Tras la polémica suscitada por la contratación de conserjes para los centros cívicos de la ciudad, el Concello tiene en marcha un procedimiento abierto para contratar el servicio de conserjería 'y otros servicios de naturaleza polivalente' para el funcionamiento de estos locales, ubicados en la rúa Colón, A Ponte, Seixalbo, As Termas (Praza 200) y A Cuña. El contrato tendrá un año de duración, aunque prorrogable en otro más, y tiene un presupuesto de licitación de 171.637 euros anuales.
Según el pliego de condiciones, el objeto del contrato comprenderá desde la apertura y cierre de las instalaciones al control del acceso, pasando por la información al público, la atención de la centralita telefónica y, en general, de aquellas que sean encomendadas por el coordinador municipal del servicio. La empresa adjudicataria de este servicio será la encargada de asumir los costes de personal, así como de encargarse de sustituciones y otras cuestiones derivadas de esta cuestión.
El plazo para que las empresas presenten sus ofertas finalizará el próximo 25 de octubre. Según consta en los pliegos de condiciones del contrato, el criterio que se tendrá en cuenta para la adjudicación del servicio es el precio, que puede reducir el presupuesto de licitación.
CONTRATOS
La decisión de la Concejalía de Benestar Social de contratar una empresa que se encargue de la conserjería de los centros cívicos se produjo después de que fueran denunciados los contratos directos efectuados por el Concello y que fueron anulados por la Justicia por exceder los casos excepcionales contemplados en la legislación estatal que limita la contratación por parte de las administraciones.
El plazo para que las empresas presenten sus ofertas finalizará el próximo 25 de octubre. Según consta en los pliegos de condiciones del contrato, el criterio que se tendrá en cuenta para la adjudicación del servicio es el precio, que puede reducir el presupuesto de licitación.
CONTRATOS
La decisión de la Concejalía de Benestar Social de contratar una empresa que se encargue de la conserjería de los centros cívicos se produjo después de que fueran denunciados los contratos directos efectuados por el Concello y que fueron anulados por la Justicia por exceder los casos excepcionales contemplados en la legislación estatal que limita la contratación por parte de las administraciones.
