La Comisión Institucional del Parlamento de Galicia ha rechazado una proposición de AGE para pedir a la Xunta la creación de 'un órgano administrativo de carácter independiente' para elaborar programas y medidas de prevención de la corrupción.
La iniciativa contó con los votos a favor de los tres grupos de la oposición y en contra del PP, cuyo portavoz, Agustín Baamonde, recordó que el próximo día 14 se constituye una comisión parlamentaria de estudio de este asunto y será en ese foro donde habrán de tomarse decisiones como la propuesta hoy.
Todos los portavoces hicieron referencia a la consideración por los ciudadanos de que la corrupción es, después del desempleo, el principal problema al que se enfrentan.
La proponente señaló que incluso los pensadores más neoliberales creen que la corrupción tiene efectos negativos en el mercado y denunció que en España la pena máxima por los tipos delictivos vinculados a ella son 6 años de prisión, mientras que si se detiene a una persona con una papelina de droga puede ser condenado a nueve años, como el caso de un joven gallego, ya rehabilitado y pendiente de indulto.
El socialista Méndez Romeu apuntó que todos los expertos ponen el énfasis en la prevención antes que en la represión y la nacionalista Tareixa Paz resaltó que todas las medidas acordadas hasta ahora se habían revelado insuficientes.
Agustín Baamonde, finalmente, coincidió con el resto de los portavoces en resaltar la importancia de atajar este asunto, rechazó que se utilice como arma política e insistió en que no se debe condicionar el trabajo de la comisión de estudio citada con la aprobación de iniciativas como la debatida hoy.
Todos los portavoces hicieron referencia a la consideración por los ciudadanos de que la corrupción es, después del desempleo, el principal problema al que se enfrentan.
La proponente señaló que incluso los pensadores más neoliberales creen que la corrupción tiene efectos negativos en el mercado y denunció que en España la pena máxima por los tipos delictivos vinculados a ella son 6 años de prisión, mientras que si se detiene a una persona con una papelina de droga puede ser condenado a nueve años, como el caso de un joven gallego, ya rehabilitado y pendiente de indulto.
El socialista Méndez Romeu apuntó que todos los expertos ponen el énfasis en la prevención antes que en la represión y la nacionalista Tareixa Paz resaltó que todas las medidas acordadas hasta ahora se habían revelado insuficientes.
Agustín Baamonde, finalmente, coincidió con el resto de los portavoces en resaltar la importancia de atajar este asunto, rechazó que se utilice como arma política e insistió en que no se debe condicionar el trabajo de la comisión de estudio citada con la aprobación de iniciativas como la debatida hoy.
