El Consello de la Xunta de Galicia ha aprobado, en la última reunión del Gobierno bipartito antes de las elecciones del 1 de marzo, avales para préstamos de circulante y reestructuración de deuda por importe de 53 millones para la financiación de 27 empresas.
Las empresas a las que se dirigen estos avales pertenecen a los sectores de la automoción, construcción naval y textil-moda, entre otros. Estos avales ampararán préstamos de un importe global de 84 millones de euros.
Los avales aportados a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), dependiente de la Consellería de Economía y Hacienda, permitirán la financiación de empresas como Grupo Fehrer-Copo Ibérica (automoción), Construcciones Navales Freire (construcción naval) o Volvoreta (textil).
Al amparo de las operaciones autorizadas hoy por el Consello de la Xunta, en el sector de la automoción, el Igape concederá avales por importe de 13,2 millones de euros: 10,9 millones al Grupo Fehrer-Copo Ibérica en garantía del 60% de un préstamo bancario de 18 millones de euros destinado a financiar necesidades operativas del grupo y a financiar la adquisición de la participación del Grupo Fehrer en las sociedades co-participadas en Zaragoza y Brasil; un aval a Treves Galicia SLU por importe de 1,65 millones, y otro de 0,7 millones a Investigación y Proyectos de Vehículos Especiales.
En el sector de la construcción naval, el Igape concederá avales por importe de 4,8 millones a dos empresas: Construcciones Navales Freire (2,7 millones) y Astilleros M. Cíes (2,1 millones).
En el sector textil, destaca un aval de 1,2 millones de euros a la empresa Volvoreta S.A. de la diseñadora gallega, Kina Fernández.
Entre los avales aprobados en el Consello de hoy, destacan también los destinados a sectores como alimentación, madera y mueble y granito.
Así, en el ámbito del sector alimentario, el Consello autorizó la concesión de avales a empresas como Frigoríficos Conchado (3,99 millons de euros); Promotora Industrial Sadense (2,45); Matadero Frigorífico de Montellos (1,82), o F.C. Alimentación (1,12).
El Igape también concederá apoyos mediante aval a las empresas Lonxanet Directo, Alimentos Ruta Xacobea, Granjas San Luis, Lácteos Río Xallas o Piensos Dumbría.
En el sector de la industria de transformación de la madera y del mueble, el Igape concede avales por importe 10,7 millones de euros. Entre las empresas beneficiarias destacan Maderas Iglesias, que tendrá un aval por importe de 5,2 millones de euros, en garantía del 65% de un préstamo bancario de 8 millones destinado a la refinanciación de pasivos, y Pumade, con un aval por importe máximo de 3 millones en garantía del 70% de un préstamo bancario de 4,4 millones de euros destinado a inversiones en reestructuración industrial y financiación de pasivos y circulante.
En el sector del granito, se conceden avales por importe de 4,6 millones de euros a tres empresas: Granitesa (2,3), Granitos Monte Faro (1,2), y Granitec España (1,1).
También, en el ámbito del sector alimentario, el Consello autorizó la concesión de avales a empresas como Frigoríficos Conchado (3,99 millones de euros), Promotora Industrial Sadense (2,45), Matadero Frigorífico de Montellos (1,82), o F.C. Alimentación (1,12).
El Igape también concederá apoyos mediante aval a las empresas Lonxanet Directo, Alimentos Ruta Xacobea, Granjas San Luis, Lácteos Río Xallas, Piensos Dumbría, Xuntoira Mobiliario de Cociña, Lareira Eurocociñas, Industrias Carballo para a Tecnoloxía do Moble e Russula (1).
Por otra parte, el Gobierno gallego ha aprobado hoy el decreto que regula las competencias sobre funcionarios con habilitación de carácter estatal.
El decreto se fundamenta en el aumento de las competencias que atribuye el Estatuto básico del empleado público a la Comunidad. Estos funcionarios son secretarios, interventores y secretarios-interventores que prestan servicios en las entidades locales gallegas.
Además, el Consello ha sido informado e las resoluciones de la delegación Provincial de la Consellería de Educación de Pontevedra por las que se acuerda el trámite de emergencia de los expedientes de ejecución de obras en centros educativos para reparar los daños producidos por el temporal del pasado 23 de enero. En total, la Administración educativa invierte 410.000 euros en estas obras de reparación.
TRAZABILIDAD DE RESIDUOS
Por otro lado, el Gobierno gallego aprobó el decreto que regula la trazabilidad de los residuos, lo que permitirá simplificar los trámites administrativos en los procesos de traslado, tanto de los desechos peligrosos como no peligrosos.
Según destacó la Xunta, la simplificación de los trámites en el control de los traslados de residuos peligrosos para los pequeños productos, aquellos que generan menos de 10.000 kilos al año, mostró la utilidad y el alto grado de aceptación al establecer un régimen más ágil.
No obstante, quedaban fuera los que superaban esta cantidad, por lo que este decreto fija las condiciones de las transmisiones de residuos peligrosos y no peligrosos, de manera que se determine en todo momento quien es el responsable de los mismos. En Galicia se producen alrededor de 95.000 traslados al año de residuos peligrosos.
Este traslado precisará de un aviso previo, que se solicitará con una antelación mínima de 10 días, documentos de control (que variarán dependiendo de si se mueve un único tipo de residuos o varios, o si procede de un mismo o de varios productores) y de la formalización del traslado.
Los no peligrosos, que no sean de construcción y demolición o se trate de residuos urbanos, deberán documentarse mediante un comprobante de entrega en el que se identifiquen el centro remitente, sus características, la persona gestora destinataria y la fecha de entrega. Por su parte, los de construcción y demolición se regularán por su propia normativa específica recogida en el Real Decreto 105/2008.
Además, tanto en el caso de los productos de residuos peligrosos como no peligrosos, los transportistas (asuman o no la titularidad del desecho) y los gestores deberán llevar a cabo un registro documental de los residuos producidos y gestionados.
Los productores de materiales descartados peligrosos que generen más de 10 toneladas al año, así como los gestores, deberán emplear las aplicaciones telemáticas habilitadas en la página web del Sistema de Información de Residuos de Galicia (SIRGA) para la presentación de los documentos de traslado de los mismos que se hagan dentro de la Comunidad gallega.
Por otra parte, el Ejecutivo autonómico dio luz verde al decreto sobre suelos potencialmente contaminados y el procedimiento para la declaración de suelos contaminados promovido por la Consellería de Medio Ambiente, que obligará a los titulares de los terrenos a llevar a cabo las tareas de limpieza y recuperación ambiental.
Tras la entrada en vigor el pasado 19 de febrero de la Ley de Residuos de Galicia, que regula de manera genérica la declaración de suelos contaminados, el nuevo decreto fija el régimen jurídico que especifica las obligaciones de información de los titulares de actividades potencialmente contaminantes y de sus propietarios, el procedimiento para la declaración de un suelo como contaminado y las operaciones para su recuperación, así como la creación de un Registro de Calidad de los Suelos.
COMPETENCIAS SOBRE FUNCIONARIOS CON HABILITACION ESTATAL
Galicia se convierte en la segunda comunidad, después de Cataluña, que regula el ejercicio de las competencias de la autonomía en relación a los funcionarios con habilitación de carácter estatal, tras el decreto aprobado por el Consello de la Xunta.
El texto busca regular, de forma pormenorizada, las competencias del Gobierno gallego sobre este tipo de empleados públicos (secretarios, interventores y secretarios-interventores que prestan servicios en las entidades locales de la comunidad).
Según explicó el Ejecutivo autonómico, este decreto se debe al incremento competencial atribuido a la comunidad por el Estatuto básico del empleado público (EBEP) -aprobado en abril de 2007y a la necesidad de configurar un marco reglamentario de la comunidad gallega.
El decreto abarca la creación, supresión, clasificación y exención de puestos reservados; el desempeño excepcional de los puestos de tesorería por funcionarios de la corporación; la constitución y disolución de agrupaciones para el sostenimiento en común de puestos reservados y el registro autonómico de funcionarios con habilitación de carácter estatal, la provisión definitiva de puestos reservados (concurso ordinario y libre designación).
Además, el texto aprobado regula la provisión temporal de puestos reservados (nombramientos provisionales, comisiones de servicios, acumulaciones, nombramientos accidentales y nombramiento de personal interino); permutas y selección y promoción de funcionarios con habilitación estatal.
Archivos judiciales territoriales
Por otra parte, el Consello dio luz verde al decreto sobre los archivos judiciales territoriales y la Xunta de Expurgación da Documentación Xudicial en Galicia. En cuanto a los primeros, el texto establece que la red autonómica estará integrada por cuatro archivos de ámbito provincial y que cada uno podrá tener uno o varios depósitos de fondos.
Por su parte, la Xunta de Expurgación es un órgano colegiado de naturaleza administrativa adscrito a la consellería competente en la materia y que, de conformidad con el Real Decreto 937/2003, ejercerá sus competencias en todo el ámbito territorial gallego. Tendrá su sede en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y estará presidida por el máximo mandatario de este órgano.
Los avales aportados a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), dependiente de la Consellería de Economía y Hacienda, permitirán la financiación de empresas como Grupo Fehrer-Copo Ibérica (automoción), Construcciones Navales Freire (construcción naval) o Volvoreta (textil).
Al amparo de las operaciones autorizadas hoy por el Consello de la Xunta, en el sector de la automoción, el Igape concederá avales por importe de 13,2 millones de euros: 10,9 millones al Grupo Fehrer-Copo Ibérica en garantía del 60% de un préstamo bancario de 18 millones de euros destinado a financiar necesidades operativas del grupo y a financiar la adquisición de la participación del Grupo Fehrer en las sociedades co-participadas en Zaragoza y Brasil; un aval a Treves Galicia SLU por importe de 1,65 millones, y otro de 0,7 millones a Investigación y Proyectos de Vehículos Especiales.
En el sector de la construcción naval, el Igape concederá avales por importe de 4,8 millones a dos empresas: Construcciones Navales Freire (2,7 millones) y Astilleros M. Cíes (2,1 millones).
En el sector textil, destaca un aval de 1,2 millones de euros a la empresa Volvoreta S.A. de la diseñadora gallega, Kina Fernández.
Entre los avales aprobados en el Consello de hoy, destacan también los destinados a sectores como alimentación, madera y mueble y granito.
Así, en el ámbito del sector alimentario, el Consello autorizó la concesión de avales a empresas como Frigoríficos Conchado (3,99 millons de euros); Promotora Industrial Sadense (2,45); Matadero Frigorífico de Montellos (1,82), o F.C. Alimentación (1,12).
El Igape también concederá apoyos mediante aval a las empresas Lonxanet Directo, Alimentos Ruta Xacobea, Granjas San Luis, Lácteos Río Xallas o Piensos Dumbría.
En el sector de la industria de transformación de la madera y del mueble, el Igape concede avales por importe 10,7 millones de euros. Entre las empresas beneficiarias destacan Maderas Iglesias, que tendrá un aval por importe de 5,2 millones de euros, en garantía del 65% de un préstamo bancario de 8 millones destinado a la refinanciación de pasivos, y Pumade, con un aval por importe máximo de 3 millones en garantía del 70% de un préstamo bancario de 4,4 millones de euros destinado a inversiones en reestructuración industrial y financiación de pasivos y circulante.
En el sector del granito, se conceden avales por importe de 4,6 millones de euros a tres empresas: Granitesa (2,3), Granitos Monte Faro (1,2), y Granitec España (1,1).
También, en el ámbito del sector alimentario, el Consello autorizó la concesión de avales a empresas como Frigoríficos Conchado (3,99 millones de euros), Promotora Industrial Sadense (2,45), Matadero Frigorífico de Montellos (1,82), o F.C. Alimentación (1,12).
El Igape también concederá apoyos mediante aval a las empresas Lonxanet Directo, Alimentos Ruta Xacobea, Granjas San Luis, Lácteos Río Xallas, Piensos Dumbría, Xuntoira Mobiliario de Cociña, Lareira Eurocociñas, Industrias Carballo para a Tecnoloxía do Moble e Russula (1).
Por otra parte, el Gobierno gallego ha aprobado hoy el decreto que regula las competencias sobre funcionarios con habilitación de carácter estatal.
El decreto se fundamenta en el aumento de las competencias que atribuye el Estatuto básico del empleado público a la Comunidad. Estos funcionarios son secretarios, interventores y secretarios-interventores que prestan servicios en las entidades locales gallegas.
Además, el Consello ha sido informado e las resoluciones de la delegación Provincial de la Consellería de Educación de Pontevedra por las que se acuerda el trámite de emergencia de los expedientes de ejecución de obras en centros educativos para reparar los daños producidos por el temporal del pasado 23 de enero. En total, la Administración educativa invierte 410.000 euros en estas obras de reparación.
TRAZABILIDAD DE RESIDUOS
Por otro lado, el Gobierno gallego aprobó el decreto que regula la trazabilidad de los residuos, lo que permitirá simplificar los trámites administrativos en los procesos de traslado, tanto de los desechos peligrosos como no peligrosos.
Según destacó la Xunta, la simplificación de los trámites en el control de los traslados de residuos peligrosos para los pequeños productos, aquellos que generan menos de 10.000 kilos al año, mostró la utilidad y el alto grado de aceptación al establecer un régimen más ágil.
No obstante, quedaban fuera los que superaban esta cantidad, por lo que este decreto fija las condiciones de las transmisiones de residuos peligrosos y no peligrosos, de manera que se determine en todo momento quien es el responsable de los mismos. En Galicia se producen alrededor de 95.000 traslados al año de residuos peligrosos.
Este traslado precisará de un aviso previo, que se solicitará con una antelación mínima de 10 días, documentos de control (que variarán dependiendo de si se mueve un único tipo de residuos o varios, o si procede de un mismo o de varios productores) y de la formalización del traslado.
Los no peligrosos, que no sean de construcción y demolición o se trate de residuos urbanos, deberán documentarse mediante un comprobante de entrega en el que se identifiquen el centro remitente, sus características, la persona gestora destinataria y la fecha de entrega. Por su parte, los de construcción y demolición se regularán por su propia normativa específica recogida en el Real Decreto 105/2008.
Además, tanto en el caso de los productos de residuos peligrosos como no peligrosos, los transportistas (asuman o no la titularidad del desecho) y los gestores deberán llevar a cabo un registro documental de los residuos producidos y gestionados.
Los productores de materiales descartados peligrosos que generen más de 10 toneladas al año, así como los gestores, deberán emplear las aplicaciones telemáticas habilitadas en la página web del Sistema de Información de Residuos de Galicia (SIRGA) para la presentación de los documentos de traslado de los mismos que se hagan dentro de la Comunidad gallega.
Por otra parte, el Ejecutivo autonómico dio luz verde al decreto sobre suelos potencialmente contaminados y el procedimiento para la declaración de suelos contaminados promovido por la Consellería de Medio Ambiente, que obligará a los titulares de los terrenos a llevar a cabo las tareas de limpieza y recuperación ambiental.
Tras la entrada en vigor el pasado 19 de febrero de la Ley de Residuos de Galicia, que regula de manera genérica la declaración de suelos contaminados, el nuevo decreto fija el régimen jurídico que especifica las obligaciones de información de los titulares de actividades potencialmente contaminantes y de sus propietarios, el procedimiento para la declaración de un suelo como contaminado y las operaciones para su recuperación, así como la creación de un Registro de Calidad de los Suelos.
COMPETENCIAS SOBRE FUNCIONARIOS CON HABILITACION ESTATAL
Galicia se convierte en la segunda comunidad, después de Cataluña, que regula el ejercicio de las competencias de la autonomía en relación a los funcionarios con habilitación de carácter estatal, tras el decreto aprobado por el Consello de la Xunta.
El texto busca regular, de forma pormenorizada, las competencias del Gobierno gallego sobre este tipo de empleados públicos (secretarios, interventores y secretarios-interventores que prestan servicios en las entidades locales de la comunidad).
Según explicó el Ejecutivo autonómico, este decreto se debe al incremento competencial atribuido a la comunidad por el Estatuto básico del empleado público (EBEP) -aprobado en abril de 2007y a la necesidad de configurar un marco reglamentario de la comunidad gallega.
El decreto abarca la creación, supresión, clasificación y exención de puestos reservados; el desempeño excepcional de los puestos de tesorería por funcionarios de la corporación; la constitución y disolución de agrupaciones para el sostenimiento en común de puestos reservados y el registro autonómico de funcionarios con habilitación de carácter estatal, la provisión definitiva de puestos reservados (concurso ordinario y libre designación).
Además, el texto aprobado regula la provisión temporal de puestos reservados (nombramientos provisionales, comisiones de servicios, acumulaciones, nombramientos accidentales y nombramiento de personal interino); permutas y selección y promoción de funcionarios con habilitación estatal.
Archivos judiciales territoriales
Por otra parte, el Consello dio luz verde al decreto sobre los archivos judiciales territoriales y la Xunta de Expurgación da Documentación Xudicial en Galicia. En cuanto a los primeros, el texto establece que la red autonómica estará integrada por cuatro archivos de ámbito provincial y que cada uno podrá tener uno o varios depósitos de fondos.
Por su parte, la Xunta de Expurgación es un órgano colegiado de naturaleza administrativa adscrito a la consellería competente en la materia y que, de conformidad con el Real Decreto 937/2003, ejercerá sus competencias en todo el ámbito territorial gallego. Tendrá su sede en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y estará presidida por el máximo mandatario de este órgano.
