La escalada de tensión en la Corporación bloquea informe técnicos, proyectos para la ciudad y tareas administrativas en los departamentos.
La escalada de denuncias contra la gestión política del gobierno local de Ourense ha dado de lleno en la actividad diaria del Concello y provocado una parálisis preocupante en varios departamentos, pero especialmente en el área de Urbanismo -la edil responsable, Aurea Soto, lo ha reconocido-, hasta el punto de que la Concejalía no puede dar permisos o licencias porque no tiene ni un topógrafo que informe sobre alineaciones o rasantes. Los profesionales que había se jubilaron y la contratación eventual de un sustituto fue denunciada por la Abogacía del Estado, que ganó el pleito, lo que ha impedido volver a contratar, tampoco mediante asistentes técnicas externas. Mientras, Soto dice que tiene al jefe de servicio de licencias de baja, una de sus arquitectas se fue a la Diputación y otra causó baja por maternidad; otro funcionario más, el de disciplina urbanística, tardará en volver, es el herido en un accidente de parapente, que tuvo que recorrer 500 kilómetros en cinco ambulancias antes de ser estabilizado en el Complexo Hospitalario de Ourense. Pero a ello se suma, precisa la edil, el "miedo" de los funcionarios a emitir informes, por la intención de "Pérez Jácome de llevar todo tipo de cuestiones al ámbito de lo penal"; sus denuncias, augura, no tienen recorrido "pero dañan"; además, ningún funcionario quiere verse imputado ante un juez, también porque la actitud de los concejales es normalmente la de hacer recaer en él la responsabilidad del asunto denunciado, según reconocen dos funcionarios consultados que no quieren dar su nombre públicamente.
Falta un año para que finalice el actual mandato municipal y al gobierno municipal socialista le llueven procesos judiciales, que han puesto en el punto de mira a la poderosa edil de Urbanismo -acumula cinco imputaciones-; a la de Benestar, Marga Martín, e incluso al propio regidor, Agustín Fernández. Los grupos de la oposición han optado por tensar la cuerda hasta mantener ocho pleitos abiertos en el Palacio de Justicia, sobre todo DO, la formación de Pérez Jácome que ha hecho de la denuncia judicial -presentó ya cinco y anuncia más- su modelo de hacer política en el Consistorio ourensano.
Al final, la tensión por la judicialización y las imputaciones de concejales, unida al estado de un gobierno municipal en minoría, han generado una paralización que alcanza también al área económica y el mejor ejemplo es la falta de presupuestos, que están prorrogados desde 2012, lo que podría obstaculizar desde una subvención al COB a la aprobación de un capítulo de inversiones.
La cercanía de las elecciones locales lleva a los grupos políticos a buscar el desgaste del contrario y a trasladar a un segundo plano los asuntos de interés general, aunque defienden que es precisamente eso último y la preservación de los derechos de la ciudad la que los lleva a acudir reiteradamente al juzgado.
En este asunto, los dos partidos mayoritarios, tienen posiciones encontradas, claro. El portavoz municipal del PP, Rosendo Fernández, reconoce abiertamente la paralización, que amplía a los ámbitos político, administrativo y de gestión. "Vamos a cumplir 36 meses sin un nuevo presupuesto", contabiliza. En el otro lado, Aurea Soto dice que su grupo "trabaja para que el Concello no se pare" y, pese al temor de los técnicos a firmar informes o a las dificultades para contratar personal, afirma que se está trabajando, y mucho. Los accesos al barrio de O Cuco, la remodelación en Santa Teresita, el PXOM, As Burgas o la defensa frente a las responsabilidades patrimoniales por la caída del Plan de 2003 son ejemplos claros para ella.
Por cierto que la resolución de las alegaciones al nuevo planeamiento, que ahora revisa el equipo redactor, pero que han de pasar por los técnicos municipales, preocupa a la edil de Urbanismo, dada, dice, la precariedad con la que trabaja.
Claro que llueve, dicen los funcionarios, sobre mojado. Porque el parón actual tiene otro componente más. Es, dicen, la herencia de una dispersión de departamentos producida en el gobierno bipartito (2007-2012) que, por ejemplo, ha dejado "desguazados" -aseguran funcionarios consultados- secciones como Infraestructura o Ingeniería.
PSOE y BNG eran autónomos en sus competencias y el reparto de concejalías llevó a cambios sustanciales en la organización funcionarial preexistente, además de cierta costumbre de todos los gobiernos de colocar a afines en sus áreas de gestión, dando al traste con la coordinación entre departamentos técnicos. Así se explica, dicen, los cambios en Infraestructuras, tras el traslado de ingenieros a otros departamentos, provocando que durante un tiempo fuese un aparejador, y no un ingeniero, el que supervisase obras en calles; o que el área de Medio Ambiente la dirigiese un funcionario de menor nivel que un ingeniero, primero, y un interino después. Mientras, dos ingenieros superiores se mantuvieron, aún ahora, sin apenas actividad.
