La supuesta estafa perpetrada a través de la fundación sin ánimo de lucro Fonte, con al menos 20 inmigrantes damnificados.
Ocho años después de instruirse las primeras diligencias llega a juicio la supuesta estafa perpetrada a través de la fundación sin ánimo de lucro Fonte, con sede en la calle Progreso de la ciudad, con al menos 20 inmigrantes damnificados. El Juzgado de lo Penal 1 acoge hoy la primera sesión de un juicio que durará toda la semana y en el que figuran como acusadas cuatro personas vinculadas a la fundación: M.V. V.S., L. M.T.M., M.J. V.S. y E. L.C., para quienes la fiscal reclama tres años de prisión para cada uno de ellos y penas multa (12 meses con cuota diaria de 12 euros), además de la devolución del dinero que las víctimas les confiaron para que resolvieran sus trámites de legalización, por delitos de estafa continuada y falsedad documental.
La fiscal dice que actuaron de mutuo acuerdo, aprovechando el respaldo que les proporcionaba la fundación", para captar extranjeros que acudían en busca de ayuda con la que resolver trámites propios o de sus familiares. Según se recoge en el escrito de acusación, el presidente hacía creer a las víctimas que era asistente social o, en otras ocasiones, abogado. Presuntamente les prometía que resolverían su situación a cambio de pagos de entre 100 y 2.000 euros, según las posibilidades económicas de los perjudicados.
Una vez entregadas las cantidades, el presidente, dice la acusación pública, elaboraba con apariencia de credibilidad diversos documentos (certificados de empadronamiento, informes de inserción social o de arraigo). Los interesados acudían a la Subdelegación del Gobierno con esos papeles a realizar sus trámites, desconociendo según la Fiscalía, que habían sufrido un engaño. Al ver las anomalías, los trabajadores públicos rechazaban las solicitudes.
Los encausados niegan los hechos. M.V.V.S. dice que en los locales donde se practicó el registro operaba la fundación Fonte, que siempre actuó sin ánimo de lucro, pero también una empresa de servicios sociales en la que él "cobraba por prestar servicios como en cualquier otra profesión liberal". En cuanto a los documentos falsos, dice que los incautados por la Policía en los registros fueron aportados por los propiosextranjeros.
