Tras más de ocho meses de sesiones, el juicio que evalúa los daños causados por el accidente del petrolero 'Prestige' en noviembre de 2002 quedó ayer visto para sentencia con la gran incógnita de quién afrontará el pago de las millonarias indemnizaciones que presumiblemente atenderá el tribunal a petición de la Fiscalía, que reclama 4.328 millones de euros.
El Ministerio Público entiende que la condena del principal acusado, el capitán del buque, Apostolos Mangouras, es la única alternativa para conseguir que la naviera y la aseguradora del 'Prestige', Mare Shipping y London P&I Club, respectivamente, hagan frente a la totalidad de la póliza de 1.000 millones de dólares (781 millones de euros) que tienen suscrita, y apuesta para ello por la aplicación del Código Penal español.
Mare Shipping ya ha dejado claro que no tiene intención de abonar más allá de los 22 millones de euros que se vio obligada a depositar en el juzgado de Corcubión, que instruyó a causa, poco después del accidente y reivindica su derecho a acogerse al Convenio de Responsabilidad Civil (CRC) por derrame de hidrocarburos de 1992. Esta norma, a la que España está suscrita, limita la responsabilidad de las navieras en el accidente en base a las toneladas de arqueo bruto del petrolero en caso de que se demuestre que su actuación no fue negligente.
Para evitar tener que hacer frente a sus responsabilidades en caso de una sentencia que condene al capitán, la aseguradora y la naviera iniciaron a principios de año un arbitraje para delimitar las responsabilidades civiles ante la decisión del tribunal, al que España no se sometió. España rechazó este arbitraje al considerar que un Estado soberano no tiene por qué someterse a un proceso que lidera una jurisdicción extranjera y alegó que se estaba celebrando en su territorio el juicio, el escenario 'legítimo' para delimitar las responsabilidades por la catástrofe medioambiental. A partir de ahí, los daños deberían ser compensados desde el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac), cuyo límite para este accidente es del 151 millones de los que ya ha abonado unos 120.
Así las cosas, el Estado español deberá emprender otro proceso judicial en caso de que la aseguradora sea condenada para lograr la ejecución de la sentencia o tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial, que se presenta como la alternativa más viable.
Además, conviene tener presente que el celebrado en A Coruña es el segundo juicio emprendido por España por la catástrofe del 'Prestige' tras el que tuvo lugar en Estados Unidos contra American Bureau of Shipping (ABS), la clasificadora que certificó que el petrolero estaba en condiciones de navegar, y en el que un tribunal de Nueva York rechazó definitivamente la demanda interpuesta por el Gobierno español, que reclamaba una indemnización de 800 millones de euros, contra ABS al considerar que no había pruebas para responsabilizar a la clasificadora del siniestro.
Mare Shipping ya ha dejado claro que no tiene intención de abonar más allá de los 22 millones de euros que se vio obligada a depositar en el juzgado de Corcubión, que instruyó a causa, poco después del accidente y reivindica su derecho a acogerse al Convenio de Responsabilidad Civil (CRC) por derrame de hidrocarburos de 1992. Esta norma, a la que España está suscrita, limita la responsabilidad de las navieras en el accidente en base a las toneladas de arqueo bruto del petrolero en caso de que se demuestre que su actuación no fue negligente.
Para evitar tener que hacer frente a sus responsabilidades en caso de una sentencia que condene al capitán, la aseguradora y la naviera iniciaron a principios de año un arbitraje para delimitar las responsabilidades civiles ante la decisión del tribunal, al que España no se sometió. España rechazó este arbitraje al considerar que un Estado soberano no tiene por qué someterse a un proceso que lidera una jurisdicción extranjera y alegó que se estaba celebrando en su territorio el juicio, el escenario 'legítimo' para delimitar las responsabilidades por la catástrofe medioambiental. A partir de ahí, los daños deberían ser compensados desde el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac), cuyo límite para este accidente es del 151 millones de los que ya ha abonado unos 120.
Así las cosas, el Estado español deberá emprender otro proceso judicial en caso de que la aseguradora sea condenada para lograr la ejecución de la sentencia o tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial, que se presenta como la alternativa más viable.
Además, conviene tener presente que el celebrado en A Coruña es el segundo juicio emprendido por España por la catástrofe del 'Prestige' tras el que tuvo lugar en Estados Unidos contra American Bureau of Shipping (ABS), la clasificadora que certificó que el petrolero estaba en condiciones de navegar, y en el que un tribunal de Nueva York rechazó definitivamente la demanda interpuesta por el Gobierno español, que reclamaba una indemnización de 800 millones de euros, contra ABS al considerar que no había pruebas para responsabilizar a la clasificadora del siniestro.
