El alcalde de Carballiño, Argimiro Marnotes, ha solicitado una reunión con los responsables del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para transmitirles la preocupación del gobierno local a raíz de la sentencia que obliga a derribar los áticos y trasteros del edificio del antiguo hotel Rogelia.
La denuncia de tres vecinos afectados por el exceso de altura se resolvió con una orden de derribo de la que el tribunal responsabiliza directamente al alcalde. Medio centenar de vecinos, entre propietarios de las viviendas de todo el edificio, de los áticos y de los locales comerciales y oficinas, son los directamente perjudicados, puesto que mientras seis de ellos se quedarían sin casa, el resto también tendría que ser desalojado para proceder a la demolición.
En consecuencia, el Concello opta por indemnizar a los denunciantes y en ese sentido pedirá la autorización del TSXG 'para que autorice a negociación e chegar a un acordo económico sempre que o tribunal garantice que coa indemnización xa non estaremos obligados a derribar', indicó Marnotes.
Los denunciantes han pedido al Concello una indemnización de 360.000 euros. El regidor no quiso adelantar si está de acuerdo con dicha cantidad pero lo que sí tiene claro es que 'temos que contar coa garantía de que é viable legalmente chegar a un acordo económico porque a infracción urbanística permanece aínda que se indemnice'.
No obstante, las autoridades locales son conscientes de que es la mejor solución para este conflicto que se iniciaba en el año 1989, porque la ejecución de la sentencia significaría un desembolso superior a un millón de euros, si se tienen en cuenta las obras de derribo, el desalojo de los vecinos y también la indemnización a los denunciantes fijada en una sentencia por importe de 400.000 euros para evitar la demolición de la quinta planta. Al respecto, un recurso del Concello argumentando que la supresión de la última planta pondría en peligro toda la estructura del edificio había motivado ese fallo, quedando limitado el derribo a los seis áticos y 36 trasteros.
En consecuencia, el Concello opta por indemnizar a los denunciantes y en ese sentido pedirá la autorización del TSXG 'para que autorice a negociación e chegar a un acordo económico sempre que o tribunal garantice que coa indemnización xa non estaremos obligados a derribar', indicó Marnotes.
Los denunciantes han pedido al Concello una indemnización de 360.000 euros. El regidor no quiso adelantar si está de acuerdo con dicha cantidad pero lo que sí tiene claro es que 'temos que contar coa garantía de que é viable legalmente chegar a un acordo económico porque a infracción urbanística permanece aínda que se indemnice'.
No obstante, las autoridades locales son conscientes de que es la mejor solución para este conflicto que se iniciaba en el año 1989, porque la ejecución de la sentencia significaría un desembolso superior a un millón de euros, si se tienen en cuenta las obras de derribo, el desalojo de los vecinos y también la indemnización a los denunciantes fijada en una sentencia por importe de 400.000 euros para evitar la demolición de la quinta planta. Al respecto, un recurso del Concello argumentando que la supresión de la última planta pondría en peligro toda la estructura del edificio había motivado ese fallo, quedando limitado el derribo a los seis áticos y 36 trasteros.
