El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 29 años de cárcel dictada por la Audiencia Nacional en diciembre de 2007 contra el histórico dirigente de los 'grapo' Fernando Silva Sande como responsable directo del asesinato en 1990 del coronel retirado de Infantería Manuel López Muñoz.
De este modo, el alto tribunal ha rechazado el recurso de casación presentado por el terrorista contra aquella resolución al entender que Silva Sande, cualquiera que fuese su situación en la organización criminal, tenía la autoridad suficiente para ordenar a los que luego fueron sus ejecutores la acción de matar a un militar en Valladolid.
Basta recordar que Guillermo Vázquez Bautista --uno de los terroristas ya condenados por estos hechos--, en su declaración en el juicio hasta en cuatro veces utiliza la inequívoca expresión de orden recibida del recurrente, orden de atentar contra un militar en Valladolid, añade la resolución de la que ha sido ponente el magistrado Joaquín Jiménez García.
A todos y por tanto no sólo a los que intervienen en la ejecución, sino a los que tienen la capacidad de decidir y de ordenar un hecho concreto se les puede imputar el hecho, explica la sentencia que además concluye que no puede cuestionarse la condición de autor de quien por el puesto que ocupa en la organización terrorista tiene la capacidad de decidir una concreta acción terrorista. Es evidente que si esta decisión no se hubiese dado, el hecho no se hubiera cometido, dice el Tribunal Supremo.
Asimismo, el alto tribunal defiende que en aquellos casos en los que se comprueba que una persona con capacidad de decisión dentro de un grupo criminal acuerda la realización de una acción concreta, debe responder de ella junto con los ejecutores materiales, y esto es lo que ha ocurrido aquí.
En la misma línea, la Audiencia Nacional consideró que Silva Sande ordenó el atentado, tuvo en todo momento dominio del hecho, lo que lleva a considerarlo autor material, más que inductor.
VOTO PARTICULAR
No obstante, la sentencia del Tribunal Supremo cuenta con un voto particular emitido por el magistrado Luciano Varela, quien muestra su discrepancia con la decisión de la sala al entender que las declaraciones como testigo del ya condenado Guillermo Bautista no se acompañó de la más mínima de las corroboraciones. Estimo que su declaración carece de la solidez exigible para enervar el derecho a la presunción de inocencia del penado, garantía que la decisión de la mayoría viene a vulnerar, por ello estimo que debió ser absuelto el recurrente, dice este magistrado.
Los hechos tuvieron lugar en mayo de 1990 cuando, según los hechos probados de la sentencia, Silva Sande participó en calidad de dirigente en una reunión celebrada en Perpiñan (Francia) junto a los miembros de la banda, ya condenados por estos hechos, Guillermo Vázquez Bautista y María Jesús Romero Vega.
En la reunión se acordó que si el Gobierno de España no accedía a negociar con la banda la reunificación de sus presos que se encontraban en la cárcel, los GRAPO actuarían en Valladolid contra un militar del Ejército español. Bajo estas instrucciones, Vázquez y Romero se desplazaron a la ciudad vallisoletana, instalándose en un piso franco de la banda donde ya se encontraba la también condenada Olga Oliveira. Según la Sala, todos ellos esperaron a que Silva Sande diese la orden de asesinar al coronel.
El atentado se produjo finalmente el 15 de junio de 1990 a las ocho de la mañana en la cafetería 'Estribos' donde Vázquez y Oliveira esperaron armados a que el militar saliese de su casa, a pocos metros del establecimiento. En el momento en el que Manuel López se encontraba a la entrada de la cafetería, Vázquez se acercó a él y le asestó dos disparos en la cabeza provocándole la muerte en el acto.
Basta recordar que Guillermo Vázquez Bautista --uno de los terroristas ya condenados por estos hechos--, en su declaración en el juicio hasta en cuatro veces utiliza la inequívoca expresión de orden recibida del recurrente, orden de atentar contra un militar en Valladolid, añade la resolución de la que ha sido ponente el magistrado Joaquín Jiménez García.
A todos y por tanto no sólo a los que intervienen en la ejecución, sino a los que tienen la capacidad de decidir y de ordenar un hecho concreto se les puede imputar el hecho, explica la sentencia que además concluye que no puede cuestionarse la condición de autor de quien por el puesto que ocupa en la organización terrorista tiene la capacidad de decidir una concreta acción terrorista. Es evidente que si esta decisión no se hubiese dado, el hecho no se hubiera cometido, dice el Tribunal Supremo.
Asimismo, el alto tribunal defiende que en aquellos casos en los que se comprueba que una persona con capacidad de decisión dentro de un grupo criminal acuerda la realización de una acción concreta, debe responder de ella junto con los ejecutores materiales, y esto es lo que ha ocurrido aquí.
En la misma línea, la Audiencia Nacional consideró que Silva Sande ordenó el atentado, tuvo en todo momento dominio del hecho, lo que lleva a considerarlo autor material, más que inductor.
VOTO PARTICULAR
No obstante, la sentencia del Tribunal Supremo cuenta con un voto particular emitido por el magistrado Luciano Varela, quien muestra su discrepancia con la decisión de la sala al entender que las declaraciones como testigo del ya condenado Guillermo Bautista no se acompañó de la más mínima de las corroboraciones. Estimo que su declaración carece de la solidez exigible para enervar el derecho a la presunción de inocencia del penado, garantía que la decisión de la mayoría viene a vulnerar, por ello estimo que debió ser absuelto el recurrente, dice este magistrado.
Los hechos tuvieron lugar en mayo de 1990 cuando, según los hechos probados de la sentencia, Silva Sande participó en calidad de dirigente en una reunión celebrada en Perpiñan (Francia) junto a los miembros de la banda, ya condenados por estos hechos, Guillermo Vázquez Bautista y María Jesús Romero Vega.
En la reunión se acordó que si el Gobierno de España no accedía a negociar con la banda la reunificación de sus presos que se encontraban en la cárcel, los GRAPO actuarían en Valladolid contra un militar del Ejército español. Bajo estas instrucciones, Vázquez y Romero se desplazaron a la ciudad vallisoletana, instalándose en un piso franco de la banda donde ya se encontraba la también condenada Olga Oliveira. Según la Sala, todos ellos esperaron a que Silva Sande diese la orden de asesinar al coronel.
El atentado se produjo finalmente el 15 de junio de 1990 a las ocho de la mañana en la cafetería 'Estribos' donde Vázquez y Oliveira esperaron armados a que el militar saliese de su casa, a pocos metros del establecimiento. En el momento en el que Manuel López se encontraba a la entrada de la cafetería, Vázquez se acercó a él y le asestó dos disparos en la cabeza provocándole la muerte en el acto.
