El juicio en el Juzgado Social 1 de Ourense por acoso laboral a la intendente jefe de la Policía Local, María Barrera, por parte del exedil de DO Telmo Ucha, con la inacción del Concello, aún no quedó visto para sentencia en su segunda jornada. Las partes deberán presentar las conclusiones por escrito a lo largo de los próximos días, pero los letrados esbozaron por dónde atizarán. La demandante tiene de plazo hasta el viernes y los demandados irán después.
María Isabel Toledo Romero de Ávila, la abogada que Barrera, cree que hay pruebas más que suficientes para demostrar que su representada fue víctima de “acoso, menosprecio, humillación y vaciado de funciones”, y que el Concello incumplió la normativa de prevención de riesgos laborales” al no activar el protocolo de acoso. Y añadió que la indemnización que reclama -en total 192.515 euros con 5.000 por daños morales, ya que estuvo de baja por enfermedad entre abril de 2022 y mediados de septiembre de 2023 - está amparada en la normativa de infracciones y sanciones de la jurisdicción social.
José Manuel Rodríguez Díaz, el abogado que representa a Ucha, aprovechó su turno para enfatizar lo contrario, poniendo el acento en que no representa ni al SPPME, un sindicato policial enfrentado a María Barrera, ni a Democracia Ourensana (DO): “Los hechos de humillación atribuidos a mi cliente son falsos y en otros tan siquiera intervino”. A su entender, la reestructuración del cuerpo que impulsó el político iba en busca de mejoras. “Alguien aquí confunde el vaciado de funciones con un pensamiento arraigado de ‘aquí mando yo’”.
Comentario sexista
En su breve alegato, por petición del juez a todas las partes, provocó el malestar de María Barrera y otras mujeres del público de la sala de vistas por un comentario sobre las reticencias de la jefa policial a la hora de llevar el mismo uniforme que el resto de la plantilla. “A lo mejor es porque creía que el suyo le sentaba mejor”, exclamó.
Al margen de las anécdotas de la jornada, en la sesión de ayer los testigos propuestos por el exconcejal contribuyeron a “blanquear” su gestión al frente de la Policía Local.
El delegado del SPPME, el policía Bautista Rodríguez, aseguró que hay un antes y un después” en el funcionamiento del cuerpo. Pero lo atribuyó a “los mandos” que la sucedieron no a Ucha. Admitió que el Concello gasta más dinero en horas extra con el nuevo cuadrante al que se oponía la jefa policial -los agentes realizan turnos de 12 horas seguidas, trabajando tres días y cinco de descanso-, pero es “para hacer frente al botellón y peleas de los fines de semana”. Ahora bien, también se recauda más La Policía Local genera más ingresos, porque en 2022 hubo más actuaciones por delitos, pero también más sanciones administrativas, sobre todo por alcoholemias positivas. Ya en la primera sesión del juicio, el abogado Rodríguez Díaz echó mano de los balances anuales para presumir de gestión: las alcoholemias positivas no delictivas pasaron de las 239 de 2021 (cuando estaba Barrera) a las 719 de 2022 (época de la baja laboral). Las que llegaron al juzgado (por delito contra la seguridad vial): 111 frente a 152 en 2022. “Hemos mejorado en seguridad, efectividad y el clima laboral es totalmente distinto”, aseguró el delegado sindical. Y sacó pecho: “Ahora superamos a plantillas que nos duplican en efectivos”.
Miguel Lorenzo, el que fuera asesor de DO a propuesta de Ucha para temas de seguridad ciudadana entre noviembre de 2021 y abril de 2022, asegura que fue él quien aconsejó al exedil “grabar todas las conversaciones para que no se pudieran manipular”. Para protegerse -detalló- de María Barrera y “el comodín de me lo dices por ser mujer” o de otros interlocutores que entraban al despacho y podían filtrar información tergiversada a la prensa”. “Se lo recomendé por seguridad jurídica”, precisó. El concejal se lo tomó a pies juntillas e incluso fue más allá y grababa las conversaciones en la calle.
Los testigos del Concello no añadieron leña al fuego. Francisco Cacharro, designado como coordinador general de la Administración municipal por el alcalde, Gonzalo Párez Jácome, en julio de 2020, admitió que los turnos de 12 horas no le convencían, pero fue la mesa de negociación colectiva la que le trasladó la propuesta para evaluar su legalidad. No recuerda menosprecios a María y, aunque Telmo pudo cesarla por pédida de confianza, al ser un puesto de libre designación, no lo hizo.
La oficiala mayor, Silvia Alonso, levantó acta de la ocupación y vaciado del despacho de la intendente jefa cuando presentó la baja -sin saber cuántos días estaría indispuesta, recordó la abogada-. Hubo -dijo Alonso- que reventar el bombillo de la cerradura porque no había llaves.
