Juicio | Un asesor dice que recomendó a Ucha grabar todas las conversaciones por "seguridad jurídica"

El juicio en el Juzgado Social 1 de Ourense por acoso laboral a la intendente jefe de la Policía Local, María Barrera, por parte del ex edil de DO Telmo Ucha, con la inacción del Concello, aún no quedó visto para sentencia en su segunda jornada.

Las partes deberán presentar las conclusiones por escrito a lo largo de los próximos días, pero los letrados ya esbozaron por dónde tirarán. La letrada de Barrera dice que quedó demostrado que fue víctima de “actos de menosprecio y humillación” y que se incumplió la normativa de prevención de riesgos laborales al no activarse el protocolo contra el acoso.

Sobre las reticencias de la jefa policial a llevar el mismo uniforme que el resto de la plantilla, "a lo mejor es porque creía que el suyo le sentaba mejor"

El abogado que representa a Ucha aprovechó su turno para recalcar lo contrario: “Los hechos de humillación atribuidos a mi cliente son falsos y en otros tan siquiera intervino”.

En su breve alegato, por petición del juez a todas las partes, provocó el malestar de María Barrera y otras mujeres del público por un comentario machista cuando aseguró que las reticencias de la jefa policial a llevar el mismo uniforme del resto de la plantilla “a lo mejor es porque creía que el suyo le sentaba mejor”.

Al margen de las anécdotas de la jornada, en la sesión de este viernes los testigos contribuyeron a “blanquear” al ex concejal demandado.

Un antes y un después, para Bautista Rodríguez

El delegado del SPPME, Bautista Rodriguez, aseguró que hay un antes y un después” en el funcionamiento de la Policía Local desde que la intendente estuvo de baja, entre abril de 2022 y mediados se septiembre de este año. Pero lo atribuyó a “los mandos”, no a Ucha.

También admitió que el Concello gasta más dinero en horas extra pero es “para hacer frente al botellón y peleas de los fines de semana”. Pero recalcó que también la Policía genera más ingresos porque en 2022 hubo más actuaciones por delitos y también más sanciones administrativas.

Miguel Lorenzo, el que fuera asesor de DO para temas de seguridad ciudadana entre noviembre de 2021 y abril de 2022, asegura que fue él quien aconsejó a Ucha grabar todas las conversaciones “para que no se pudieran manipular” por si alguno de los interlocutores filtraba "información tergiversada" a la prensa. “Se lo recomendé por seguridad jurídica”, precisó.