La Xunta ve normal que el juez admita la querella sobre O Barbanza y confía en que certifique la ‘pulcritud’

María José Caride en una imagen de archivo.
La Xunta ve normal que el juez admita la querella sobre O Barbanza y confía en que certifique la ‘pulcritud’ del proceso
La Consellería de Política Territorial enmarcó hoy dentro la normalidad la admisión a trámite de la querella presentada por el PPdeG sobre la adjudicación de las obras de desdoblamiento de la Vía do Barbanza y confió en que la justicia certifique ‘la procedencia y pulcritud’ del proceso.

En un comunicado, el departamento que dirige María José Caride restó importancia a la decisión del juez encargado del caso de abrir diligencias previas ya que, según dijo, ‘la justicia admite a trámite habitualmente las querellas de este tipo’ con el fin de determinar si existe o no verosimilitud de los hechos.

En ese sentido, mostró la ‘certeza absoluta’ de que la justicia certificará la ‘corrección, rigor y transparencia’ de la adjudicación de las obras de la Autovía de O Barbanza, algo que, a su juicio, ‘ya puso de manifiesto el informe elaborado por la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia’.

Además, Política Territorial, que garantizó la ‘máxima colaboración’ con la justicia, opinó que este proceso fue impulsado por el Partido Popular ‘con fines electoralistas y partidistas’ ya que, según recordó, las obras fueron adjudicadas hace dos años, en febrero de 2006, y, por ello, lamentó la ‘judicialización de la vida política’.

El juez encargado del caso, que admitió hoy a trámite la denuncia del PP, citó a declarar, en calidad de imputados, al director xeral de Obras Públicas de la Consellería de Política Territorial, Manuel Morato Miguel; al director xeral de Política Financiera e Tesouro de la Consellería de Economía e Facenda; Eugenio García Lalinde; al subdirector xeral de Estradas, Antonio López Blanco; y a la jefa del servicio provincial de carreteras de la provincia de A Coruña, Teresa Palacios Alonso.

Los cuatro imputados están llamados a declarar, de dos en dos, el 4 y el 5 de marzo, respectivamente, según el auto del juez hecho público hoy. De este modo, admite la denuncia interpuesta por el PPdeG contra la Xunta por supuestos delitos de prevaricación administrativa, fraude, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas, y negociación prohibida a funcionarios públicos y abusos en ejercicio de su función.


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