Un total de 10 municipios gallegos han visto retenidos los anticipos que se corresponden con su participación con los tributos del Estado en el mes de octubre, por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, al no haber presentado los datos de liquidación de sus presupuestos de 2010. En el conjunto del Estado, esta circunstancia ha afectado a 1.022 ayuntamientos, frente a los 7.092 que sí lo hicieron.
Así, Galicia se sitúa por encima de la media española, ya que el 96,82 por ciento de los municipios sí presentaron su liquidación en tiempo, frente a la media en el Estado, que es del 87,4 por ciento del total de ayuntamientos.
Concretamente, según los datos consultados por Europa Press, en la Comunidad gallega tienen retenidos estos anticipos los ayuntamientos coruñeses de Santiso y Ames; los lucenses de Antas de Ulla, Mondoñedo y Xermade; los ourensanos de Manzaneda y Vilamartín de Valdeorras; y los pontevedreses de Agolada, Ribadumia y Rodeiro.
Concretamente, el Ministerio de Economía y Hacienda ha retenido anticipos a 1.022 municipios por valor de 13,5 millones aunque, según indica en un comunicado, la retención de ingresos que se ha comunicado a los ayuntamientos no implica la pérdida de recursos, ya que la cantidad será reintegrada a las arcas municipales a medida que los ayuntamientos cumplan con sus obligaciones de información.
La Ley de Economía Sostenible obliga al Departamento dirigido por Elena Salgado a retener el importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos a partir del mes de septiembre cuando las entidades locales incumplen la obligación de remitir al Gobierno la información relativa a la liquidación de sus presupuestos de cada ejercicio.
PLAZO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE
Así, el Ministerio de Economía dio de plazo hasta el 30 de septiembre a las entidades locales para enviar esta información del año 2010, aunque, transcurrido ese periodo, 7.092 municipios (el 87,4% del total) enviaron la información preceptiva, mientras que 1.022 (el 12,6%) no lo hicieron.
El año pasado, cuando esta disposición legal aún no estaba en vigor, un total de 3.890 (el 48%) habían presentado la liquidación de sus presupuestos, mientras que 4.224 (el 52%) no lo habían hecho. Así, el Ministerio asegura que la aplicación de la Ley de Economía Sostenible ha incrementado del 50% al 90% el porcentaje de municipios que cumplen esta obligación.
Concretamente, según los datos consultados por Europa Press, en la Comunidad gallega tienen retenidos estos anticipos los ayuntamientos coruñeses de Santiso y Ames; los lucenses de Antas de Ulla, Mondoñedo y Xermade; los ourensanos de Manzaneda y Vilamartín de Valdeorras; y los pontevedreses de Agolada, Ribadumia y Rodeiro.
Concretamente, el Ministerio de Economía y Hacienda ha retenido anticipos a 1.022 municipios por valor de 13,5 millones aunque, según indica en un comunicado, la retención de ingresos que se ha comunicado a los ayuntamientos no implica la pérdida de recursos, ya que la cantidad será reintegrada a las arcas municipales a medida que los ayuntamientos cumplan con sus obligaciones de información.
La Ley de Economía Sostenible obliga al Departamento dirigido por Elena Salgado a retener el importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos a partir del mes de septiembre cuando las entidades locales incumplen la obligación de remitir al Gobierno la información relativa a la liquidación de sus presupuestos de cada ejercicio.
PLAZO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE
Así, el Ministerio de Economía dio de plazo hasta el 30 de septiembre a las entidades locales para enviar esta información del año 2010, aunque, transcurrido ese periodo, 7.092 municipios (el 87,4% del total) enviaron la información preceptiva, mientras que 1.022 (el 12,6%) no lo hicieron.
El año pasado, cuando esta disposición legal aún no estaba en vigor, un total de 3.890 (el 48%) habían presentado la liquidación de sus presupuestos, mientras que 4.224 (el 52%) no lo habían hecho. Así, el Ministerio asegura que la aplicación de la Ley de Economía Sostenible ha incrementado del 50% al 90% el porcentaje de municipios que cumplen esta obligación.
