El principal imputado por el crimen de Aranga, condenado a 34 años de prisión

La Audiencia de A Coruña condenó a 34 años y 4 meses de prisión por dos delitos de asesinato a José Ramón B.V., principal imputado del conocido como 'crimen de Aranga' y para el que la Fiscalía pedía penas que sumaban 52 años de cárcel por los delitos de asesinato, profanación de cadáveres y tenencia ilícita de armas.
Fuentes del procedimiento judicial confirmaron que, en su sentencia, la Audiencia coruñesa absuelve a los otros seis procesados, entre ellos la mujer de José Ramón B.V., todos ellos acusados de encubrimiento y profanación de cadáveres. Únicamente, la Audiencia de A Coruña ha condenado a Antonio F.B. por tenencia ilícita de armas.

La defensa del principal imputado había reclamado en el juicio la absolución de su cliente o que se le condenase por un delito de homicidio alegando, entre otros atenuantes, miedo insuperable. Por el contrario, la Fiscalía mantuvo su petición de 25 años de prisión por cada uno de los delitos de asesinato que le imputaba, más otros diez meses por sendos delitos de profanación de cadáveres y dos años por tenencia ilícita de armas. De forma alternativa, había pedido una condena por dos asesinatos sin ensañamiento, con una condena, en ese caso, de 20 años por cada uno de ellos, a las que se sumarían las peticiones de cárcel por profanación de cadáveres y tenencia ilícita de armas.


LOS HECHOS

Según su tesis, José Ramón B.V. habría matado a las víctimas, Javier Toledo y Manuel Ramón Luaces, en su casa de la localidad coruñesa de Aranga, en noviembre de 2008, durante una discusión por una deuda de drogas. Asimismo, sostuvo que su mujer, María del Pilar P.R., y los otros acusados, Antonio F.B., Mónica M.S., Alberto S.R., Ana Belén F. y Yago S.H., 'dada su amistad', le ayudaron a descuartizar y ocultar los cadáveres en una vivienda de su propiedad en Culleredo (A Coruña).

Para ellos, pedía penas que oscilaban entre los cinco años y los diez meses de prisión, mientras que las defensas reclamaban la absolución. La Audiencia entiende que no hay 'indicios' o 'pruebas' para su condena.

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