punto respecto al año pasado, y Andalucía (8) y Cantabria (7) se mantienen estables respecto a los informes anteriores.
'En la inmensa mayoría de las comunidades se ha producido una ralentización y un estancamiento de la ley', según la mencionada asociación.
Según los mismos parámetros establecidos por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Castilla y León y País Vasco alcanzan una nota de 10 por ser las comunidades que 'mejor' implantación han hecho de la norma en 2011, en base a los parámetros de eficiencia, inversión, gestión de la lista de espera, gasto por habitante, innovación, buenas prácticas, integración de los servicios sociales, entre otros, basados en los datos oficiales del Imserso y Ministerio de Hacienda. A estas dos autonomías le siguen La Rioja (9), Castilla La Mancha (8,5) y Aragón (8,5), aunque bajan cada una un punto respecto al año pasado, y Andalucía (8) y Cantabria (7) se mantienen estables respecto a los informes anteriores.
'En la inmensa mayoría de las comunidades se ha producido una ralentización y un estancamiento de la ley', según la mencionada asociación.
