Uno de los acusados, José Manuel García Adán, es además el principal imputado en la Operación Carioca

Reanudado el juicio contra una banda de proxenetas tras reaparecer después de ocho años la principal testigo

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha reanudado este martes el juicio contra siete acusados de los delitos de prostitución, vulneración de los derechos de los trabajadores y detención ilegal, tras la reaparición, después de ocho años en paradero desconocido, de la principal testigo de cargo.
El juicio fue aplazado el pasado 28 de febrero para poder oír la declaración de 'Cristina' -nombre figurado- una testigo protegida de la que se perdió la pista en 2003 y que ha declarado por videoconferencia este martes.

Entre los siete acusados que se sientan en el banquillo de los acusados está el dueño de local Queens y principal imputado en la operación Carioca, José Manuel García Adán.

Según ha explicado la testigo este martes, los acusados contactaron en Colombia con ella y, 'conociendo su precaria situación económica', le propusieron trabajar en clubs de alterne, algo que ella aceptó.

Una vez que llegó al Aeropuerto de A Coruña, ha asegurado, dos de los acusados la recogieron y le explicaron que su deuda 'ascendía a un millón de pesetas', tras lo que le retiraron el billete de vuelta y el dinero que traía, 'pero no su pasaporte'.

La testigo empezó trabajando en el club Oasis de Pontevedra, que regentaba uno de los acusados. Posteriormente, ha dicho que fue trasladada a otros clubs, como 'O Pazo', en Lugo, en donde los encargados eran los acusados Manuel Ulloa Manteiga, apodado 'el melenas', y José Isolino Rico Chorén, alias 'Rico'.

Más tarde, la mujer fue 'vendida' al club Keops, en Ourense, del que, según explicó, era encargado otro acusado, Manuel Antonio Ferreiro, alias 'Gato', y en el que, supuestamente, realizaba labores de vigilancia de las mujeres Carlos Varela, el séptimo y último procesado por este caso.

'Yo solo quería pagarles su dinero, en ningún momento pensé en huir del club hasta pagar mi deuda', ha dicho la testigo tras asegurar que 'nunca' fue 'maltratada', aunque 'había amenazas', ha declarado.

En la sesión anterior los acusados negaron todas las acusaciones e insistieron en que en ningún momento se engañó ni se presionó a la denunciante para que ejerciera la prostitución ni se le retiró la documentación para impedir su huida. El fiscal, Augusto Santaló, pide para los acusados una pena de 10 años de prisión cada uno.

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