Alrededor de 200.000 mujeres que la ONU calcula que fueron víctimas de violaciones en la República Democrática del Congo durante los últimos 12 años de guerra padecen la falta de atención médica o psicológica y recursos económicos.
Así lo indica un informe emitido ayer por el grupo de alto nivel constituido por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, para estudiar las necesidades de las víctimas de la violencia sexual, convertida en un arma de guerra en dicho país africano. El grupo fue constituido en agosto de 2010 con el objetivo de escuchar directamente a las víctimas de la violencia sexual acerca de sus necesidades.
Presidido por Kyong-wha Kang, alta comisaria adjunta para los derechos humanos, el panel está formado igualmente por Elisabeth Rehn, exministra de Defensa de Finlandia, y el doctor Denis Mukwege, director del Hospital Panzi de Bukavu, en la provincia de Kivu Sur. El grupo trabajó sobre el terreno entre septiembre y octubre de 2010, cuando se reunió con un total de 61 víctimas, de edades comprendidas entre 3 y 61 años. Entre ellas había mujeres que habían contraído el sida tras ser violadas, otras que habían quedado embarazadas, algunas fueron rechazadas por sus maridos después de sufrir el abuso sexual.
La mayoría de las agresiones sexuales las cometieron militares y miembros de los grupos rebeldes, pero también civiles. 'Sus vidas quedaron en gran parte destruidas, sus sufrimientos físicos, psicológicos y materiales son considerables, y su victimización prosigue después de la agresión debido al estigma que sufren en su familia y en su comunidad', señalan los expertos.
DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN
Los miembros del grupo destacan en su informe las enormes diferencias en cuanto a asistencia con que cuentan las mujeres en las ciudades y en las zonas remotas, pues en estas últimas 'el acceso a cualquier ayuda o forma de reparación es inexistente'. 'En situaciones post-conflicto como la del Congo, la Justicia sólo puede atender a los reclamos individuales de una fracción de las víctimas debido al número de demandas, a la debilidad del sistema legal y a que las víctimas frecuentemente no pueden identificar a sus agresores', señaló la alta comisionada, Navi Pillay, al presentar el informe.
El grupo recomienda el establecimiento, de forma prioritaria, de un fondo destinado a financiar las reparaciones destinadas a las víctimas de las violencia sexual. Dicho fondo debería estar gestionado por representantes del Estado, Naciones Unidas, donantes, de la sociedad civil y las propias víctimas.
'La compensación no sólo implica el derecho a un acceso a la justicia efectivo y equitativo, sino la necesidad de resolver las consecuencias del daño sufrido, a través de actos como la rehabilitación, compensación o garantías de que el hecho no volverá a repetirse', afirmó la alta comisionada. El grupo encontró a víctimas que habían logrado, pese a las dificultades, que sus agresores fueran condenados, pero luego se fugaron de la cárcel y nunca entregaron las indemnizaciones.
Presidido por Kyong-wha Kang, alta comisaria adjunta para los derechos humanos, el panel está formado igualmente por Elisabeth Rehn, exministra de Defensa de Finlandia, y el doctor Denis Mukwege, director del Hospital Panzi de Bukavu, en la provincia de Kivu Sur. El grupo trabajó sobre el terreno entre septiembre y octubre de 2010, cuando se reunió con un total de 61 víctimas, de edades comprendidas entre 3 y 61 años. Entre ellas había mujeres que habían contraído el sida tras ser violadas, otras que habían quedado embarazadas, algunas fueron rechazadas por sus maridos después de sufrir el abuso sexual.
La mayoría de las agresiones sexuales las cometieron militares y miembros de los grupos rebeldes, pero también civiles. 'Sus vidas quedaron en gran parte destruidas, sus sufrimientos físicos, psicológicos y materiales son considerables, y su victimización prosigue después de la agresión debido al estigma que sufren en su familia y en su comunidad', señalan los expertos.
DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN
Los miembros del grupo destacan en su informe las enormes diferencias en cuanto a asistencia con que cuentan las mujeres en las ciudades y en las zonas remotas, pues en estas últimas 'el acceso a cualquier ayuda o forma de reparación es inexistente'. 'En situaciones post-conflicto como la del Congo, la Justicia sólo puede atender a los reclamos individuales de una fracción de las víctimas debido al número de demandas, a la debilidad del sistema legal y a que las víctimas frecuentemente no pueden identificar a sus agresores', señaló la alta comisionada, Navi Pillay, al presentar el informe.
El grupo recomienda el establecimiento, de forma prioritaria, de un fondo destinado a financiar las reparaciones destinadas a las víctimas de las violencia sexual. Dicho fondo debería estar gestionado por representantes del Estado, Naciones Unidas, donantes, de la sociedad civil y las propias víctimas.
'La compensación no sólo implica el derecho a un acceso a la justicia efectivo y equitativo, sino la necesidad de resolver las consecuencias del daño sufrido, a través de actos como la rehabilitación, compensación o garantías de que el hecho no volverá a repetirse', afirmó la alta comisionada. El grupo encontró a víctimas que habían logrado, pese a las dificultades, que sus agresores fueran condenados, pero luego se fugaron de la cárcel y nunca entregaron las indemnizaciones.
