El Parlamento gallego debate mañana la admisión a trámite de una proposición de ley del PP para reformar la ley electoral y reducir el número de diputados de 75 a 61.
De este modo se iniciará el camino parlamentario, que se prevé acabe en un máximo de dos o tres meses, para que en las próximas elecciones autonómicas los gallegos elijan 14 diputados menos.
Se trata de una reforma que rechazan de plano los tres grupos de la oposición, PSdeG, AGE y BNG, y que el PP ha decidido registrar y seguir adelante con ella.
La formación que dirige Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, esgrime entre sus argumentos que el Estatuto de Autonomía establece una franja de entre 60 y 80 diputados, de modo que, en tiempos de dificultades económicas, aducen, hay que ajustar el número de parlamentarios acorde con la principal norma autonómica.
También señala el PP que con esta reforma el resultado de ninguna elección autonómica hasta la fecha habría variado y que se trata más de un mensaje a la sociedad de que las instituciones también se ajustan el cinturón en épocas de crisis, que de un ahorro económico, calculado en alrededor del millón de euros.
Además, el PP entiende que tras intentar llegar a un acuerdo con la oposición y no conseguirlo y llevar esta iniciativa en el programa electoral de 2012 con el que revalidó y aumentó la mayoría absoluta, está legitimado para hacer el recorte.
Todos estos argumentos, sin embargo, son rebatidos por los grupos de la oposición, que consideran un 'golpe a la democracia' esta reducción de diputados sin consenso y de forma unilateral.
Los socialistas, principal partido de la oposición, arguyen que se puede hacer el mismo ahorro económico con otras medidas y sin reducir el número de diputados, algo que también comparten y sostienen AGE y el BNG.
Estas tres fuerzas, además, coinciden en una reforma de la ley electoral más amplia para variar otros aspectos, como la reducción del límite por circunscripción del 5 al 3 por ciento de los votos para obtener un escaño, entre otras medidas.
Otra de sus críticas recurrentes es que el PP quiere romper la proporcionalidad, lo que le beneficiaría en circunscripciones como Ourense y Lugo, según la oposición, y obtener de este modo una ventaja que le permita perpetuar una mayoría absoluta que ahora ha perdido, en su opinión.
El PP sostiene, al contrario, que la reforma que propone respeta las normas del juego porque con este sistema no habría variado el resultado de ninguna elección anterior.
La reforma, una vez aprobada, no entraría en vigor hasta las próximas elecciones autonómicas que, si se agota la legislatura, deberían celebrarse a finales de 2016.
