El Concello de Ourense ha tramitado la legalización de viviendas y garajes, como mandó el TSXG

Una compensación de 350.000 euros permite evitar el derribo de la plaza de San Antonio

Urbanización de la plaza de San Antonio, sobre la que pendía una orden judicial de derribo.
La Concejalía de Urbanismo ha concedido a los más de 60 vecinos de la plaza de San Antonio las licencias de obra, ocupación y apertura de sus viviendas, cumpliendo así las condiciones requeridas por el Tribunal Superior para evitar el derribo impuesto hace cuatro años. El Concello acordó con la vecina demandante una responsabilidad patrimonial de más de 350.000 euros, teniendo en cuenta que el derribo de la urbanización contaría con un coste de más de 30 millones de euros, según la edil Áurea Soto.

Miguel Ángel

OURENSE

Las viviendas, comercios y el aparcamiento de la plaza de San Antonio ya son legales, a tenor de la concesión de las respectivas licencias de obra, ocupación y apertura que ha comenzado a notificar la Concejalía de Urbanismo de Ourense. Esta medida responde a las condiciones requeridas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para evitar el derribo de este área, tal y como dictaba un auto del Alto Tribunal gallego en 2004. Por ello, el Concello de Ourense solicitó esta semana la inejecución definitiva de esta sentencia de derribo.

Así, desde Urbanismo se desarrolló durante los últimos meses una intensa labor técnica, jurídica y administrativa que, combinada con el diálogo con las partes afectadas, ha culminado con la legalización de los inmuebles de 60 familias. La concejal responsable, la socialista Áurea Soto, explica que tras la interpretación técnica y jurídica del conflicto (abierto desde hace una década por la denuncia de una particular), trataron de acordar con la demandante una solución, que se materializó en una responsabilidad patrimonial del Concello por valor de más de 350.000 euros (pese a que la denunciante solicitaba una mayor cantidad, pero que no formalizó por escrito). Una cantidad que contrasta con el coste estimado en el derribo ordenado por los tribunales, que la edil cifra en más de 30 millones de euros. Soto matiza que la resolución del conflicto ’dependía de aplicar a debida von tade política’, posibilitando así que los vecinos ’poidan durmir sen temer que a piqueta de derribo penda sobre eles’.

Optimismo Tal y como manifestaron fuentes municipales, una vez conocida la notificación que da cobertura legal a los edificios de la plaza de San Antonio, los representantes vecinales acogieron la noticia ’con alivio e optimismo’, después de pasar diez años sin vislumbrar una solución a este conflicto urbanístico.


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