El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Santiago decretó la ejecución provisional de la sentencia, solicitada por el Movemento polos Dereitos Civís, que obligará al Ayuntamiento de Santiago de Compostela a retirar las cámaras de seguridad del casco antiguo, al no contar con los permisos necesarios para su instalación y mantenerlas ilegalmente.
En rueda de prensa, el portavoz del Movemento polos Dereitos Civís, Renato Núñez, explicó que la decisión judicial recoge que esta asociación deberá pagar un total de 3.000 euros al Gobierno local para que se ejecute esta retirada, y que supone una reducción de los 600.000 euros de caución solicitados por el municipio.
Asimismo, a pesar de que, en su opinión, resulta sorprendente que se tenga que pagar por una ilegalidad que cometieron otros se mostró satisfecho por esta resolución que supone un paso más en la defensa del derecho a la intimidad de los ciudadanos.
Núñez recordó la pasividad con la que el ayuntamiento ha tratado este trámite necesario y obligatorio por la Ley, al carecer de los correspondientes permisos de renovación, del libro de registro de las imágenes captadas y incluso mantenerlas encendidas sin solicitar la autorización.
En el caso de que no se retirasen las cámaras ilegales del casco antiguo en un plazo mínimo y una vez que el Movemento polos Dereitos Civís abone la cantidad requerida por la sentencia, su portavoz asegura que se estudiará denunciar al ayuntamiento por desobediencia.
A partir de ahora, la asociación llevará a cabo una campaña de recaudación para pedir la colaboración ciudadana y conseguir la cantidad requerida para retirar las cámaras, que se ejecutará principalmente a través de internet. Además, dispondrán de un número de cuenta en su página web donde los interesados podrán ingresar la cuantía que se desee aportar.
CAMARAS INNECESARIAS
El portavoz del Movemento polos Dereitos Civís recordó que el colectivo lleva seis años de pleitos con el responsable de Seguridade Cidadana del ayuntamiento en los que se contradecía y mentía y sin poder argumentar ni justificar la instalación de unas cámaras que llevaban varios meses sin autorización.
Además, recalcó que el Gobierno local, que intentó recurrir la sentencia, nunca aportó ningún informe que explicara la necesidad de video vigilancia en la ciudad cuando el papel de las cámaras se podría sustituir perfectamente con otro tipo de medidas.
Finalmente, destacó la ineficacia de las mismas al mencionar que en 2007 se produjeron dos robos y tres escaparates rotos en varios establecimientos de la Praza do Toural, pero que las cámaras no sirvieron para identificar a los culpables.
Asimismo, a pesar de que, en su opinión, resulta sorprendente que se tenga que pagar por una ilegalidad que cometieron otros se mostró satisfecho por esta resolución que supone un paso más en la defensa del derecho a la intimidad de los ciudadanos.
Núñez recordó la pasividad con la que el ayuntamiento ha tratado este trámite necesario y obligatorio por la Ley, al carecer de los correspondientes permisos de renovación, del libro de registro de las imágenes captadas y incluso mantenerlas encendidas sin solicitar la autorización.
En el caso de que no se retirasen las cámaras ilegales del casco antiguo en un plazo mínimo y una vez que el Movemento polos Dereitos Civís abone la cantidad requerida por la sentencia, su portavoz asegura que se estudiará denunciar al ayuntamiento por desobediencia.
A partir de ahora, la asociación llevará a cabo una campaña de recaudación para pedir la colaboración ciudadana y conseguir la cantidad requerida para retirar las cámaras, que se ejecutará principalmente a través de internet. Además, dispondrán de un número de cuenta en su página web donde los interesados podrán ingresar la cuantía que se desee aportar.
CAMARAS INNECESARIAS
El portavoz del Movemento polos Dereitos Civís recordó que el colectivo lleva seis años de pleitos con el responsable de Seguridade Cidadana del ayuntamiento en los que se contradecía y mentía y sin poder argumentar ni justificar la instalación de unas cámaras que llevaban varios meses sin autorización.
Además, recalcó que el Gobierno local, que intentó recurrir la sentencia, nunca aportó ningún informe que explicara la necesidad de video vigilancia en la ciudad cuando el papel de las cámaras se podría sustituir perfectamente con otro tipo de medidas.
Finalmente, destacó la ineficacia de las mismas al mencionar que en 2007 se produjeron dos robos y tres escaparates rotos en varios establecimientos de la Praza do Toural, pero que las cámaras no sirvieron para identificar a los culpables.
