El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra el catálogo priorizado de medicamentos, incluidos en la financiación del Sistema Nacional de Salud, aprobado por la Xunta de Galicia para reducir el gasto farmacéutico. Al ser el Ejecutivo quien promovió el recurso, la norma gallega quedará suspendida hasta que el conflicto se resuelva, según consta en la providencia difundida por el Constitucional, si bien la Xunta tiene un plazo de veinte días para aportar cuantos documentos y alegaciones considere convenientes.
El catálogo gallego excluye 427 medicamentos que no en todos los casos pueden sustituirse por otros equivalentes, según esgrime la Administración central, lo que puede crear problemas de salud para los gallegos y para aquellos ciudadanos que se desplacen a esa región.
El Gobierno emprendió esta medida por entender que el listado de fármacos de Galicia invade las competencias exclusivas del Estado, que decide los medicamentos que se incluyen en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS).
El TC ha hecho pública esta decisión un día después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) denegase la suspensión cautelar del catálogo autonómico de genéricos, en respuesta a un recurso presentado por la Federación de Farmacias de Galicia (FEFGA) para paralizar su aplicación.
La Abogacía del Estado señala al respecto que, si Galicia tiene un catalogo priorizado de productos farmacéuticos, aunque sea dentro de los límites fijados por el nomenclátor estatal, se están sentando las bases para que existan tantas listas de productos farmacéuticos como Comunidades Autónomas. Cada Ejecutivo regional podría elegir los productos de su catálogo en función de cualquier contingencia o eventualidad -criterios económicos, disponibilidad material, formato, etcétera-, alega.
Por ello, sostiene que admitir esta posibilidad 'alteraría profundamente el ejercicio de la competencia exclusiva que en esta materia se reconoce al Estado'.
El Gobierno que dirige Alberto Núñez Feijóo sostiene que la aplicación del catálogo a financiar por el Servicio Gallego de Salud (Sergas) ha permitido ahorrar, desde su entrada en vigor, más de 11 millones de euros a las arcas públicas.
La Xunta aprobó la Ley de racionalización del gasto en la prestación farmacéutica de la Comunidad ante la crisis económica, para garantizar al sostenibilidad y la viabilidad del sistema público. Se trata de que, cuando haya más de un fármaco con el mismo principio activo que cura una enfermedad pero con distinto precio, el sistema sanitario financie el más económico sin que esto perjudique a la calidad del tratamiento.
Durante las conversaciones entre Ejecutivo y Xunta para intentar superar el litigio, el Gobierno autonómico retocó su normativa para incluir las prescripciones de fármacos que estén fuera de su catálogo en 'casos excepcionales'.
El Gobierno emprendió esta medida por entender que el listado de fármacos de Galicia invade las competencias exclusivas del Estado, que decide los medicamentos que se incluyen en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS).
El TC ha hecho pública esta decisión un día después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) denegase la suspensión cautelar del catálogo autonómico de genéricos, en respuesta a un recurso presentado por la Federación de Farmacias de Galicia (FEFGA) para paralizar su aplicación.
La Abogacía del Estado señala al respecto que, si Galicia tiene un catalogo priorizado de productos farmacéuticos, aunque sea dentro de los límites fijados por el nomenclátor estatal, se están sentando las bases para que existan tantas listas de productos farmacéuticos como Comunidades Autónomas. Cada Ejecutivo regional podría elegir los productos de su catálogo en función de cualquier contingencia o eventualidad -criterios económicos, disponibilidad material, formato, etcétera-, alega.
Por ello, sostiene que admitir esta posibilidad 'alteraría profundamente el ejercicio de la competencia exclusiva que en esta materia se reconoce al Estado'.
El Gobierno que dirige Alberto Núñez Feijóo sostiene que la aplicación del catálogo a financiar por el Servicio Gallego de Salud (Sergas) ha permitido ahorrar, desde su entrada en vigor, más de 11 millones de euros a las arcas públicas.
La Xunta aprobó la Ley de racionalización del gasto en la prestación farmacéutica de la Comunidad ante la crisis económica, para garantizar al sostenibilidad y la viabilidad del sistema público. Se trata de que, cuando haya más de un fármaco con el mismo principio activo que cura una enfermedad pero con distinto precio, el sistema sanitario financie el más económico sin que esto perjudique a la calidad del tratamiento.
Durante las conversaciones entre Ejecutivo y Xunta para intentar superar el litigio, el Gobierno autonómico retocó su normativa para incluir las prescripciones de fármacos que estén fuera de su catálogo en 'casos excepcionales'.
