El alcalde de San Amaro, Ernesto Pérez, declaró ayer en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Carballiño, que instruye diligencias previas por un presunto delito de prevaricación administrativa, a raíz de la denuncia presentada por una vecina, Mercedes Barral, por no ejecutar el derribo de unas obras de ampliación de un galpón situado en la localidad de Sergude. La ampliación se había realizado sin licencia municipal y en terreno rústico.
El regidor es el único que por el momento ha sido requerido por el juez del Número 1 para prestar declaración y lo hizo matizando que como alcalde había seguido la indicaciones recomendadas por los técnicos municipales. El Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Ourense había ordenado al Concello de San Amaro la reposición de la legalidad urbanística en la referida construcción, por cuyo motivo el alcalde ordenaba al propietario su derribo. Sin embargo, según señala el regidor, el propietario presentó en el Ayuntamiento un recurso alegando que cualquier posible infracción urbanística ya había prescrito.
El recurso fue aceptado por el Concello, por cuyo motivo, la vecina presentaba una nueva denuncia en el Juzgado de Carballiño. Será ahora el juez quien decida si sigue adelante con el proceso y pide nuevas pruebas o procede a su archivo.
El recurso fue aceptado por el Concello, por cuyo motivo, la vecina presentaba una nueva denuncia en el Juzgado de Carballiño. Será ahora el juez quien decida si sigue adelante con el proceso y pide nuevas pruebas o procede a su archivo.
