La defensa del empresario Manuel Santiso, imputado en la llamada Operación Pokemon, ha reclamado ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo la devolución de los 20.000 euros que tuvo que depositar como fianza para eludir la cárcel, después de que la Audiencia Provincial anulase la orden de prisión.
Fuentes de la propia defensa del Santiso, socio de la empresa Cechalva, concesionaria del servicio de la grúa en la ciudad de Lugo, confirmaron que el recurso contra la orden de prisión y la propia fianza impuesta por la jueza instructora, Pilar de Lara, fue presentado hace unos cinco meses.
En realidad, la Audiencia Provincial de Lugo ha aplicado la misma doctrina que le permitió en su día salir de la cárcel al ex presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y ex concejal de Economía e Urbanismo de la capital lucense, Francisco Fernández Liñares, el último en abandonar la cárcel de los detenidos en la primera fase de la Operación Pokemon.
La defensa se apoyó para anular la orden de prisión en una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2011 en la que se establece que las detenciones por orden judicial no pueden prorrogarse por más de 72 horas.
Santiso fue detenido en septiembre y quedó en libertad después de prestar declaración ante la jueza instructora durante más de cinco horas y de depositar la fianza de 20.000 euros que le impuso.
La Operación Pokemon investiga la existencia de una supuesta trama de corrupción para conseguir contratos y concesiones públicas mediante sobornos y en la lista de imputados figuran más de una treintena de personas.
En realidad, la Audiencia Provincial de Lugo ha aplicado la misma doctrina que le permitió en su día salir de la cárcel al ex presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y ex concejal de Economía e Urbanismo de la capital lucense, Francisco Fernández Liñares, el último en abandonar la cárcel de los detenidos en la primera fase de la Operación Pokemon.
La defensa se apoyó para anular la orden de prisión en una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2011 en la que se establece que las detenciones por orden judicial no pueden prorrogarse por más de 72 horas.
Santiso fue detenido en septiembre y quedó en libertad después de prestar declaración ante la jueza instructora durante más de cinco horas y de depositar la fianza de 20.000 euros que le impuso.
La Operación Pokemon investiga la existencia de una supuesta trama de corrupción para conseguir contratos y concesiones públicas mediante sobornos y en la lista de imputados figuran más de una treintena de personas.
