La reforma de la Justicia gratuita que ultima la Xunta ,- a través de un borrador que, según los profesionales del Derecho de Ourense, tanto abogados como procuradores- 'prevé un mayor control sobre quien accede o no' a este derecho básico que la Constitución garantiza a los ciudadanos con pocos recursos, cosechó ya las alegaciones de estos colectivos.
Así, después de que la pasada semana terminase el plazo para presentar objeciones a la normativa en trámite, la entidad colegial que engloba a los abogados de la provincia presentó sus reivindicaciones a través del Consello Galego da Avogacía. La principal traba que estos profesionales pusieron al borrador-decreto radica en que, según argumentaron, la Xunta podría ingresar un menor importe al colectivo en concepto de gastos por prestar la asistencia jurídica gratuita. En este sentido, desde el Colexio de Avogados de Ourense indicaron que hasta ahora se establecía que era una cuantía que se situaba en un porcentaje del 8% con respecto al montante total de lo devengado en el ejercicio anterior. Pero la normativa en trámite establece un matiz por el que la citada cantidad sería de 'hasta el 8%', por lo que, explican, 'el Colegio haciendo frente al mismo nivel de trabajo, podría percibir menos dinero sólo en concepto de gastos'.
Los abogados, que se postularon en contra de esta medida, indicaron que no piden incrementos, 'pero tampoco que se nos rebaje lo que ya percibimos' y, precisaron, que 'la normativa prevé controlar más la asistencia jurídica gratuita y el acceso a la misma'.
LOS PROCURADORES
También los procuradores de Ourense hicieron sus correspondientes alegatos para criticar la misma medida ya que temen que podrían percibir menos cuantías con respecto a los gastos (papel, empleados, etcétera). Con todo, sus principales reivindicaciones se centran en que 'para xustificar as actuacións profesionais que fagamos imos ter máis obstáculos ao requerirnos máis documentación' y, aseguran, que 'os baremos do que nos pagan por cada asistencia, a pesar de que se revisaron, seguen sendo as mesmas cantidades que hai oito ou nove anos', que tildaron de 'ridículas'. Desde el Colegio de Abogados ourensano, asimismo, precisaron que 'el verdadero problema de fondo no se solventará, puesto que si un detenido es asistido de urgencia por un letrado del turno de oficio, y luego se le deniega este derecho (por tener recursos suficientes), es el letrado el que tiene que reclamar los honorarios que le corresponden, ocasionándole trastornos burocráticos.
Un portavoz de la Consellería de Presidencia replicó que en la nueva normativa se fija el porcentaje del 8% que la Xunta debe ingresar a los colegios en concepto de gastos, algo que en la norma anterior no ocurría, 'dado que non se establecía unha contía'. Asimismo, indicaron que, a fecha del pasado día 22, 'non recibimos aínda alegacións'.
LOS CAMBIOS QUE INTRODUCE LA NORMATIVA
El borrador-decreto que la Xunta ultima para reformular la asistencia jurídica gratuita de Galicia establece en su articulado que su objetivo es el de 'acadar melloras no cumprimento da dita obriga (en referencia a la supervisión y el control, ineludible, reza, para cualquier Administración eficiente)'. Asimismo, recoge que pretende modernizarla con medios electrónicos y telemáticos y que busca 'unha maior operatividade administrativa e procedemental'. Uno de los puntos que se modifica, según explicaron los colectivos de profesionales, es el que indica que se deben computar los ingresos 'brutos' anuales de los solicitantes a la Justicia gratuita para valorar si pueden optar a ella o no, algo que antes no estaba especificado.
Precisamente, las comisiones que revisan las solicitudes para tener acceso a la justicia gratuita en Galicia tenían en cuenta sus ingresos, tanto en bruto como en neto, por lo que no había uniformidad y una misma persona podía acceder a este servicio en una ciudad y no en otra (con el mismo volumen de ingresos). Asimismo, establece de forma expresa, algo que no sucedía antes de forma tan patente, que 'os colexios de avogados informarán aos interesados da súa obriga de satisfacer os honorarios, se non obteñen o recoñecemento expreso do dereito á asistencia gratuita'.
El borrador también establece que, tras denegársele la asistencia jurídica a un solicitante (resolución que puede tardar un mes), 'os interesados deben aboar os honorarios voluntariamente'. De no ser así, la normativa establece que 'os profesionais poden reclarmarllos xudicialmente'. Por último, al articulado del borrador pretende lograr 'que o cidadán se relacione (en mayor medida) con la Administración por medios electrónicos'.
Los abogados, que se postularon en contra de esta medida, indicaron que no piden incrementos, 'pero tampoco que se nos rebaje lo que ya percibimos' y, precisaron, que 'la normativa prevé controlar más la asistencia jurídica gratuita y el acceso a la misma'.
LOS PROCURADORES
También los procuradores de Ourense hicieron sus correspondientes alegatos para criticar la misma medida ya que temen que podrían percibir menos cuantías con respecto a los gastos (papel, empleados, etcétera). Con todo, sus principales reivindicaciones se centran en que 'para xustificar as actuacións profesionais que fagamos imos ter máis obstáculos ao requerirnos máis documentación' y, aseguran, que 'os baremos do que nos pagan por cada asistencia, a pesar de que se revisaron, seguen sendo as mesmas cantidades que hai oito ou nove anos', que tildaron de 'ridículas'. Desde el Colegio de Abogados ourensano, asimismo, precisaron que 'el verdadero problema de fondo no se solventará, puesto que si un detenido es asistido de urgencia por un letrado del turno de oficio, y luego se le deniega este derecho (por tener recursos suficientes), es el letrado el que tiene que reclamar los honorarios que le corresponden, ocasionándole trastornos burocráticos.
Un portavoz de la Consellería de Presidencia replicó que en la nueva normativa se fija el porcentaje del 8% que la Xunta debe ingresar a los colegios en concepto de gastos, algo que en la norma anterior no ocurría, 'dado que non se establecía unha contía'. Asimismo, indicaron que, a fecha del pasado día 22, 'non recibimos aínda alegacións'.
LOS CAMBIOS QUE INTRODUCE LA NORMATIVA
El borrador-decreto que la Xunta ultima para reformular la asistencia jurídica gratuita de Galicia establece en su articulado que su objetivo es el de 'acadar melloras no cumprimento da dita obriga (en referencia a la supervisión y el control, ineludible, reza, para cualquier Administración eficiente)'. Asimismo, recoge que pretende modernizarla con medios electrónicos y telemáticos y que busca 'unha maior operatividade administrativa e procedemental'. Uno de los puntos que se modifica, según explicaron los colectivos de profesionales, es el que indica que se deben computar los ingresos 'brutos' anuales de los solicitantes a la Justicia gratuita para valorar si pueden optar a ella o no, algo que antes no estaba especificado.
Precisamente, las comisiones que revisan las solicitudes para tener acceso a la justicia gratuita en Galicia tenían en cuenta sus ingresos, tanto en bruto como en neto, por lo que no había uniformidad y una misma persona podía acceder a este servicio en una ciudad y no en otra (con el mismo volumen de ingresos). Asimismo, establece de forma expresa, algo que no sucedía antes de forma tan patente, que 'os colexios de avogados informarán aos interesados da súa obriga de satisfacer os honorarios, se non obteñen o recoñecemento expreso do dereito á asistencia gratuita'.
El borrador también establece que, tras denegársele la asistencia jurídica a un solicitante (resolución que puede tardar un mes), 'os interesados deben aboar os honorarios voluntariamente'. De no ser así, la normativa establece que 'os profesionais poden reclarmarllos xudicialmente'. Por último, al articulado del borrador pretende lograr 'que o cidadán se relacione (en mayor medida) con la Administración por medios electrónicos'.
