La ministra de Transportes presentará “en unos meses” su propuesta sobre el cobro por el uso de estas infraestructuras
La titular de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, reclamó ayer al Gobierno central que tenga “menos prisas” para implantar el pago en las autovías y apeló a que haya “más diálogo, reflexión y transparencia”. Así lo hizo a preguntas de los medios sobre las declaraciones del lunes de la secretaria de Estado de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, que aseguró que es “imperativo” el pago de tasa de uso en las autovías españolas y que apeló a “no aplazarlo más”.
En este contexto, Vázquez se mostró “sorprendida” por estas declaraciones, ya que “no hay una propuesta concreta” en el Congreso, en el Senado o con las comunidades autónomas. Por ello, calificó de “alarmante” esa falta de “transparencia y diálogo” del Ejecutivo.
Además, la conselleira considera que esta es una medida de “mucho calado” y que con la crisis que sufre el sector de mercancías “quizás no es el momento más oportuno”. Ethel Vázquez también ve una “incoherencia” hablar del pago de estas infraestructuras cuando “se están liberando peajes en otras comunidades autónomas”.
Las razones del Ejecutivo
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguró que el Gobierno presentará “en unos meses” su propuesta para implementar el pago de uso en las vías de alta capacidad de la red de carreteras del Estado a partir del año 2024. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sánchez avanzó que ya se están realizando diferentes estudios y análisis para determinar qué sistema se implementará, si bien aseguró que será una tarificación “justa, rigurosa y sostenible”.
El objetivo de esta medida, que ya han implantado 24 de los 27 países de la Unión Europea, según la ministra, es obtener recursos adicionales para mantener la conservación de las carreteras en buen estado de seguridad, una partida que ahora acumula un déficit de 9.000 millones de euros debido a la gratuidad actual de las autovías, cuyos recursos procedentes de los Presupuestos del Estado no son suficientes. Debido a las críticas que esta medida ha levantado desde que su predecesor en el cargo, José Luis Ábalos, la anunciase hace unos meses, la ministra insiste en que se tratará de un sistema “que se someterá al debate y al análisis de los agentes sociales, económicos y del sector del transporte”.
Además, el Gobierno ya se comprometió con Bruselas a adoptar un nuevo sistema de “pago por uso” en las carreteras a partir de 2024, en el marco de la recepción de todos los fondos europeos que España recibirá para la recuperación económica tras el paso de la pandemia.
La ministra enfatizó que el sistema resultante buscará que no se generen agravios territoriales, algo que ahora pasa debido a que hay regiones con peajes y otras sin ellos e incluso algunos más caros que otros. “Buscaremos el consenso político", concluyó Sánchez, asegurando que el resultado se presentará de aquí a unos meses.
En el mismo sentido, el secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez, señaló en un foro radiofónico que “el modelo de que toda nuestra red viaria sea gratis no es algo que suceda en Europa”. “Queremos que se llegue a un consenso”, señaló.
Los automovilistas alertan sobre el riesgo para la seguridad vial
El Real Automóvil Club de España (RACE), ante la confirmación por parte de diversos portavoces del Gobierno de cobrar por el uso de las autovías, reitera su oposición frontal por ser una medida que “vuelve a cargar de problemas las espaldas y bolsillos de los conductores” y, sobre todo, supone un problema para la seguridad vial, porque obliga a los conductores a buscar vías alternativas “mucho más peligrosas”.
Tres de cada cuatro conductores se oponen a pagar bajo ningún concepto, según los datos de una encuesta del RACE en diciembre, y ocho de cada diez compartían la misma preocupación: el tráfico se derivará a carreteras secundarias, algunas con déficit de mantenimiento y conservación, y los conductores estarán más expuestos a la posibilidad de sufrir un accidente de peores consecuencias.
Para el RACE, el pago por uso podría generar que muchos conductores opten por circular por las carreteras secundarias, donde se produce el 78% de los accidentes mortales, desincentivando el uso de vías de alta capacidad. “Se quiere hacer pagar de nuevo por algo que ya se paga. Entre impuestos directos, indirectos y tasas, los conductores contribuyen con 30.000 millones a las arcas del Estado”, recuerda el RACE. En caso de instaurarse el pago, este agravio “se convertiría en mucho peor”, añadido a los precios de la luz, carburantes, gasolina e impuestos, “supone un ataque insostenible al sector a la libre movilidad de las personas”.
