El movimiento 'Galiza non se vende' inició a las 10.00 horas encierros simultáneos en seis localidades gallegas para denunciar, con motivo del sexto aniversario del Prestige, la política continuista del Gobierno bipartito y para exigir que se resuelvan los problemas que evidenció el accidente del petrolero aquel 13 de noviembre de 2002.
Cambió el gobierno, pero ¿cambiaron las políticas?, se preguntó en declaraciones Rafael Pillado, portavoz de la veintena de activistas concentrados en el Ayuntamiento de Ferrol.
Paralelamente y hasta las 13.00 horas se producen encierros en la casa consistorial de Mugardos; en el edificio administrativo de la Xunta en Vigo; en la Consellería de Medio Ambiente en Santiago; en el edificio administrativo de la Xunta en A Coruña; y en el Ayuntamiento de Ribadavia.
Bajo el lema 'Galicia no se vende, gobierne quien gobierne', pretendan alertar de que se siga vendiendo a Galicia a intereses oscuros, que, a su entender, provocan que en esta comunidad se desarrollen prácticas económicas, agrícolas, paisajísticas, medioambientales, energéticas o territoriales que nada tienen que ver con las necesidades gallegas.
En consecuencia, Pillado exclamó qué poco aprendimos de aquella experiencia y, después de enfatizar los daños gravísimos, casi irreparables del Prestige, consideró que no son menores los que genera el continuismo de la actual Xunta.
A modo de ejemplo, se refirió al acto conmemorativo que presidirá el titular de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, en Vilagarcía de Arousa, y lo enmarcó dentro de un ritual cínico. Sólo se echa la vista atrás para seguir sacando provecho de aquella tragedia, interpretó, y cargó contra el Gobierno gallego por seguir apostando por un vergonzoso continuismo.
Entre otros ejemplos, aludió a rellenos injustificados en las rías, a la aprobación del devastador Plan Acuícola, al Plan eólico diseñado para los intereses empresariales, al Plan Vigo Integra creado para los constructores, o a la aprobación de las Directrices de Ordenación del Territorio sin contar con la participación de los ciudadanos.
También criticó la proliferación de polígonos industriales sin planificación, el cultivo del clientelismo electoral, o el mantenimiento de industrias peligrosas, como Reganosa, Ence, Endesa, Elnosa, Sogama o Meirama. Frente a esto, exigió a la Xunta un cambio de rumbo inmediato de cara a poner la sostenibilidad y la justicia social en el centro de sus políticas.
Paralelamente y hasta las 13.00 horas se producen encierros en la casa consistorial de Mugardos; en el edificio administrativo de la Xunta en Vigo; en la Consellería de Medio Ambiente en Santiago; en el edificio administrativo de la Xunta en A Coruña; y en el Ayuntamiento de Ribadavia.
Bajo el lema 'Galicia no se vende, gobierne quien gobierne', pretendan alertar de que se siga vendiendo a Galicia a intereses oscuros, que, a su entender, provocan que en esta comunidad se desarrollen prácticas económicas, agrícolas, paisajísticas, medioambientales, energéticas o territoriales que nada tienen que ver con las necesidades gallegas.
En consecuencia, Pillado exclamó qué poco aprendimos de aquella experiencia y, después de enfatizar los daños gravísimos, casi irreparables del Prestige, consideró que no son menores los que genera el continuismo de la actual Xunta.
A modo de ejemplo, se refirió al acto conmemorativo que presidirá el titular de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, en Vilagarcía de Arousa, y lo enmarcó dentro de un ritual cínico. Sólo se echa la vista atrás para seguir sacando provecho de aquella tragedia, interpretó, y cargó contra el Gobierno gallego por seguir apostando por un vergonzoso continuismo.
Entre otros ejemplos, aludió a rellenos injustificados en las rías, a la aprobación del devastador Plan Acuícola, al Plan eólico diseñado para los intereses empresariales, al Plan Vigo Integra creado para los constructores, o a la aprobación de las Directrices de Ordenación del Territorio sin contar con la participación de los ciudadanos.
También criticó la proliferación de polígonos industriales sin planificación, el cultivo del clientelismo electoral, o el mantenimiento de industrias peligrosas, como Reganosa, Ence, Endesa, Elnosa, Sogama o Meirama. Frente a esto, exigió a la Xunta un cambio de rumbo inmediato de cara a poner la sostenibilidad y la justicia social en el centro de sus políticas.