Parálisis versus normalidad y división frente a unidad son los binomios en los que, según se pregunte a oposición o gobierno, se mueve la situación política de la ciudad desde que hace seis meses el socialista Agustín Fernández tomara posesión como alcalde de un ejecutivo en minoría después de que la operación Pokemon hiciese saltar por los aires el pacto con el BNG y la propia composición del grupo socialista. En lo que coinciden unos y otros, gobierno y oposición, es en la judicialización de la política municipal desde entonces.
Tras la detención del exalcalde, el socialista Francisco Rodríguez, y del exconcejal nacionalista Fernando Varela, el gobierno ha tenido que hacer frente a que dos de sus ediles -Marga Martín y Áurea Soto, primera y segunda teniente de alcalde de la ciudad, respectivamente- tuviesen que declarar ante el juez en calidad de imputadas. En el caso de la edil de Urbanismo, el juez ya ha archivado uno de los dos asuntos a los que se enfrenta.
Esta situación judicial -que se prolonga en la denuncia en el TSXG, por el PP, de varios contratos de personal- ha propiciado numerosos desencuentros entre gobierno y oposición, principalmente en los plenos, aunque fue también el desencadenante del plante realizado ante la Alcaldía por el portavoz del PP, Rosendo Fernández, el pasado febrero, con el que pretendía forzar una reunión con el regidor. El gesto del popular escenificaba con ello un argumento, que el gobierno local no había logrado uno de los objetivos que se había marcado en su toma de posesión: rebajar la tensión entre los grupos políticos.
La Corporación tampoco ha sido capaz de adoptar una postura unánime con respecto a la integración del AVE en la ciudad, a pesar de que todos los grupos lo consideran uno de los proyectos estratégicos de Ourense. La postura del gobierno municipal quedaba patente ya en la denominada 'Declaración das Burgas', una propuesta lanzada por el alcalde -y rechazada por la oposición- en el primer pleno de debate sobre el estado de la ciudad para reivindicar varios proyectos, entre ellos, el del AVE. Sólo hubo unanimidad en expropiar el terreno del área de futuro desarrollo termal de As Burgas.
Pero al margen de las tensiones con la oposición, el gobierno socialista se enfrenta también a sus propias discrepancias internas, que quedaron especialmente de relevancia tras la detención del exalcalde y que se reflejan en la ausencia de una de las concejalas, María Devesa, de las juntas de gobierno. El regidor niega tal división que, para la oposición, es la causa de que, cuatro meses después de que empezase el año, el Concello no disponga aún de presupuestos de 2013. Y debe buscar apoyos en la oposición para sacar adelante su nuevo Plan de Urbanismo.
En el área de Personal, se vivió cierta tensión por el pago de pluses a los funcionarios ante las dudas sobre su legalidad, lo que ha llevado a revisar de oficio el acuerdo regulador. La aprobación del convenio, ratificada por todos los sindicatos menos uno (CSIF), fue puesta en duda tanto por el PP como por DO, artífice, precisamente de que el caso de la ayuda a domicilio, en el que está personada, llegase a los jueces. Su afán por dirimir en los tribunales las diferencias con el grupo de gobierno la llevaron también a denunciar la regularización de la plaza de San Antonio (aunque no se personó para no pagar las tasas), en este caso para satisfacción del promotor Bautista Rodríguez.
Esta situación judicial -que se prolonga en la denuncia en el TSXG, por el PP, de varios contratos de personal- ha propiciado numerosos desencuentros entre gobierno y oposición, principalmente en los plenos, aunque fue también el desencadenante del plante realizado ante la Alcaldía por el portavoz del PP, Rosendo Fernández, el pasado febrero, con el que pretendía forzar una reunión con el regidor. El gesto del popular escenificaba con ello un argumento, que el gobierno local no había logrado uno de los objetivos que se había marcado en su toma de posesión: rebajar la tensión entre los grupos políticos.
La Corporación tampoco ha sido capaz de adoptar una postura unánime con respecto a la integración del AVE en la ciudad, a pesar de que todos los grupos lo consideran uno de los proyectos estratégicos de Ourense. La postura del gobierno municipal quedaba patente ya en la denominada 'Declaración das Burgas', una propuesta lanzada por el alcalde -y rechazada por la oposición- en el primer pleno de debate sobre el estado de la ciudad para reivindicar varios proyectos, entre ellos, el del AVE. Sólo hubo unanimidad en expropiar el terreno del área de futuro desarrollo termal de As Burgas.
Pero al margen de las tensiones con la oposición, el gobierno socialista se enfrenta también a sus propias discrepancias internas, que quedaron especialmente de relevancia tras la detención del exalcalde y que se reflejan en la ausencia de una de las concejalas, María Devesa, de las juntas de gobierno. El regidor niega tal división que, para la oposición, es la causa de que, cuatro meses después de que empezase el año, el Concello no disponga aún de presupuestos de 2013. Y debe buscar apoyos en la oposición para sacar adelante su nuevo Plan de Urbanismo.
En el área de Personal, se vivió cierta tensión por el pago de pluses a los funcionarios ante las dudas sobre su legalidad, lo que ha llevado a revisar de oficio el acuerdo regulador. La aprobación del convenio, ratificada por todos los sindicatos menos uno (CSIF), fue puesta en duda tanto por el PP como por DO, artífice, precisamente de que el caso de la ayuda a domicilio, en el que está personada, llegase a los jueces. Su afán por dirimir en los tribunales las diferencias con el grupo de gobierno la llevaron también a denunciar la regularización de la plaza de San Antonio (aunque no se personó para no pagar las tasas), en este caso para satisfacción del promotor Bautista Rodríguez.
