Medio centenar de personas trata de frenar el derribo de una casa en Becerreá

Más de medio centenar de personas, entre las que se encuentran los portavoces de los tres grupos políticos del Ayuntamiento de Becerreá, se concentraron esta mañana ante una vivienda unifamiliar del lugar de Lamas, en ese municipio lucense, para evitar que se ejecute una orden de derribo dictada por la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística.
El teniente de alcalde de Becerreá, Claudio Vázquez, que se encuentra entre las personas concentradas para evitar el derribo, sólo hicieron acto de presencia en el lugar dos policías autonómicos, pero al no aparecer las máquinas que supuestamente iban a iniciar el derribo a las diez de la mañana, no hubo que lamentar hasta ahora incidentes.

En todo caso, subrayó que los vecinos que se concentraron a las puertas de la vivienda, propiedad de José Luis Díaz y de su familia, están dispuestos 'a frenar el derribo', porque con la 'presencia de los portavoces del PP, el PSdeG-PSOE y el BNG están representados todos los vecinos de Becerreá'.

Por su parte, el alcalde del municipio, el socialista Manuel Martínez, reconoció que el Ayuntamiento 'no puede oponerse a la legalidad con la que está haciendo el derribo la Xunta de Galicia', pero matizó que 'no era un derribo urgente ni necesario en este momento, porque la casa no tiene un gran impacto urbanístico'.

'Está ubicada en un núcleo que se llama Lamas y el Ayuntamiento inició los trámites para que el Plan Xeral lo declarase como núcleo rural, lo que podría dar cobertura legal a esta casa y a otras que también fueron construidas en su día de forma irregular, pero sobre las que no pesa orden de derribo', sentenció el regidor local.

Por ello, el alcalde asegura que no entiende 'por qué después de esperar quince años' y de 'hacerle pagar al propietario una cantidad ingente de multas', ahora vaya 'a perder todo lo que hizo y todo lo pagó'.

'Entendemos, con los informes que tenemos de la Xunta de Galicia y del propio Ayuntamiento, que la situación era legalizable y no creaba ningún tipo de impacto ni de problema. Con lo cual, creo que deberían haber esperado a la aprobación del plan general' del municipio, concluyó.

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