El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, consideró 'inoperante' el procedimiento español para dirimir conflictos masivos, como el caso de las participaciones preferentes o la catástrofe del Prestige. Varela presentó ayer en comisión parlamentaria la Memoria Anual 2012 en la que analizó el proceso de introducción en el sistema español de mecanismos para la defensa de consumidores y usuarios, así como la necesidad de hacer frente a 'abusos en masa', y concluyó que el resultado fue 'una legislación esquizofrénica o duplicada y contrapuesta'.
Para Varela, 'el drama social de la comercialización de las participaciones preferentes y otros productos financieros híbridos puso en evidencia la inadecuación y los obstáculos de nuestro proceso civil tradicional para la defensa de los derechos e intereses colectivos'. Explicó que, en lugar de abordar este asunto de manera integral, como se hizo en Estados Unidos o Brasil, en España se fueron agregando a la regulación de carácter general las disposiciones específicas previstas para estos procesos, 'disposiciones que unas veces son aclaraciones, otras precisiones y, con frecuencia, regulaciones en contra de lo que constituye el principio general'.
Por ello, si un estudioso quiere reconstruir el procedimiento, tiene que hacerlo 'con la paciencia de los arqueólogos', después de que en la reforma procesual civil realizada en España en el 2000 se contemplara la defensa de los intereses colectivos y difusos 'de una manera incompleta, poco sistemática e insuficiente'.
Así, para resolver el problema de miles de demandas basadas en los mismos hechos y las mismas circunstancias, aparecen decisiones contradictorias, los afectados optan por abstenerse de demandar o unos ganan y otros pierden, con 'sentencias dispares ante los mismos hechos'. Por ello, Carlos Varela demandó la elaboración legislativa de un 'modelo de proceso colectivo'.
Del 'Prestige', calificó de 'insatisfactorio el resultado', como consecuencia de una regulación 'incompleta y defectuosa de nuestro ordenamiento jurídico en relación con los problemas que presenta la tutela ambiental', por lo que en este caso también se manifestó por 'una visión eminentemente social, favoreciendo a la víctima de la contaminación, por considerarla en una situación de desventaja ante los causantes del daño'.
CONTROL DE LA CORRUPCIÓN
De la transparencia y control de la corrupción, el fiscal superior reiteró su propuesta de creación de un órgano independiente encargado de vigilar la aplicación del principio de transparencia y resolver los conflictos que puedan surgir y que 'estuviese dotado de independencia, con el fin de que pueda desempeñar sus funciones de forma eficaz y libre de cualquier presión ilícita'. También demandó 'planes de prevención de riesgos de gestión' en cada administración que disponga de fondos públicos.
También apreció una 'laguna' en el ordenamiento jurídico en incendios forestales, que calificó en Galicia de 'flagelo anual', y que se refiere a los incendios de periferia, que pueden quedar impunes si no se cometen en terrenos propios, si no hay riesgo de propagación o si el daño no supera los 400 euros.
Por ello, si un estudioso quiere reconstruir el procedimiento, tiene que hacerlo 'con la paciencia de los arqueólogos', después de que en la reforma procesual civil realizada en España en el 2000 se contemplara la defensa de los intereses colectivos y difusos 'de una manera incompleta, poco sistemática e insuficiente'.
Así, para resolver el problema de miles de demandas basadas en los mismos hechos y las mismas circunstancias, aparecen decisiones contradictorias, los afectados optan por abstenerse de demandar o unos ganan y otros pierden, con 'sentencias dispares ante los mismos hechos'. Por ello, Carlos Varela demandó la elaboración legislativa de un 'modelo de proceso colectivo'.
Del 'Prestige', calificó de 'insatisfactorio el resultado', como consecuencia de una regulación 'incompleta y defectuosa de nuestro ordenamiento jurídico en relación con los problemas que presenta la tutela ambiental', por lo que en este caso también se manifestó por 'una visión eminentemente social, favoreciendo a la víctima de la contaminación, por considerarla en una situación de desventaja ante los causantes del daño'.
CONTROL DE LA CORRUPCIÓN
De la transparencia y control de la corrupción, el fiscal superior reiteró su propuesta de creación de un órgano independiente encargado de vigilar la aplicación del principio de transparencia y resolver los conflictos que puedan surgir y que 'estuviese dotado de independencia, con el fin de que pueda desempeñar sus funciones de forma eficaz y libre de cualquier presión ilícita'. También demandó 'planes de prevención de riesgos de gestión' en cada administración que disponga de fondos públicos.
También apreció una 'laguna' en el ordenamiento jurídico en incendios forestales, que calificó en Galicia de 'flagelo anual', y que se refiere a los incendios de periferia, que pueden quedar impunes si no se cometen en terrenos propios, si no hay riesgo de propagación o si el daño no supera los 400 euros.
