Efectivos de Vigilancia Aduanera se interesaron por contratos y concesiones de la etapa de Liñares

Aduanas requisó expedientes en la Confederación del Miño

A la izquierda, Francisco Marín, en la reunión de la junta de gobierno que celebró ayer la CHMS. (Foto: MIGUEL ÁNGEL)
La amplia operación policial desarrollada ayer se extendió a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, que rigió el lucense Francisco Fernández-Liñares hasta hace unos meses. Los trabajadores de las dos oficinas del organismo de cuenca en Ourense (en O Posío y en Curros Enríquez) se vieron sorprendidos a primera hora de la mañana de ayer, en torno a las 8,15 horas, por un grupo de cinco miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA).
Los efectivos de Aduanas llegaron a las dependencias del organismo de cuenca con una orden judicial dictada por la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, para registrar los despachos de dos funcionarios, uno ubicado en la primera calle y el otro, en la segunda, según confirmó el actual presidente de la Confederación, Francisco Marín.

Después de dos horas revisando distinta documentación, el personal de Aduanas se llevó 'una serie de expedientes sobre contratos de obras y servicios que afectaban a empresas de personas físicas y jurídicas', detalló Marín al término de la junta de gobierno que celebró la entidad.

El máximo responsable del organismo de cuenca, que evitó datos sobre la documentación incautada por estar decretado el secreto sumarial, reiteró que 'no se llevaron detenidos a funcionarios' del organismo y que 'nosotros, como no podía ser de otro modo, colaboramos con ellos en todo momento, facilitándoles la documentación y todo lo que nos han pedido'.

Los expedientes que reclamaron los efectivos de Aduanas, según pudo saber este diario, se remontarían a la época en la que Fernández-Liñares presidía la entidad, dado que el actual responsable de la Hidrográfica apenas lleva siete meses en el cargo -tomó posesión de la presidencia en marzo-.

La documentación solicitada por la jueza tendría relación, en su gran mayoría, con asistencias técnicas encargadas por el anterior presidente, contrataciones y concesiones de servicios. Precisamente, Fernández-Liñares prestaba ahora sus servicios como funcionario de este organismo en Lugo, después de que abandonase la presidencia.

Fuentes de la investigación indicaron que, al igual que el resto de detenidos (11) en el operativo policial, fue arrestado al atribuírsele la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales y blanqueo de capitales, entre otros.

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