El Parlamento gallego ha aprobado hoy, con los únicos votos del PP, la reforma de la Ley del Suelo, un texto que recibió el voto en contra del BNG y la abstención del PSOE, que quiso expresar su desconfianza sobre la actitud de los populares ante los espacios protegidos.
El pasado día 17 los socialistas habían anunciado su apoyo a la normativa, por entender que con sus aportaciones habían conseguido el 'blindaje' de los espacios naturales de Galicia, entre ellos cabo Touriñán, donde el anterior Gobierno de coalición impidió la instalación de una piscifactoría.
Luego, el PSdeG cambió de criterio y decidió abstenerse porque, según explicó su portavoz, Mar Barcón, pese a que el artículo consensuado garantiza que no se pueden instalar piscifactorías en zonas de la red Natura, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, llegó a decir que el Gobierno gallego propiciaría una factoría en Touriñán. Por tanto, 'no nos podemos fiar', dijo la diputada.
Para el popular Román Rodríguez, esta postura del PSOE es una mera 'excusa de mal pagador' y revela, dijo, un 'escaso' liderazgo, así como la 'división' del grupo.
Mientras, el BNG, que mantuvo desde el principio su oposición a la norma, consideró que se trata de una 'chapuza' y contiene algunos aspectos que han dado lugar a brotes de 'corrupción' y especulación, como la posibilidad de 'monetarizar' la cesión de terrenos a los ayuntamientos por las promotoras, dijo la nacionalista Teresa Táboas.
Mar Barcón sostuvo que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se preocupa más 'por el interés del señor Fernández de Sousa (presidente de Pescanova) que de los espacios naturales' y se preguntó si la planta proyectada es 'la niña de sus ojos' del jefe del Ejecutivo.
Tanto el popular Román Rodríguez como el conselleiro de Política Territorial, Agustín Hernández, lamentaron los 'vaivenes' de los socialistas, en palabras de este último, y destacaron lo que consideraron esfuerzo del PP y la Xunta por lograr el consenso.
'Se están convirtiendo en una fuerza casi prescindible para Galicia', dijo al PSOE Román Rodríguez, para quien la norma será recordada por Touriñán y Pescanova, ante lo que dijo que a los socialistas 'los árboles no les dejan ver el bosque'.
Al margen de este asunto, otro de los que generó controversia fue la posibilidad que abre la reforma legislativa de legalizar construcciones irregulares, especialmente polígonos industriales, a lo que se opuso desde el principio el BNG.
Sin embargo, PP y PSOE coincidieron en que se trata de hacer frente a una realidad y así Mar Barcón sostuvo que no se trata de una 'amnistía' ni un 'punto final', sino que se legalizarán los polígonos que no tengan abiertos expedientes, entre otras cautelas que introduce la ley, y de la que señaló que, pese a la abstención de su grupo, ha sido mejorada durante la tramitación parlamentaria.
Por su parte, Táboas, que también expresó el criterio de su grupo contrario a la construcción de piscifactorías en Red Natura, insistió en que el problema no se puede simplificar en Touriñán, puesto que la norma, que es 'apresurada y supone un regreso a la 'barra libre' en el urbanismo, contiene más problemas.
Así, se refirió a la posibilidad de que la cesión del 10 por ciento del aprovechamiento del suelo que corresponde a los Ayuntamientos pueda ser vendido a través de un convenios urbanísticos, que están dando lugar en todo el territorio español a 'episodios de corrupción urbanística', de la que en Galicia 'tampoco somos ajenos'.
A este respecto, Táboas lamentó el proyecto para legalizar a través de un convenio 'millonario' en el ayuntamiento lucense de Barreiros, donde, 'con cuartos públicos' se pretende viabilizar urbanizaciones supuestamente ilegales, ante lo que acusó al PP de hacer 'tropelías', mientras se preguntó si este convenio acabará en los tribunales.
Poco antes de la votación de la norma se produjo una nueva polémica, al introducir el PP una enmienda de última hora, para lo que era precisa la unanimidad de los grupos, sugerida por los sindicatos agrarios para los usos del suelo agroganadero, y que finalmente no prosperó por la oposición de socialistas y nacionalistas.
A este respecto, Táboas consideró que esta enmienda simboliza la 'chapuza' de esta norma, ante lo que el popular Román Rodríguez alegó que un partido no termina hasta el pitido final del árbitro.
Luego, el PSdeG cambió de criterio y decidió abstenerse porque, según explicó su portavoz, Mar Barcón, pese a que el artículo consensuado garantiza que no se pueden instalar piscifactorías en zonas de la red Natura, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, llegó a decir que el Gobierno gallego propiciaría una factoría en Touriñán. Por tanto, 'no nos podemos fiar', dijo la diputada.
Para el popular Román Rodríguez, esta postura del PSOE es una mera 'excusa de mal pagador' y revela, dijo, un 'escaso' liderazgo, así como la 'división' del grupo.
Mientras, el BNG, que mantuvo desde el principio su oposición a la norma, consideró que se trata de una 'chapuza' y contiene algunos aspectos que han dado lugar a brotes de 'corrupción' y especulación, como la posibilidad de 'monetarizar' la cesión de terrenos a los ayuntamientos por las promotoras, dijo la nacionalista Teresa Táboas.
Mar Barcón sostuvo que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se preocupa más 'por el interés del señor Fernández de Sousa (presidente de Pescanova) que de los espacios naturales' y se preguntó si la planta proyectada es 'la niña de sus ojos' del jefe del Ejecutivo.
Tanto el popular Román Rodríguez como el conselleiro de Política Territorial, Agustín Hernández, lamentaron los 'vaivenes' de los socialistas, en palabras de este último, y destacaron lo que consideraron esfuerzo del PP y la Xunta por lograr el consenso.
'Se están convirtiendo en una fuerza casi prescindible para Galicia', dijo al PSOE Román Rodríguez, para quien la norma será recordada por Touriñán y Pescanova, ante lo que dijo que a los socialistas 'los árboles no les dejan ver el bosque'.
Al margen de este asunto, otro de los que generó controversia fue la posibilidad que abre la reforma legislativa de legalizar construcciones irregulares, especialmente polígonos industriales, a lo que se opuso desde el principio el BNG.
Sin embargo, PP y PSOE coincidieron en que se trata de hacer frente a una realidad y así Mar Barcón sostuvo que no se trata de una 'amnistía' ni un 'punto final', sino que se legalizarán los polígonos que no tengan abiertos expedientes, entre otras cautelas que introduce la ley, y de la que señaló que, pese a la abstención de su grupo, ha sido mejorada durante la tramitación parlamentaria.
Por su parte, Táboas, que también expresó el criterio de su grupo contrario a la construcción de piscifactorías en Red Natura, insistió en que el problema no se puede simplificar en Touriñán, puesto que la norma, que es 'apresurada y supone un regreso a la 'barra libre' en el urbanismo, contiene más problemas.
Así, se refirió a la posibilidad de que la cesión del 10 por ciento del aprovechamiento del suelo que corresponde a los Ayuntamientos pueda ser vendido a través de un convenios urbanísticos, que están dando lugar en todo el territorio español a 'episodios de corrupción urbanística', de la que en Galicia 'tampoco somos ajenos'.
A este respecto, Táboas lamentó el proyecto para legalizar a través de un convenio 'millonario' en el ayuntamiento lucense de Barreiros, donde, 'con cuartos públicos' se pretende viabilizar urbanizaciones supuestamente ilegales, ante lo que acusó al PP de hacer 'tropelías', mientras se preguntó si este convenio acabará en los tribunales.
Poco antes de la votación de la norma se produjo una nueva polémica, al introducir el PP una enmienda de última hora, para lo que era precisa la unanimidad de los grupos, sugerida por los sindicatos agrarios para los usos del suelo agroganadero, y que finalmente no prosperó por la oposición de socialistas y nacionalistas.
A este respecto, Táboas consideró que esta enmienda simboliza la 'chapuza' de esta norma, ante lo que el popular Román Rodríguez alegó que un partido no termina hasta el pitido final del árbitro.
