Nueva guerra con FMLI 'no es una opción', según un asesor del Gobierno

Una nueva guerra entre el Gobierno de Filipinas y el Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI) en el sur del archipiélago 'no es una opción', anunció hoy el asesor de la presidenta para el proceso de paz, general Hermogenes Esperon.
Durante un encuentro con los corresponsales extranjeros, Esperon recalcó que el Ejecutivo sigue comprometido con el proceso de paz pese a la reciente escalada de la tensión en la región.

La semana pasada, el Tribunal Supremo suspendió la firma de un memorando de entendimiento que iba a allanar el camino para lograr un acuerdo de paz que pondría fin a décadas de conflicto en una de las zonas más pobres del país.

Esperon se mostró confiado en que los jueces reconsideren su posición inicial y den luz verde para que el proceso pueda continuar adelante, pese al rechazo de algunos políticos cristianos.

Respecto a los siguientes pasos a seguir, el ex jefe de las Fuerzas Armadas aseguró que una enmienda constitucional es condición indispensable para que pueda llevarse a cabo el plebiscito que prevé el memorando de entendimiento.

La oposición acusa a la presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, de estar buscando esta vía para modificar la Constitución para introducir más cambios en la Carta Magna, como la limitación de dos mandatos consecutivos para el jefe del Estado, para poder presentarse a la reelección en 2010.

Arroyo llegó al poder en 2001 tras la caída del presidente Joseph Estrada y renovó su mandato en los comicios de 2004.

El sur de Mindanao vive desde la semana pasada un clima de creciente tensión que hasta el momento ha causado unos cuarenta muertos y más de 165.000 desplazados en la isla de Basilan y la provincia de Cotabato del Norte.

Fundado en 1984, el FMLI es la mayor organización separatista de Filipinas con más de 12.000 militantes, muchos de los cuales siguen combatiendo al Ejército pese al alto el fuego en teoría vigente desde 2003.

Casi cuatro décadas de guerra contra las tropas gubernamentales han dejado 120.000 muertos y cerca de dos millones de desplazados en el polvorín del sur de Mindanao.

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