Florentino Delgado reprueba las manifestaciones realizadas por ese letrado en el caso Baltar
El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado Ayuso, no ha querido dejar pasar la crítica del letrado de Democracia Ourensana, Miguel Caride, referida a la actuación del ministerio público en el asunto que llevó el martes al presidente de la Diputación, Manuel Baltar, y a Teresa Fernández, la mujer que lo denunció, como investigados ante la jueza de Instrucción 3.
Caride, tras las declaraciones de los imputados, aseguró que la presencia de DO en el proceso garantizaba una acusación por cohecho o tráfico de influencias contra el presidente de la Diputación porque, según él, en este proceso "el fiscal ejerce como defensa de Baltar".
Pero Delgado cree que Caride, en calidad de "alter ego" o "antiguo voceiro" de Democracia Ourensana, se está dedicando "a hacer política en los juzgados". El fiscal jefe recuerda que los juzgados tienen otra finalidad bien distinta: "Ofrecer un servicio público de calidad y lo mejor posible a los ciudadanos".
Sin embargo, para el máximo responsable de la Fiscalía en Ourense, el letrado de DO hizo política tras su comparecencia ante los medios, recordándole que "la política se hace en los concellos o los ámbitos que le son propios, pero nunca en los juzgados".
En el procedimiento seguido contra Baltar y Teresa Fernández por cohecho/tráfico de influencias DO se personó como acusación popular tras prestar un fianza de 9.000 euros. La admisión de DO como acusación fue cuestionada por el abogado de Manuel Baltar el día de las citaciones, si bien la jueza instructora rechazó los argumentos esgrimidos.
El ministerio fiscal archivó las diligencias informativas abiertas a raíz de la denuncia presentada en noviembre de 2015 por Teresa Fernández contra Baltar, acusándolo de acoso por ofrecerle un puesto de trabajo a cambio de una relación sexual. El propio Delgado tomó declaración a la mujer y analizó una serie de grabaciones que aportó y diversos mensajes que había recibido en sus números telefónicos, pero concluyó que no existían en dichas pruebas "expresión o manifestación meridianamente clara sobre la vinculación entre una supuesta relación sexual con la promesa de trabajo por parte del denunciado", resaltando el hecho de que la contratación nunca llegó a producirse.
