La familia del empresario Guillermo Collarte, desaparecido en Valença do Minho en octubre de 1999, expuso ante la sala de la Audiencia provincial los argumentos por lo que considera debe ser corregida la sentencia de la jueza de lo Penal 1 que exoneró a un ex socio del empresario en Portugal, Jose Lopes Rodrigues, de un delito continuado de amenazas de muerte a la hija del industrial, entre julio de 2002 y marzo de 2003.
La apelación también pretende una mayor condena para el único condenado en este proceso, Victor Manuel Dias Pereira Barreto (hasta tres años y nueve meses de prisión) y una pena de un año y tres meses para Joao Fernandes Mateu en calidad de cómplice -este último también resultó absuelto en primera instancia-.Por su parte, el único condenado recurrió porque considera que el delito está prescrito.
El fiscal se mostró partidario de mantener los términos de la sentencia objeto de apelación. Para la Acusación Pública existen 'fundadas sospechas' de que Lopes Rodrigues -la última persona que vio con vida a Guillermo Collarte antes de desaparecer- está tras la amenazas de muerte que recibió la hija, exigiéndole el pago de 1.200 euros ('200 millones de pesetas'). Ahora bien, según el fiscal, 'no hay pruebas directas que lo imputen'. La familia, por contra, señaló con el dedo acusatorio hacia Lopes como el principal instigador de la trama de amenazas, sacando a colación en varios momentos de la vista su procesamiento en Portugal por la desaparición del empresario en 1999. La acusación particular cree que la persona que llamó a Berta Collarte por teléfono -el ya condenado Victor Manuel Dias Pereira y una persona con acento sudamericano- le dieron a entender que eran los mismos -'una poderosa organización internacional', según se autodenominaron- que habían protagonizado el primer secuestro que sufrió el empresario en Patos (Pontevedra) en 1998. Esos mismos interlocutores eran conocedores de los apelativos cariñosos con los que Collarte llamaba a sus hijos así como el dinero recibido través de una venta de acciones que, según la hija, sólo podía saberlos por una persona cercana al círculo de su padre, esto es, Jose Lopes.
Otro de los indicios incriminatorios, según la acusación particular, sería la conversación que Fernandes Mateu mantuvo en la cárcel con Berta Collarte y en la que le dice que cree que 'Jose Lopes fue quien le dijo a Víctor que realizase las llamadas'. Pero también sacó a colación la investigación realizada en Portugal. En la vista de ayer, declaró el jefe de la Policía Judicial de Porto, quien explicó que en el sumario por la desaparición en el país vecino -pendiente aún de juicio- la investigación se centró en un primer momento en Jose Lopes, quien les condujo a los otros dos imputados. Para este mando policial, las indicaciones partieron del socio de Collarte (éste les entregó la tarjeta prepago desde donde se realizaron las últimas amenazas). Además, aseguró ante los magistrados que hubo un pago sospechoso de 800.000 escudos por parte de Lopes a Fernandes Mateu.
Por último, el que fuera socio del empresario, que se negó a declarar, aprovechó su última intervención de cierre del juicio para explicar al tribunal que Fernandes Mateu lo incriminó ante la Policía y durante la instrucción sumarial (en el juicio se negó a declarar) para salir bien parado en el sumario por el secuestro, ya que allí sólo figura como testigo cuando los otros dos encausados aparecen como imputados.
El fiscal se mostró partidario de mantener los términos de la sentencia objeto de apelación. Para la Acusación Pública existen 'fundadas sospechas' de que Lopes Rodrigues -la última persona que vio con vida a Guillermo Collarte antes de desaparecer- está tras la amenazas de muerte que recibió la hija, exigiéndole el pago de 1.200 euros ('200 millones de pesetas'). Ahora bien, según el fiscal, 'no hay pruebas directas que lo imputen'. La familia, por contra, señaló con el dedo acusatorio hacia Lopes como el principal instigador de la trama de amenazas, sacando a colación en varios momentos de la vista su procesamiento en Portugal por la desaparición del empresario en 1999. La acusación particular cree que la persona que llamó a Berta Collarte por teléfono -el ya condenado Victor Manuel Dias Pereira y una persona con acento sudamericano- le dieron a entender que eran los mismos -'una poderosa organización internacional', según se autodenominaron- que habían protagonizado el primer secuestro que sufrió el empresario en Patos (Pontevedra) en 1998. Esos mismos interlocutores eran conocedores de los apelativos cariñosos con los que Collarte llamaba a sus hijos así como el dinero recibido través de una venta de acciones que, según la hija, sólo podía saberlos por una persona cercana al círculo de su padre, esto es, Jose Lopes.
Otro de los indicios incriminatorios, según la acusación particular, sería la conversación que Fernandes Mateu mantuvo en la cárcel con Berta Collarte y en la que le dice que cree que 'Jose Lopes fue quien le dijo a Víctor que realizase las llamadas'. Pero también sacó a colación la investigación realizada en Portugal. En la vista de ayer, declaró el jefe de la Policía Judicial de Porto, quien explicó que en el sumario por la desaparición en el país vecino -pendiente aún de juicio- la investigación se centró en un primer momento en Jose Lopes, quien les condujo a los otros dos imputados. Para este mando policial, las indicaciones partieron del socio de Collarte (éste les entregó la tarjeta prepago desde donde se realizaron las últimas amenazas). Además, aseguró ante los magistrados que hubo un pago sospechoso de 800.000 escudos por parte de Lopes a Fernandes Mateu.
Por último, el que fuera socio del empresario, que se negó a declarar, aprovechó su última intervención de cierre del juicio para explicar al tribunal que Fernandes Mateu lo incriminó ante la Policía y durante la instrucción sumarial (en el juicio se negó a declarar) para salir bien parado en el sumario por el secuestro, ya que allí sólo figura como testigo cuando los otros dos encausados aparecen como imputados.
