La Xunta de Galicia regula el uso ético de la Inteligencia Artificial

Alfonso Rueda, ayer durante la celebración del Consello.
photo_camera Alfonso Rueda, ayer durante la celebración del Consello.

La Xunta de Galicia pretende velar por la garantía y fiabilidad de los sistemas IA y el respeto a los derechos fundamentales

El Consello de la Xunta dio ayer luz verde al inicio de la tramitación de una nueva ley con la buscará garantizar un uso “ético” y “seguro” de la Inteligencia Artificial (IA) al tiempo que fomentar su impulso. Lo anunció el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, en su comparecencia de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo, en la que destacó que con esta norma Galicia se convertirá en la primera región de Europa que decide regular por ley el uso de la Inteligencia Artificial.

El presidente, que se refirió a la puesta en marcha en A Coruña de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, sostuvo que esta iniciativa llega en un momento “más que oportuno” y busca garantizar que estos sistemas de IA se utilicen en Galicia de una forma “fiable” y “respetuosa” con los derechos de las personas. Para su desarrollo, Rueda avanzó que se pondrá en marcha un comité de expertos que va a asesorar a la Xunta, así como a las administraciones, a las empresas y a la ciudadanía.

La ley establecerá los principios éticos para el diseño, adquisición implementación y uso de sistemas de IA por parte de la Administración bajo criterios de diligencia, auditabilidad, explicabilidad, transparencia, imparcialidad, ausencia de sesgos, seguridad o privacidad. Entre los principios éticos rectores, según informó ayer la Xunta, destacan el principio de reserva de la humanidad y de revisión humana, principio de fiabilidad y de responsabilidad y el principio de evaluación de impacto en las personas, en la sociedad y en el ambiente. Garantizará, asimismo, los derechos de libertad, igualdad y reacción frente al diseño, adquisición, implementación y uso de sistemas de inteligencia artificial, así como el ejercicio de los derechos de la ciudadanía.

Estratexia Dixital 2030

Con la tramitación de esta ley, la Xunta avanza en su compromiso de aprobar entre 2020 y 2024 la normativa necesaria para facilitar la incorporación de tecnologías digitales de alto impacto, de acuerdo con el objetivo de la Estratexia Galicia Dixital 2030 de especialización tecnológica y atracción de inversiones y talento digital.

La norma también busca “aprovechar la oportunidad que la IA supone para el tejido socioeconómico gallego”, indicó Rueda, y explicó que se van a ofrecer “ayudas económicas e incentivos fiscales” para “promover el uso responsable” de esta tecnología en las empresas y la Xunta facilitará al sector privado “códigos de conducta o herramientas de autodiagnóstico” sobre el uso de esta tecnología.

Contrato de alquiler de 122 nuevos vehículos para agentes forestales

El Consello de la Xunta acordó destinar 5,2 millones al suministro mediante alquiler de 122 nuevos vehículos todoterreno para el servicio de prevención de incendios forestales hasta 2027. Este contrato de renting recoge una posible prórroga hasta 2029, lo que incrementaría el gasto por encima de los siete millones. La renovación de vehículos de la Consellería de Medio Rural alcanzará así los 707 en el periodo entre 2021 y 2027, con una inversión de 24 millones.

Las ayudas a víctimas de violencia de género se amplían dos años

La Xunta mantendrá durante los dos próximos años (2024 e 2025) los apoyos económicos de carácter mensual que concede a las víctimas da violencia de género con la finalidad de ayudarlas a ganar independencia respecto a sus agresores. El Consello aprobó una consignación de 5,4 millones de euros de fondos autonómicos -cifra ampliable en función de las necesidades- para hacer frente durante el próximo bienio a estas ayudas que van de los 200 a los 800 euros mensuales.

Subvención para corregir el impacto paisajístico de viviendas y edificios

Por cuarto año consecutivo el Gobierno gallego apuesta por destinar una partida a ayudas dirigidas a propietarios particulares y a ayuntamientos para ejecutar actuaciones destinadas a eliminar el impacto paisajístico de viviendas privadas, edificios o dependencias públicas. En 2024 el presupuesto será de 2 millones de euros. En los últimos tres años recibieron aportaciones 1.800 particulares y 156 entidades locales. Estas ayudas financiaron intervenciones en 270 concellos.

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