Son solo 6 de las 154 órdenes realizadas por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. El 90% del total fueron realizadas de forma voluntaria por los propietarios.
La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) realizó a lo largo de 2015 un total de 154 órdenes de derribo de edificaciones construidas de forma ilegal (81 en Pontevedra, 53 en A Coruña, 14 en Lugo y seis en Ourense). Del total, el 90% de las restituciones de la legalidad fueron realizadas de forma voluntaria por los propietarios para evitar sanciones.
De ello ha informado este viernes en rueda de prensa el director de la APLU, José Antonio Cerdeira, quien ha hecho balance de la actividad de este organismo a lo largo del pasado ejercicio, en el que el ente "consolidó" su actividad y prestó una "especial atención" al Camino de Santiago.
Según ha explicado, estas 154 reposiciones ejecutadas durante 2015 suponen la mayor cifra desde 2010 y un total de 25 más que las llevadas a cabo en 2014. Con todo, el responsable de la APLU se ha mostrado "convencido" de que las construcciones ilegales "irán a menos" al considerar que existe una "mayor concienciación" en la ciudadanía sobre la necesidad de proteger el territorio.
En su intervención, también ha recordado que este organismo es un ente de derecho público, que tiene encomendado el control de la legalidad urbanística en Galicia en relación con los actos y usos del suelo realizados en terreno rústico, y que sean prohibidos o sujetos a autorización autonómica, así como en la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.
Además, ha señalado que, gracias a su naturaleza consorcial, los municipios pueden adherirse a este ente de forma voluntaria, cediéndole el resto de competencias que les corresponden por ley en materia urbanística. Así, actualmente, hay 62 ayuntamientos asociados (22 en A Coruña, 20 en Ourense, 11 en Pontevedra y nueve en Lugo).
En todo caso, Cerdeira ha recordado que la Axencia interviene en "todos los municipios de Galicia en materia de suelo rústico y en la servidumbre de protección del litoral y, en el caso de los municipios adheridos, asume a mayores las competencias que le son propias".
MULTAS
Por otra parte, José Antonio Cerdeira ha explicado que "cuando una persona no cumple voluntariamente la orden de restitución" se puede ver sometido a la imposición de multas coercitivas, evitables en el caso de que se reponga la legalidad.
Al respecto, ha precisado que en 2015 fueron inferiores a los dos años anteriores, lo que, en su opinión, refleja una mayor concienciación ciudadana a la hora de restituir los valores del territorio y del paisaje. En concreto, el año pasado se impusieron 520 multas por valor de unos 600.000 euros, frente a las 550 de 2014 o a las 586 de 2013.
De este modo, las principales actuaciones de la APLU se basan en la inspección y tramitación de expedientes de reposición de la legalidad urbanística y sancionadores; asistencia técnica y jurídica a las Administraciones locales adheridas; y formación y concienciación ciudadana, a través de colaboraciones con las universidades, los colegios profesionales y la dotación de competencias a los empleados públicos.
"El objetivo de la APLU es velar por un uso racional del suelo y por la protección del territorio y el paisaje", ha señalado antes de apuntar que la Axencia se ocupa de reponer la legalidad urbanística en "cada rincón que se va ocupando ilegalmente".
Gracias a este trabajo, según ha apuntado, desde 2009 se repuso la legalidad de casi 600 expedientes que reflejaban ocupaciones ilegales.
PRÓXIMAS ACTUACIONES
En su intervención, Cerdeira ha avanzado que, entre otras actuaciones, la APLU llevará a cabo la orden de derribo de una construcción en suelo rústico de especial protección en Quiroga (Lugo) y de otra en el núcleo de Reira, en Camariñas (A Coruña).
