El juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro (Lugo) decretó el sobreseimiento de una causa contra el alcalde de Foz, el socialista José María García Rivera, que había promovido el ex portavoz popular de este municipio, Ramón Martínez, por un presunto delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación administrativa.
En la denuncia se hacía saber que el Ayuntamiento de Foz había concedido diversas licencias de obras para la construcción de viviendas tres días después de que el pleno hubiera decretado la suspensión de licencias urbanísticas.
También se hace mención a la decisión incumplida por el Gobierno local focense de anular dichas licencias, tal y como había requerido el director general de Urbanismo, Ramón Lueje, al interpretar que se había incumplido el ordenamiento jurídico.
El juzgado concluye ahora que, tras las diligencias practicadas, es indiscutible que no concurren en el acuerdo ningún elemento normativo que fuese contrario a la concesión de las licencias, ni que se hubiera adoptado una decisión por parte de los encausados a sabiendas de su injusticia.
De la misma forma se concluye que no se puede sustentar la existencia de una comisión del delito de prevaricación administrativa, por lo que acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones.
Tras esta resolución judicial, el alcalde ha expresado su satisfacción ya que, afirmó, fue una denuncia que produjo mucho daño al equipo de gobierno, al alcalde y a los funcionarios.
García Rivera entendió que la denuncia penal sólo tenía como objetivo intentar sacar al alcalde de su lugar, ya que se produjo unos meses antes de las últimas elecciones locales, en las que el mandatario focense fue reelegido con mayoría simple.
El alcalde focense fue más lejos y sostuvo que se equivocó la Consellería de Política Territorial cuando mandó paralizar las licencias y se equivocaron en el Partido Popular cuando optaron por acudir a la justicia.
Igualmente, aprovechó para defender que el litoral de Foz dispone de 25 kilómetros vírgenes de presión urbanística y arremetió contra la oposición (BNG y PP), al interpretar que con sus denuncias consiguieron incrementar los efectos de la crisis en Foz, por lo que, reprochó, no se puede consentir esta forma de hacer política.
También se hace mención a la decisión incumplida por el Gobierno local focense de anular dichas licencias, tal y como había requerido el director general de Urbanismo, Ramón Lueje, al interpretar que se había incumplido el ordenamiento jurídico.
El juzgado concluye ahora que, tras las diligencias practicadas, es indiscutible que no concurren en el acuerdo ningún elemento normativo que fuese contrario a la concesión de las licencias, ni que se hubiera adoptado una decisión por parte de los encausados a sabiendas de su injusticia.
De la misma forma se concluye que no se puede sustentar la existencia de una comisión del delito de prevaricación administrativa, por lo que acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones.
Tras esta resolución judicial, el alcalde ha expresado su satisfacción ya que, afirmó, fue una denuncia que produjo mucho daño al equipo de gobierno, al alcalde y a los funcionarios.
García Rivera entendió que la denuncia penal sólo tenía como objetivo intentar sacar al alcalde de su lugar, ya que se produjo unos meses antes de las últimas elecciones locales, en las que el mandatario focense fue reelegido con mayoría simple.
El alcalde focense fue más lejos y sostuvo que se equivocó la Consellería de Política Territorial cuando mandó paralizar las licencias y se equivocaron en el Partido Popular cuando optaron por acudir a la justicia.
Igualmente, aprovechó para defender que el litoral de Foz dispone de 25 kilómetros vírgenes de presión urbanística y arremetió contra la oposición (BNG y PP), al interpretar que con sus denuncias consiguieron incrementar los efectos de la crisis en Foz, por lo que, reprochó, no se puede consentir esta forma de hacer política.
