El Concello carballiñés recibe quejas de perros sin cadena ni bozal

El control de animales peligrosos será estricto

Los perros potencialmente peligrosos, que están contemplados en un catálogo incluido en el Real Decreto 90/2002, serán objeto de un estricto seguimiento por parte de la Concejalía de Medio Ambiente de Carballiño. El motivo, según explica el coordinador de este área municipal, Bernardo García, 'son as queixas que nos chegan de particulares que observan como os donos deste tipo de cans lévanos sen bozo e, a meirande parte das veces, sen atar cunha correa'.
La normativa citada obliga, con respecto a este tipo de razas (15 en total), que los animales deben ser conducidos atados con una correa y dotados de un bozal que les impida morder. 'O control deste tipo de situacións corresponderá ós axentes da Policía Local, que son os responsables autorizados para facer cumprir a lei vixente identificando ós donos e tamén ós cans (tienen que llevar un microchip)', indica el edil nacionalista.


REGISTRO

El objetivo es evitar cualquier accidente o agresión por parte de estos perros, que, por otra parte, deben estar registrados en el censo abierto en el Concello carballiñés al amparo de la normativa de hace ocho años. Sin embargo, tan sólo cinco animales figuran en este registro municipal, cuando los datos que manejan las clínicas veterinarias de la villa apuntan que hay en torno a unos 80 perros de estas características con dueño reconocido.

'Por iso, entre as tarefas diarias dos axentes da Policía Local hai que incorporar o seguimento daqueles propietarios que están a pasear cans perigosos sen ningún tipo de protección que impida danos a terceiros, non se trata só de poñer multas ós infractores da ordenanza de tráfico', añade Bernardo García.

Además, la Concejalía de Medio Ambiente está potenciando los servicios que presta el Refugio de Animales de A Medela, que en breve será regido por una fundación. Cualquier persona que desee entregar un perro, adoptarlo o reclamarlo en caso de desaparición, 'pode poñerse en contacto telefónico coas oficinas municipais', señala el concejal. El incumplimiento de la ley de 2002 conlleva sanciones que oscilan entre los 600 y los 6.000 euros y un seguro proceso judicial.

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