El Juzgado número dos de Carballiño ha dictado un auto mediante el que imputa a los tres hermanos Otero Cerdeira (constructores y promotores inmobiliarios) por un supuesto delito continuado de estafa. El juez señala que hay indicios de que vendieron seis viviendas cuando estaban libres de cargas, pero que con posterioridad presuntamente las gravaron con distintas hipotecas. Asimismo, el auto también indica que continúa el procedimiento abreviado respecto a uno de los hermanos, Adolfo Otero, su esposa y sus hijos por la presunta comisión de alzamiento de bienes para evitar a los proveedores.
La familia tiene previsto recurrir dicha resolución, insistiendo uno de sus abogados en que no es firme y que deja abiertas dos posibilidades, la de recurrir ante el Juzgado de Carballiño y después en la Audiencia provincial o ya directamente en la Audiencia, puesto que 'es una resolución provisional', matizó. Por el momento, ambas opciones están en estudio así como las argumentaciones del recurso.
El Juzgado indica que para asegurar las responsabilidades civiles que puedan derivarse procede a requerir fianzas por importe de 750.000 euros a los tres hermanos y esposas y 590.000 a la familia de Adolfo Otero Cerdeira, además del embargo preventivo de los Pazos de Fondo y Cima de Vila en Cabanelas, propiedad de los hijos de Adolfo Otero Cerdeira. La resolución ha sido trasladada al fiscal y a los cinco compradores de los inmuebles que promovieron la querella criminal por el presunto delito de estafa y alzamiento de bienes, a fin de que soliciten la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa. El Juzgado señala que puede interponerse recurso de Reforma y subsidiario de Apelación.
El Juzgado indica que para asegurar las responsabilidades civiles que puedan derivarse procede a requerir fianzas por importe de 750.000 euros a los tres hermanos y esposas y 590.000 a la familia de Adolfo Otero Cerdeira, además del embargo preventivo de los Pazos de Fondo y Cima de Vila en Cabanelas, propiedad de los hijos de Adolfo Otero Cerdeira. La resolución ha sido trasladada al fiscal y a los cinco compradores de los inmuebles que promovieron la querella criminal por el presunto delito de estafa y alzamiento de bienes, a fin de que soliciten la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa. El Juzgado señala que puede interponerse recurso de Reforma y subsidiario de Apelación.
