El Gobierno británico se ha visto acusado de ocultar a la opinión pública el informe sobre la legalidad del matrimonio civil del príncipe de Gales con Camilla Parker-Bowles, actual Duquesa de Cornualles, del que se cumplen ahora cinco años.
Así lo informa hoy el dominical conservador The Mail on Suday, según el cual desde que ambos contrajeron matrimonio civil el 9 de abril de 2005 en el Ayuntamiento de Windsor, cerca de Londres, han persistido las dudas sobre la legalidad de aquel acto.
Según el periódico, el ministro británico de Justicia, Jack Straw, ha bloqueado una solicitud, amparada en el derecho a la libertad de información, para que se hiciese público el informe legal presentado por lord Falconer, entonces lord canciller, antes de autorizar aquella unión.
Lord Falconer desestimó entonces las opiniones expresadas por algunos expertos en el sentido de que los miembros de la Familia Real no podían casarse en el registro civil de acuerdo con una ley que databa de 1836.
El diputado liberal Norman Baker criticó el sábado la negativa del ministro de Justicia a hacer público el informe legal y dijo que los ciudadanos británicos tienen derecho a saber si ha habido un encubrimiento.
El ministerio de Justicia justificó su negativa al señalar que la publicación de ese informe sería contrario al interés del gobierno ya que desalentaría la franqueza en las comunicaciones entre el Gobierno y la Monarquía.
Un portavoz de Clarence House, la casa del Príncipe de Gales, afirmó que el heredero del trono había recabado asesoramiento legal de cinco fuentes distintas y que todas ellas habían coincidido en la legalidad de su matrimonio con la divorciada Camilla en una ceremonia estrictamente civil.
Según el periódico, el ministro británico de Justicia, Jack Straw, ha bloqueado una solicitud, amparada en el derecho a la libertad de información, para que se hiciese público el informe legal presentado por lord Falconer, entonces lord canciller, antes de autorizar aquella unión.
Lord Falconer desestimó entonces las opiniones expresadas por algunos expertos en el sentido de que los miembros de la Familia Real no podían casarse en el registro civil de acuerdo con una ley que databa de 1836.
El diputado liberal Norman Baker criticó el sábado la negativa del ministro de Justicia a hacer público el informe legal y dijo que los ciudadanos británicos tienen derecho a saber si ha habido un encubrimiento.
El ministerio de Justicia justificó su negativa al señalar que la publicación de ese informe sería contrario al interés del gobierno ya que desalentaría la franqueza en las comunicaciones entre el Gobierno y la Monarquía.
Un portavoz de Clarence House, la casa del Príncipe de Gales, afirmó que el heredero del trono había recabado asesoramiento legal de cinco fuentes distintas y que todas ellas habían coincidido en la legalidad de su matrimonio con la divorciada Camilla en una ceremonia estrictamente civil.
