El Defensor del Pueblo, institución que dirige María Luisa Cava, advirtió que 'desde el comienzo de la actividad de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (junio de 2008) hay un déficit de personal en su plantilla, lo que motiva que no siempre se puedan desarrollar eficazmente las distintas competencias'. El registro de salida del escrito está datado a día 16 de febrero de este año y responde a una queja formal de la asociación ecologista Adega por hallar errores de gestión en la tramitación de cinco expedientes sancionadores.
Cava también reconoce que esta falta de recursos humanos en el organismo de cuenca 'produce retrasos en determinados momentos', pero en todo caso, añade que 'se está realizando el máximo esfuerzo por parte de todo el personal para responder con la mayor prontitud a todas las necesidades'. Desde la organización comarcal de Adega, apuntan que este 'déficit' al que alude el Defensor del Pueblo se produce también en la dotación de medios materiales, lo que motivaría perjuicios en las investigaciones a la hora de 'identificar ós causantes'. Un punto al que recurre la propia Cava para explicar la imposibilidad de 'incoar expediente sancionador' en una serie de delitos contra el medio ambiente en la provincia, principalmente, sobre el río Barbaña.
En un segundo escrito del Defensor del Pueblo, éste con fecha de salida registrada el 17 de febrero de 2012, Cava concluye: 'Esta Defensoría no encuentra que la administración haya incurrido en irregularidades que deban ser objeto de pronunciamiento, pues no son irregularidades invalidantes', en referencia a la escasa identificación de los causantes de delitos ambientales. Sin embargo, seguidamente, añade que 'sí deben, por supuesto, evitarse los errores de gestión'.
A pesar de esta manifiesta falta de recursos humanos y materiales, el nuevo presidente de la Confederación, Francisco Marín, dejó entrever que los recortes públicos en las administraciones también podrían llegar a este organismo 'porque debido a la crisis económica está todo abierto'.
El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, también se pronunció, en su caso en contra de la paralización de la construcción de la nueva sede del organismo: 'Débense repensar certas cousas, pero non parar todo, senón priorizar'.
En un segundo escrito del Defensor del Pueblo, éste con fecha de salida registrada el 17 de febrero de 2012, Cava concluye: 'Esta Defensoría no encuentra que la administración haya incurrido en irregularidades que deban ser objeto de pronunciamiento, pues no son irregularidades invalidantes', en referencia a la escasa identificación de los causantes de delitos ambientales. Sin embargo, seguidamente, añade que 'sí deben, por supuesto, evitarse los errores de gestión'.
A pesar de esta manifiesta falta de recursos humanos y materiales, el nuevo presidente de la Confederación, Francisco Marín, dejó entrever que los recortes públicos en las administraciones también podrían llegar a este organismo 'porque debido a la crisis económica está todo abierto'.
El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, también se pronunció, en su caso en contra de la paralización de la construcción de la nueva sede del organismo: 'Débense repensar certas cousas, pero non parar todo, senón priorizar'.
