La coruñesa María Consuelo Castaño, presidenta de la Comisión de desaparecidos españoles en Argentina, pretende aglutinar a las familias de las víctimas europeas de la dictadura y espera de España el reconocimiento ético de los afectados.
Mantener viva la llama de la memoria de las víctimas, obtener un reconocimiento ético de España y aglutinar a las familias de los europeos desaparecidos durante la dictadura argentina son los objetivos fundamentales de la lucha de la gallega María Consuelo Castaño, presidenta de la Comisión de Desaparecidos Españoles en Argentina. Castaño, que sufrió en carne propia el horror de la dictadura argentina (1976-1983), calcula que entre 78 y 80 personas nacidas en España desaparecieron en Argentina durante el gobierno de facto, aunque la cifra se eleva a 4.000 si se incluye en la lista a hijos y nietos de españoles.
De esas 4.000 personas de origen español, precisa Castaño, la mitad son gallegos y el resto se reparte entre castellano-leoneses, asturianos y vascos.
Las cifras son relativas porque hay provincias como Tucumán (noroeste) en las que por miedo no se ha denunciado. Y allí, por ejemplo, sabemos que desapareció una embarazada nacida en España, apunta.
No ha sido sencilla la vida de esta mujer, nacida en A Coruña, que emigró a Argentina con sus padres en 1956, se formó como maestra y se casó con Regino González, militante peronista descendiente de españoles, con quien tuvo tres hijas.
Esposo desaparecido
El 13 de septiembre de 1979, su esposo fue secuestrado y desaparecido y horas después también ella y sus hijas -que entonces tenían 5, 4 y 3 años-, fueron detenidas.
Las niñas estuvieron 10 días en cautiverio y fueron devueltas a sus abuelos maternos; Castaño fue torturada en una prisión militar hasta que fue condenada a 18 años de cárcel por un Consejo de Guerra.
Nunca más supo de su esposo, que integra la lista de 30.000 desaparecidos que, según organismos humanitarios, dejó la cruenta dictadura argentina.
Salió de prisión en 1984, con 34 años, y desde entonces ha dedicado su vida a intentar reconstruir la historia de los desaparecidos españoles en Argentina durante los años de plomo. Conmovida por el valor y la ética de las madres españolas y alentada por diplomáticos que se jugaron la vida e incluso escondieron gente en el Consulado, creó la Comisión en 1988. Tras 20 años de lucha, no oculta un gesto de amargura cuando se refiere a la respuesta del Estado español a los esfuerzos de la Comisión para esclarecer el destino de las víctimas españolas. Necesitamos tener un reconocimiento ético del Estado español. Nuestro deseo es dejar de ser los leprosos de la colectividad. Siempre dijimos que es mucho peor que tu propio país olvide a los desaparecidos, que uno extranjero los mate. Si los olvidan será como hacerlos desaparecer dos veces, concluye.
El difícil momento de la ley del perdón En Argentina, reconoce la aprobación de las leyes del perdón a represores (1986 y 1987) como el momento más difícil de la Comisión, en contraste con la instalación de un mural en la Embajada de España en memoria de las víctimas, en 1997, durante el gobierno de Carlos Menem.
También valora la política de derechos humanos del ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y en particular la formación de una unidad especial para investigar el destino de los desaparecidos españoles y la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense para la identificación de personas.
Ahora, María Consuelo Castaño se vuelca en la lucha por la creación de una Comisión de Desaparecidos Europeos y en los contactos con familiares de víctimas de otros países de Europa, entre ellos italianos, franceses, alemanes e irlandeses, para lograr que se les reconozca con un símbolo en la sede del Parlamento Europeo.
Si se consigue sería maravilloso porque se podría formar un gran archivo de la memoria, que le daría sentido a nuestra historia y que serviría para difundir la lucha por los derechos humanos en Argentina, afirma.
Juicio a un ex militar por el robo del bebé de una detenida
Un tribunal de Argentina comenzó a juzgar a un ex agente de inteligencia acusado de apropiarse del hijo de una pareja de desaparecidos durante la última dictadura militar.
Se trata del ex comandante Víctor Rei, al que el Tribunal juzga por retención y ocultamiento de identidad del hijo de Liliana Fontana y Pedro Sandoval, y por falsificación de instrumento público, delitos que las leyes de este país penan con 25 años de cárcel.
Fontana y Sandoval fueron secuestrados en julio de 1977 por agentes del régimen de facto. La mujer, embarazada entonces de dos meses, fue al parecer llevada a dar a luz a la Escuela de Mecánica de la Armada, la principal cárcel ilegal de la dictadura. El ex gendarme Rei anotó como propio al bebé, utilizando un certificado de nacimiento falso firmado por el ya fallecido cardiólogo Julio César Cáceres Monnié. El profesional rubricó las actas de varios bebés apropiados, entre ellas la de Eugenia Sampayo Barragán, que el año pasado llevó a juicio a sus apropiadores. El hijo de Fontana y Sandoval, que ahora tiene 30 años y recuperó su identidad en el 2006, esperó fuera de la sala de audiencias en compañía de sus familiares biológicos, y el viernes tiene previsto declarar ante el tribunal.
De esas 4.000 personas de origen español, precisa Castaño, la mitad son gallegos y el resto se reparte entre castellano-leoneses, asturianos y vascos.
Las cifras son relativas porque hay provincias como Tucumán (noroeste) en las que por miedo no se ha denunciado. Y allí, por ejemplo, sabemos que desapareció una embarazada nacida en España, apunta.
No ha sido sencilla la vida de esta mujer, nacida en A Coruña, que emigró a Argentina con sus padres en 1956, se formó como maestra y se casó con Regino González, militante peronista descendiente de españoles, con quien tuvo tres hijas.
Esposo desaparecido
El 13 de septiembre de 1979, su esposo fue secuestrado y desaparecido y horas después también ella y sus hijas -que entonces tenían 5, 4 y 3 años-, fueron detenidas.
Las niñas estuvieron 10 días en cautiverio y fueron devueltas a sus abuelos maternos; Castaño fue torturada en una prisión militar hasta que fue condenada a 18 años de cárcel por un Consejo de Guerra.
Nunca más supo de su esposo, que integra la lista de 30.000 desaparecidos que, según organismos humanitarios, dejó la cruenta dictadura argentina.
Salió de prisión en 1984, con 34 años, y desde entonces ha dedicado su vida a intentar reconstruir la historia de los desaparecidos españoles en Argentina durante los años de plomo. Conmovida por el valor y la ética de las madres españolas y alentada por diplomáticos que se jugaron la vida e incluso escondieron gente en el Consulado, creó la Comisión en 1988. Tras 20 años de lucha, no oculta un gesto de amargura cuando se refiere a la respuesta del Estado español a los esfuerzos de la Comisión para esclarecer el destino de las víctimas españolas. Necesitamos tener un reconocimiento ético del Estado español. Nuestro deseo es dejar de ser los leprosos de la colectividad. Siempre dijimos que es mucho peor que tu propio país olvide a los desaparecidos, que uno extranjero los mate. Si los olvidan será como hacerlos desaparecer dos veces, concluye.
El difícil momento de la ley del perdón En Argentina, reconoce la aprobación de las leyes del perdón a represores (1986 y 1987) como el momento más difícil de la Comisión, en contraste con la instalación de un mural en la Embajada de España en memoria de las víctimas, en 1997, durante el gobierno de Carlos Menem.
También valora la política de derechos humanos del ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y en particular la formación de una unidad especial para investigar el destino de los desaparecidos españoles y la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense para la identificación de personas.
Ahora, María Consuelo Castaño se vuelca en la lucha por la creación de una Comisión de Desaparecidos Europeos y en los contactos con familiares de víctimas de otros países de Europa, entre ellos italianos, franceses, alemanes e irlandeses, para lograr que se les reconozca con un símbolo en la sede del Parlamento Europeo.
Si se consigue sería maravilloso porque se podría formar un gran archivo de la memoria, que le daría sentido a nuestra historia y que serviría para difundir la lucha por los derechos humanos en Argentina, afirma.
Juicio a un ex militar por el robo del bebé de una detenida
Un tribunal de Argentina comenzó a juzgar a un ex agente de inteligencia acusado de apropiarse del hijo de una pareja de desaparecidos durante la última dictadura militar.
Se trata del ex comandante Víctor Rei, al que el Tribunal juzga por retención y ocultamiento de identidad del hijo de Liliana Fontana y Pedro Sandoval, y por falsificación de instrumento público, delitos que las leyes de este país penan con 25 años de cárcel.
Fontana y Sandoval fueron secuestrados en julio de 1977 por agentes del régimen de facto. La mujer, embarazada entonces de dos meses, fue al parecer llevada a dar a luz a la Escuela de Mecánica de la Armada, la principal cárcel ilegal de la dictadura. El ex gendarme Rei anotó como propio al bebé, utilizando un certificado de nacimiento falso firmado por el ya fallecido cardiólogo Julio César Cáceres Monnié. El profesional rubricó las actas de varios bebés apropiados, entre ellas la de Eugenia Sampayo Barragán, que el año pasado llevó a juicio a sus apropiadores. El hijo de Fontana y Sandoval, que ahora tiene 30 años y recuperó su identidad en el 2006, esperó fuera de la sala de audiencias en compañía de sus familiares biológicos, y el viernes tiene previsto declarar ante el tribunal.
