El Gobierno gallego aprobó el proyecto de Ley de Patrimonio de Galicia que, 'por primera vez', integrará 'todo' el sector público autonómico, ya que hasta el momento 'sólo se aplicaba' a la Administración general de la comunidad, al tiempo que 'extremará' el control sobre 'grandes' alquileres y adquisiciones.
Con el reto de garantizar 'una gestión única y más eficiente' del patrimonio de la comunidad, esta nueva norma obligará al Consello de la Xunta a dar 'autorización expresa' para formalizar los alquileres que sobrepasen los 40.000 euros de renta mensual, para lograr un ahorro del 20%, y las adquisiciones superiores a los tres millones de euros.
Así lo avanzó ayer el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la reunión de su Gobierno, donde destacó que también se incrementará el control sobre el patrimonio de los entes públicos instrumentales, que sólo podrán venderlo en el caso de que no sea necesario 'para los fines' de la Administración general de la comunidad. Además, la Consellería de Facenda deberá emitir un informe favorable antes de que dichos entes adquieran o alquilen algún inmueble.
Por otra parte, las actuaciones que supongan la construcción o reforma de un inmueble tendrán que incorporar un certificado relativo a su plena disponibilidad con el fin de garantizar que tiene la situación patrimonial regularizada y para evitar 'situaciones conflictivas y contrarias' a los intereses de la comunidad.
'AGILIDAD' EN LAS CESIONES
El objetivo último de esta norma, que aspira a 'unificar' la gestión del patrimonio de la Comunidad gallega, será 'extremar el control' sobre el gasto, pero sin que esto impida favorecer la 'agilidad' en el caso de la cesión de bienes. De hecho, Feijóo destacó que, 'por vez primera', la comunidad podrá transmitirlos 'sólo a través de una resolución de Facenda'. Al tiempo, subrayó que también se 'facilita' la cesión de bienes adscritos a servicios públicos al resto de las administraciones públicas gallegas, algo que hasta el momento suponía, según el máximo mandatario autonómico, un procedimiento 'muy difícil'.
'Descentralización para aceptar cesiones, rigor y centralización para comprometer y gastar', resumió Núñez Feijóo, quien ha manifestado su satisfacción por el impulso de una ley -que actualiza la norma autonómica de 1985 y se adapta a preceptos básicos estatales- 'para actualizar, unificar, limitar, agilizar y proteger' el patrimonio de la comunidad.
Del mismo modo, incidió en que los fondos propios de las entidades públicas empresariales se consideran 'parte' del patrimonio de la Administración general y que la ley también 'protege y tipifica' la relación de hechos que pueden suponer 'infracción de patrimonio', con la correspondiente 'actualización' de multas para posibles incumplimientos.
Por último, puso en valor la política de 'racionalización' de los alquileres de la Administración autonómica que ha impulsado su Ejecutivo desde el inicio de esta legislatura y aludió a un ahorro que la Xunta cifra en torno a los 1,2 millones de euros.
Así lo avanzó ayer el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la reunión de su Gobierno, donde destacó que también se incrementará el control sobre el patrimonio de los entes públicos instrumentales, que sólo podrán venderlo en el caso de que no sea necesario 'para los fines' de la Administración general de la comunidad. Además, la Consellería de Facenda deberá emitir un informe favorable antes de que dichos entes adquieran o alquilen algún inmueble.
Por otra parte, las actuaciones que supongan la construcción o reforma de un inmueble tendrán que incorporar un certificado relativo a su plena disponibilidad con el fin de garantizar que tiene la situación patrimonial regularizada y para evitar 'situaciones conflictivas y contrarias' a los intereses de la comunidad.
'AGILIDAD' EN LAS CESIONES
El objetivo último de esta norma, que aspira a 'unificar' la gestión del patrimonio de la Comunidad gallega, será 'extremar el control' sobre el gasto, pero sin que esto impida favorecer la 'agilidad' en el caso de la cesión de bienes. De hecho, Feijóo destacó que, 'por vez primera', la comunidad podrá transmitirlos 'sólo a través de una resolución de Facenda'. Al tiempo, subrayó que también se 'facilita' la cesión de bienes adscritos a servicios públicos al resto de las administraciones públicas gallegas, algo que hasta el momento suponía, según el máximo mandatario autonómico, un procedimiento 'muy difícil'.
'Descentralización para aceptar cesiones, rigor y centralización para comprometer y gastar', resumió Núñez Feijóo, quien ha manifestado su satisfacción por el impulso de una ley -que actualiza la norma autonómica de 1985 y se adapta a preceptos básicos estatales- 'para actualizar, unificar, limitar, agilizar y proteger' el patrimonio de la comunidad.
Del mismo modo, incidió en que los fondos propios de las entidades públicas empresariales se consideran 'parte' del patrimonio de la Administración general y que la ley también 'protege y tipifica' la relación de hechos que pueden suponer 'infracción de patrimonio', con la correspondiente 'actualización' de multas para posibles incumplimientos.
Por último, puso en valor la política de 'racionalización' de los alquileres de la Administración autonómica que ha impulsado su Ejecutivo desde el inicio de esta legislatura y aludió a un ahorro que la Xunta cifra en torno a los 1,2 millones de euros.
