La ausencia de ofertas privadas ha impedido sacar provecho a inversiones millonarias como la del mercado de A Ponte
El Concello de Ourense ha declarado desiertos más de una veintena de concursos públicos desde el comienzo de este año, procedimientos que no han encontrado el respaldo de la iniciativa privada para ponerse en marcha. En repetidas ocasiones, tanto el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, como varios concejales del gobierno local achacan esta situación al endurecimiento del seguimiento a las concesiones para evitar incumplimientos, así como las exigencias jurídicas y económicas.
De esta larga lista de concursos, 18 están relacionadas con los arrendamientos de inmuebles para las distintas asociaciones de vecinos de la ciudad -Rabo de Galo, A Cuña, As Burgas o Loureiro, entre otras-. Estos procedimientos buscan facilitar a los colectivos vecinales un local para sus actividades y promocionar la participación.
Sin embargo, proyectos importantes para la ciudad como la Praza de Abastos de A Ponte o la gestión de cafeterías como el Parque Miño, que deberían suponer un ingreso extra para las arcas municipales, tampoco han encontrado el respaldo empresarial. En esta misma situación se encuentra la explotación de la red wifi.
Asimismo, salvo sorpresa de última hora, con alguna propuesta que haya sido enviada por correo ordinario -el plazo terminó el 4 de julio-, tampoco existe interés por el concurso de limpieza de los centros educativos municipales, una de las concesiones polémicas de los últimos meses, prestada por Linorsa.
Algunos de estos concursos fallidos, como el del mercado de A Ponte, se ha convertido en la justificación para el intercambio de reproches y acusaciones entre gobierno local y oposición. El inmueble, en el que se invirtieron más de dos millones de euros para su reforma, permanece cerrado desde la conclusión de las obras, en enero de 2015. Entre las causas esgrimidas por el alcalde de Ourense destacó el elevado canon anual -más de 52.000 euros-, que se convirtió en un obstáculo insalvable. El precio -5.945 euros por cada año de alquiler- también fue un factor determinante en el caso del Parque Miño. "Ás veces, desde a oposición faise moita demagoxia a este respecto, esíxense moitas cousas e logo non hai interese da iniciativa privada", destacó Jesús Vázquez.
Nuevos intentos
En el caso de los arrendamientos de locales para asociaciones de vecinos, el gobierno local ha reactivado en varios casos el procedimiento administrativo para tratar de encontrar una solución. Sin embargo, en las concesiones de mayor calado todavía no se ha buscado una segunda oportunidad.
En el caso de la Praza de Abastos de A Ponte, el gobierno municipal baraja dos alternativas, entre las que elegirá una a finales de este mes. La primera pasa por repetir el modelo de gestión integral y rebajar el canon hasta los 45.000 euros, mientras que la alternativa es apostar por el alquiler individual de cada uno de los ocho puestos de los que consta el mercado.
En lo que respecta a la red wifi de la ciudad, una instalación que costó algo más de un millón de euros en 2011, tiene una salida más complicada, ya que el paso de los años ha dejado obsoleta la tecnología. Pese a esto, la Concejalía de Servizos Xerais trabaja para buscar una alternativa, consciente de la dificultad de encontrar algún interesado.
Los mupis y otros seis contratos, en tramitación
Si dos docenas de concursos públicos han quedado desiertos, siete procedimientos se encuentran actualmente en distintas fases de tramitación. Estos son la gestión de los mupis, la ayuda en el hogar, la teleasistencia domiciliaria, la señalización horizontal, la banda de música, el mantenimiento de las zonas verdes o la limpieza de las dependencias municipales.
Un concurso que está dando que hablar es el de los mupis. En marzo, la mesa de Contratación abría las propuestas económicas de las tres empresas que se habían presentado para gestionar la publicidad en el mobiliario urbano de la ciudad. La mejor oferta la realizó Inca, una empresa asturiana, pero los reparos de las otras dos compañías obligaron a examinar con lupa toda la documentación, concluyendo hace tres semanas que no cumplía los requisitos de solvencia técnica. Ahora, el Concello ha requerido todos los informes a la segunda empresa y los está estudiando.
Un caso especial es el concurso de limpieza de dependencias municipales, que una sentencia judicial obligó hace unas semanas a retrotraer al año 2012 al comprobar irregularidades pese a que la concesión ya ha finalizado. La junta de gobierno local aprobaba ayer la modificación de la mesa de contratación para cumplir los pasos dictados en la sentencia.
