El AVE directo Vigo-Ourense se planteó hace ahora diez años: en mayo de 2003, Alberto Núñez Feijóo, entonces vicepresidente de la Xunta, pidió a Fomento, con Álvarez Cascos al frente, un estudio sobre una línea directa de Vigo a Ourense sin pasar por Santiago.
Y el ministro accedió a realizar un estudio informativo. Una década más tarde y tras varios anuncios con fechas concretas de finalización de las obras -2012 y 2013, según Magdalena Álvarez, Zapatero y Abel Caballero en varias ocasiones- toda la tramitación administrativa ha vuelto a la casilla de salida para su inicio desde cero tras la decisión de Ana Pastor de reiniciar el proceso de impacto ambiental.
En diez años se han movido papeles pero no se ha aprobado ni una sola obra, ni siquiera se ha consignado la redacción del proyecto en los presupuestos. En realidad, no hay nada, salvo que el trayecto costaría entre 1.458 millones de euros y 2.000 millones y que permitiría unir ambas ciudades en 30 minutos, quizá menos. La alternativa, dar la vuelta por Santiago (una hora como mínimo) o continuar por la vieja línea del Miño, que lleva hora y media, aunque UGT considera que con su modernización podría reducirse la duración a 60 minutos. Por su parte, especialistas en ferrocarriles, como Xosé Carlos Fernández, mantienen que el Gobierno nunca hará dicha conexión porque el gasto resulta muy alto para un ahorro de media hora.
LA FECHA
La última fecha apuntada para la construcción de este tramo, clave para que Vigo pueda estar unido con Madrid en menos de tres horas por ferrocarril, es 2018, según indicó de forma oficial el secretario de Estado de Fomento, Rafael Catalá, esta pasada semana en un debate en el Senado. No obstante, hizo hincapié en que se trata de un plazo dado por extensión: en 2018 tendría que llegar el AVE de Madrid a Galicia, para conectar con la línea Ourense-Santiago-Coruña, en funcionamiento, y con la Ourense-Pontevedra-Vigo, donde está todo por hacer y donde los retrasos y los incumplimientos se han ido acumulando.
La última respuesta oficial del Ministerio de Fomento fue críptica: en octubre de 2011, durante la elaboración del proyecto básico de la línea de alta velocidad, el Ministerio de Medio Ambiente informó que se había decidido someter esta actuación a un nuevo procedimiento de evaluación ambiental y que actualmente se está elaborando la documentación necesaria para realizar una nueva información pública. El departamento estatal recordó que la emisión de declaración de impacto ambiental es condición preceptiva para licitar y adjudicar los proyectos constructivos, que por tanto, no se podrán iniciar obras en tanto no finalice esta tramitación.
La diputada socialista viguesa Carmela Silva consideró cuando menos sorprendente que durante un año y medio lo único que se haya hecho sea mover dos o tres papeles entre dos Ministerios'. En octubre de 2011 Fomento propuso modificaciones al estudio informativo, Medio Ambiente tardó seis meses para decidir que sometía la actuación a una nueva evaluación ambiental y ahora, un año más tarde, Fomento dice que está elaborando documentación para una nueva información pública.
En diez años se han movido papeles pero no se ha aprobado ni una sola obra, ni siquiera se ha consignado la redacción del proyecto en los presupuestos. En realidad, no hay nada, salvo que el trayecto costaría entre 1.458 millones de euros y 2.000 millones y que permitiría unir ambas ciudades en 30 minutos, quizá menos. La alternativa, dar la vuelta por Santiago (una hora como mínimo) o continuar por la vieja línea del Miño, que lleva hora y media, aunque UGT considera que con su modernización podría reducirse la duración a 60 minutos. Por su parte, especialistas en ferrocarriles, como Xosé Carlos Fernández, mantienen que el Gobierno nunca hará dicha conexión porque el gasto resulta muy alto para un ahorro de media hora.
LA FECHA
La última fecha apuntada para la construcción de este tramo, clave para que Vigo pueda estar unido con Madrid en menos de tres horas por ferrocarril, es 2018, según indicó de forma oficial el secretario de Estado de Fomento, Rafael Catalá, esta pasada semana en un debate en el Senado. No obstante, hizo hincapié en que se trata de un plazo dado por extensión: en 2018 tendría que llegar el AVE de Madrid a Galicia, para conectar con la línea Ourense-Santiago-Coruña, en funcionamiento, y con la Ourense-Pontevedra-Vigo, donde está todo por hacer y donde los retrasos y los incumplimientos se han ido acumulando.
La última respuesta oficial del Ministerio de Fomento fue críptica: en octubre de 2011, durante la elaboración del proyecto básico de la línea de alta velocidad, el Ministerio de Medio Ambiente informó que se había decidido someter esta actuación a un nuevo procedimiento de evaluación ambiental y que actualmente se está elaborando la documentación necesaria para realizar una nueva información pública. El departamento estatal recordó que la emisión de declaración de impacto ambiental es condición preceptiva para licitar y adjudicar los proyectos constructivos, que por tanto, no se podrán iniciar obras en tanto no finalice esta tramitación.
La diputada socialista viguesa Carmela Silva consideró cuando menos sorprendente que durante un año y medio lo único que se haya hecho sea mover dos o tres papeles entre dos Ministerios'. En octubre de 2011 Fomento propuso modificaciones al estudio informativo, Medio Ambiente tardó seis meses para decidir que sometía la actuación a una nueva evaluación ambiental y ahora, un año más tarde, Fomento dice que está elaborando documentación para una nueva información pública.
