Los estatutos del partido avalan que continúen en el cargo hasta que se finalice el proceso judicial.
El vicepresidente de la Xunta y número dos del PP gallego, Alfonso Rueda, ratificó que la dirección del partido "aplicará los estatutos" en el caso de los siete ediles compostelanos encausados por prevaricación al haber aprobado el pago de la defensa del concejal de Deportes, Adrián Varela, a su vez imputado en la Operación Pokemon. Dicha norma interna avala su continuidad hasta que haya resolución judicial.
Aunque Rueda no lo explicitó en sus declaraciones, una aplicación estricta de los estatutos populares avala que los concejales sigan en el cargo con independencia de que se fije la fecha para su juicio oral, al menos hasta que haya una sentencia condenatoria o sea sobreseída la causa. En concreto, el PPdeG prevé en sus estatutos abrir un expediente informativo contra cargos con imputaciones judiciales, que sólo se transforma en disciplinario en el caso de que se produzca señalamiento de juicio oral y se resuelve cuando finaliza el procedimiento judicial con la correspondiente sentencia.
Así, el expediente disciplinario incluye el matiz de que la resolución final tendrá lugar cuando se dicte sentencia o, en su caso, haya un sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial.
"SITUACIÓN COMPLICADA"
En cualquier caso, Alfonso Rueda ha reconocido que el gobierno local -con diez de los 13 concejales del PP en activo imputados- se encuentra en "una situación complicada", que al partido le gustaría que "no se hubiera dado". "Pero la justicia toma sus decisiones y hay poco que decir", apostilló.
Por su parte, el alcalde de Santiago, Ángel Currás, reiteró su confianza en la inocencia de los siete ediles imputados, rechazó "adelantar acontecimientos" e instó a esperar "a que hable la justicia" tras insistir en que el caso que se sigue contra los concejales "no se trata de corrupción".
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, aseguró que, si su partido se encontrase en la situación del PP en el Ayuntamiento de Santiago, "en este momento los concejales y el alcalde estarían apartados". Besteiro reclamó al presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, que conteste qué hará respecto a los siete ediles imputados. Para ellos, la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación y el juzgado notificó ya la apertura de juicio oral.
El BNG se movilizó ayer en Santiago para exigir a la sociedad que se "rebele" ante la situación actual. Así lo señaló el portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, que participó en un acto simbólico en Compostela en el que, a modo de conclusión del Carnaval, procedieron a celebrar el 'entierro de doña Corrupción'.
Vence destacó que "detrás de todas las tramas de corrupción", como es el caso de la Operación Pokemon, se encuentre la "financiación ilegal de los partidos implicados, tanto del PP como, por lo que se ve, del PSOE", y pidió la dimisión de los implicados.
Por su parte, la responsable local del BNG, Goretti Sanmartín, sólo ve "dos soluciones" para resolver la crisis en Santiago, "que dimitan todas las personas imputadas y corra la lista", o, de lo contrario, "se disuelva la corporación" y se proceda de forma "inmediata" a convocar de nuevo elecciones.
