Los responsables autonómicos del área de Trabajo de Galicia, Cataluña y el País Vasco acordaron instar al Ministerio de Trabajo e Inmigración a flexibilizar las políticas activas de empleo, tras una reunión en Barcelona de los tres dirigentes de estos departamentos: Ricardo Varela, Mar Serna y Joseba Azkárraga, respectivamente.
Los tres consejeros instaron al Ministerio a realizar las modificaciones necesarias de la normativa básica que regula las políticas activas de empleo para que cada comunidad autónoma pueda adaptarlas a las necesidades de su mercado laboral, según explicó la Consellería de Traballo de Galicia en un comunicado.
En su opinión, esta reforma permitiría dar una respuesta más 'ágil' a cada uno de los territorios. Argumentaron que las necesidades de formación varían en cada comunidad, y destacaron que en un contexto de 'dificultades socioeconómicas' como el actual es 'importante' adaptar estas políticas de empleo a los sectores económicos con capacidad para crear ocupación.
Serna, Varela y Azkárraga coincidieron en la relevancia de contar con un modelo de financiación 'estable' que permita a las comunidades adecuar y priorizar la dotación de recursos en políticas de empleo. En este sentido, acordaron coordinar experiencias y diseñar programas conjuntos para abordar las necesidades de cada territorio.
Sobre seguridad y salud laboral, las tres delegaciones solicitaron crear un registro estatal que permita tener un control continuado del historial de sanciones de las empresas. También pidieron que los técnicos puedan instar el levantamiento de una acta de infracción en la primera visita, y no en la segunda como establece actualmente la norma. En esta misma línea, resaltaron la necesidad de transferir los servicios de Inspección de Trabajo a las comunidades autónomas.
En su opinión, esta reforma permitiría dar una respuesta más 'ágil' a cada uno de los territorios. Argumentaron que las necesidades de formación varían en cada comunidad, y destacaron que en un contexto de 'dificultades socioeconómicas' como el actual es 'importante' adaptar estas políticas de empleo a los sectores económicos con capacidad para crear ocupación.
Serna, Varela y Azkárraga coincidieron en la relevancia de contar con un modelo de financiación 'estable' que permita a las comunidades adecuar y priorizar la dotación de recursos en políticas de empleo. En este sentido, acordaron coordinar experiencias y diseñar programas conjuntos para abordar las necesidades de cada territorio.
Sobre seguridad y salud laboral, las tres delegaciones solicitaron crear un registro estatal que permita tener un control continuado del historial de sanciones de las empresas. También pidieron que los técnicos puedan instar el levantamiento de una acta de infracción en la primera visita, y no en la segunda como establece actualmente la norma. En esta misma línea, resaltaron la necesidad de transferir los servicios de Inspección de Trabajo a las comunidades autónomas.
