El alcalde de Lugo y presidente del PSdeG-PSOE, José López Orozco, se presentó esta mañana en sede judicial para prestar declaración como imputado ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara, a raíz de la denuncia que presentó contra él un policía local que fue expedientado por la junta de gobierno del Ayuntamiento.
López Orozco llegó a la sede judicial en torno a las diez de la mañana, acompañado por su abogado, el letrado madrileño Rafael Iruzubieta, así como por su jefa de gabinete, María Novo, y declinó hacer declaraciones a los medios de comunicación hasta que finalizase su comparecencia ante la jueza instructora.
En todo caso, a las puertas del juzgado y a preguntas de los periodistas el alcalde se limitó a decir que está 'totalmente tranquilo'.
Dentro de los juzgados se encontraban otros dos imputados en esta casa, el que fuera concejal de protección de la Comunidad, José Rábade, y el exdirector de la Policía local de Lugo, Darío Dieguez, citados también hoy a declarar por la jueza.
En los pasillos de los juzgados se encuentra también, arropado por compañeros del cuerpo, el agente local que presentó la denuncia.
Fue presentada por un cabo de la Policía Local de Lugo que fue expedientado, por decisión de la junta de gobierno, a causa de una supuesta vulneración de secretos en el ejercicio de su función como agente de la autoridad, por hablar de problemas de seguridad en la sede del Cuerpo.
A raíz de ese expediente, después de que la Fiscalía no hallase indicios de delito en la actuación del cabo, el gobierno local acordó una suspensión de empleo y sueldo para el citado agente por vía administrativa, que el propio afectado, miembro de un sindicato, recurrió judicialmente y ganó en primera instancia.
Posteriormente, el gobierno local, en lo que el alcalde de Lugo calificó como 'un gesto de buena voluntad' para restablecer las buenas relaciones con los representantes sindicales en la Policía Local, decidió no apelar esa decisión judicial, de forma que el expediente quedó anulado y el agente se reincorporó a su puesto.
Sin embargo, cerrado ese proceso por la vía civil, el cabo presentó una denuncia por lo penal contra el alcalde y todos los miembros de la junta de gobierno que, en el año 2009, decidieron la apertura de ese expediente, motivo por el que la jueza de De Lara, según informó el propio López Orozco a los medios de comunicación, decidió imputarlos en ese proceso.
Se da la circunstancia de que el propio alcalde de Lugo presentó un escrito en el mismo juzgado, dirigido a la jueza Pilar de Lara, que instruye el sumario de la llamada 'Operación Pokemon', para prestar declaración de forma voluntaria en esa causa, al sentirse perjudicado por las informaciones sobre el caso que lo vincularon a la supuesta trama investigada.
En todo caso, a las puertas del juzgado y a preguntas de los periodistas el alcalde se limitó a decir que está 'totalmente tranquilo'.
Dentro de los juzgados se encontraban otros dos imputados en esta casa, el que fuera concejal de protección de la Comunidad, José Rábade, y el exdirector de la Policía local de Lugo, Darío Dieguez, citados también hoy a declarar por la jueza.
En los pasillos de los juzgados se encuentra también, arropado por compañeros del cuerpo, el agente local que presentó la denuncia.
Fue presentada por un cabo de la Policía Local de Lugo que fue expedientado, por decisión de la junta de gobierno, a causa de una supuesta vulneración de secretos en el ejercicio de su función como agente de la autoridad, por hablar de problemas de seguridad en la sede del Cuerpo.
A raíz de ese expediente, después de que la Fiscalía no hallase indicios de delito en la actuación del cabo, el gobierno local acordó una suspensión de empleo y sueldo para el citado agente por vía administrativa, que el propio afectado, miembro de un sindicato, recurrió judicialmente y ganó en primera instancia.
Posteriormente, el gobierno local, en lo que el alcalde de Lugo calificó como 'un gesto de buena voluntad' para restablecer las buenas relaciones con los representantes sindicales en la Policía Local, decidió no apelar esa decisión judicial, de forma que el expediente quedó anulado y el agente se reincorporó a su puesto.
Sin embargo, cerrado ese proceso por la vía civil, el cabo presentó una denuncia por lo penal contra el alcalde y todos los miembros de la junta de gobierno que, en el año 2009, decidieron la apertura de ese expediente, motivo por el que la jueza de De Lara, según informó el propio López Orozco a los medios de comunicación, decidió imputarlos en ese proceso.
Se da la circunstancia de que el propio alcalde de Lugo presentó un escrito en el mismo juzgado, dirigido a la jueza Pilar de Lara, que instruye el sumario de la llamada 'Operación Pokemon', para prestar declaración de forma voluntaria en esa causa, al sentirse perjudicado por las informaciones sobre el caso que lo vincularon a la supuesta trama investigada.
